"Señor funcionario, eso no me lo dice usted en la calle"

"Eso no me lo dice usted en la calle". Con esta amenaza popular se terminan algunos de los enfrentamientos entre ciudadanos y funcionarios y es que cada vez son más los empleados públicos que sufren una agresión durante el desempeño de su trabajo. Detrás de la mayoría de estas vejaciones se encuentra la crisis y los recortes presupuestarios.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha elaborado un informe sobre esta problemática, que concluye que solo se registran un mínimo de casos de los que realmente se producen, “normalmente las agresiones más graves”. En algunos casos se llegan a dar situaciones límites como la utilización de armas blancas, pero también se propinan golpes, escupitajos, se dedican insultos, descalificaciones y toda clase de amenazas que, según este sindicato, deben contemplarse como situaciones de violencia en el trabajo y abordarse desde un punto de vista preventivo. En este sentido, CSI-F ha anunciado que pondrá en marcha en septiembre un estudio en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE), para conocer los datos de esta situación, ya que los delegados sindicales alertan de que existe una “realidad silenciosa”.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que los funcionarios han sido objeto de una “campaña de desprestigio por parte del Gobierno, responsabilizándoles de la recesión y poniendo en cuestión su labor”, recuerda la representante por CSI-F de la Comisión Técnica de Prevención de la Administración General del Estado, María Ángeles Moore. Además, el servicio de atención al público es “la cara visible de las políticas del Gobierno y es quien decide si eres o no beneficiario de una prestación, lo que va creando un caldo de cultivo adecuado para que en determinados momentos alguien se descontrole”, añade Moore.

Por otro lado, la congelación de la oferta de empleo público y la destrucción de puestos de trabajo han ido mermando las plantillas, lo que contribuye a crear una sobrecarga laboral que afecta de manera negativa a los servicios que reciben los ciudadanos. Es el caso de los servicios públicos de empleo, las sedes judiciales, las jefaturas de Tráfico y las delegaciones de Hacienda, lugares a los que llegan en muchos casos afectados por situaciones personales especialmente graves y pagan su desazón con el funcionario que les atiende, explican desde el sindicato de funcionarios.

“Desde CSI-F hemos estado presionando durante los últimos meses para que se den datos reales de esas agresiones y lo que queremos es que se vea exactamente qué está pasando”, demanda Moore. La Administración se ha comprometido a lanzar un protocolo que haga frente a estas situaciones y saque a la luz el problema.