Unión bancaria y futuro del euro

El debate acerca del euro se ha adormecido. Como si los calores veraniegos hubieran impuesto su ley, la demanda de eurobonos o intervenciones del BCE han dejado paso a una calma chicha. Y ello, a pesar de turbulencias políticas en Portugal y en España, los mercados continúan tranquilos. Cierto que el anuncio del BCE de mantener su política monetaria por un largo periodo de tiempo y el más positivo tono económico en la eurozona y España están ayudando.

Pero creo que los avances en la unión bancaria han contribuido también de forma clara. Este último aspecto es relevante, tanto por el carácter fundacional del nuevo euro que emerge de la crisis como por el dilatado proceso temporal que exige.

En las semanas previas a la última cumbre europea, el Gobierno estaba preocupado por aspectos críticos de la unión bancaria. Guindos defendía, para el caso de liquidación bancaria, una prelación de acreedores que excluyera imposiciones superiores a 100.000 euros; y, además, que el fondo de rescate europeo pudiera recapitalizar directamente a la banca en apuros. Junto a estas propuestas, apoyadas por Italia y Francia, había que añadir la exigencia de un mecanismo de resolución bancario financiado solidariamente. Frente a estas posiciones, la de Alemania no ha había cambiado: cualquier mecanismo que implicase mutualización de riesgos o, directamente, de pérdidas, debería estar precedido de la reforma de los tratados, a lo que Francia respondía negativamente.

Estos son los mimbres con los que se construyó el acuerdo del pasado 28 de junio. Dada la ausencia de avances en las propuestas del sur, podría pensarse que la unión bancaria ha embarrancado. Pero hay que ser cuidadosos en la evaluación de este delicado proceso. Vayamos, pues, por partes.

La cumbre, y el Ecofin unos días antes, estableció un primer gran acuerdo: en caso de necesidades de capital del sistema financiero, se abandona el principio del bailing out por el del bailing in. Es decir, serán los acreedores de los distintos bancos en dificultades los que corran con las pérdidas. Y solo si estas no se pueden absorber, intervendrían los contribuyentes del país donde radicase dicha institución, y solo en última instancia, el fondo de rescate europeo. Sorprende que aquellos que defienden la recapitalización bancaria directa por el fondo de rescate europeo para romper el círculo vicioso deuda pública-rescate financiero no hayan saludado una propuesta de bailing in que se dirige a cercenar dicho vínculo. Al cargar sobre las espaldas de los propietarios del capital, los obligacionistas (júniors o séniors) y los impositores de más de 100.000 euros el rescate de una entidad con problemas, se aligera el peso que ha pivotado, hasta ahora, sobre el sector público en Irlanda o Grecia y, también, en España. Bienvenida sea esta clarificación de responsabilidades, que sin duda tendrá benéficos efectos sobre las deudas públicas de los países con instituciones financieras en apuros, y presionará por un más cuidadoso control de riesgos por los responsables bancarios. Además, que el fondo de rescate aparezca en última instancia introduce un elemento de solidaridad entre países miembros del euro, pero solo cuando los acreedores hayan asumido su responsabilidad.

El segundo aspecto sobre el que se ha avanzado, y que al igual que el anterior precisa de las normativas pertinentes para su plena implementación, afecta al organismo de liquidación de bancos insolventes. A pesar de las tablas en las que se encontraba el juego franco-alemán, la solución también es relevante. Cierto que no se crea un organismo único de supervisión financiado con recursos comunes. Pero se definen con precisión las reglas que cada autoridad nacional debe seguir en los procesos de liquidación, y las dotaciones de recursos que la banca debe cubrir para atender a impositores y reestructurar y liquidar instituciones. Se trata, de nuevo, de crear las condiciones para que sea el sistema bancario el que financie estos procesos, introduciendo otro elemento de presión sobre el comportamiento de sus directivos en relación a los riesgos en los que incurren.

Finalmente, hay que destacar el avance en los acuerdos de junio de 2012. A partir de marzo de 2014, el BCE va a asumir la supervisión de las 200 entidades sistémicas de la eurozona y va a radiografiar sus balances con unos nuevos test de estrés, que parece van a ser sensiblemente más severos que los de 2011. Por ello, no extrañan las quejas que comienzan a elevarse desde Francia e Italia, por las necesidades de capital que dichos ejercicios parece comportarán.

Estos tres aspectos no son el final de la unión bancaria. Ni tan siquiera el principio del final. Pero, parafraseando a Churchill, sí que son el final de su principio. Falta todavía un organismo único de resolución, aunque el embrión ya está formándose. Falta, también, un único sistema de seguro de depósitos, pero también se avanza en este esquema al obligar a todos los países a disponer de los mismos instrumentos. Falta extender la supervisión a todas las instituciones no sistémicas, pero el trabajo importante ya está terminándose.

La unión bancaria, y los pasos que se están dando en su diseño, es el mayor avance en la resolución de la crisis del euro que jamás se haya dado. Y ello porque ataca el centro neurálgico de la misma: la fragmentación financiera del área. Así, emerge como el elemento más sustancial en la redefinición del euro en el que estamos inmersos, junto a la constitución del fondo de rescate y al compact fiscal.

El Gobierno español no ha conseguido lo que deseaba. Pero sería estúpido no valorar, en sus justos términos, los avances obtenidos. A medida que se progresa en este camino, más nos alejamos de la posible ruptura del euro. El futuro de la divisa única parece, cada vez más, asegurado. Por la parte que nos afecta, felicitémonos por ello. Esta calma veraniega también refleja estos notables avances.

Josep Oliver Alonso es Catedrático de economía aplicada y Europeg