El Gobierno recurrirá la sanción de Bruselas a los astilleros

El Gobierno ha confirmado ayer una decisión que parecía previsible: el recurso contra la sanción de la Comisión Europea que obliga a los inversores en astilleros a devolver las bonificaciones públicas obtenidas entre 2007 y 2011. En una reunión entre los representantes de las principales CC_AA afectadas, Galicia y Asturias, la patronal de los pequeños astilleros Pymar y los sindicatos, las partes han acordado llevar a cabo el recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo, que podrán realizar hasta el próximo 28 de septiembre, según avanzó el ministro de Industria José Manuel Soria, aunque lo harán “batante antes”.

Soria ha confirmado el “acuerdo de todas las partes” para tomar “la decisión cerrada de recurrir”, pero no para pedir medidas cautelares que invaliden de forma temporal la sanción de Bruselas contra los astilleros. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y su homólogo asturiano Javier Fernández, acudieron a la cita con la petición del recurso, idea también defendida por el lehendakari vasco Íñigo Urkullu, que no asistió a la reunión por “problemas de agenda”. Urkullu no pedía medidas cautelares, algo que sí reclamó Feijóo desde que se conociera la sanción. La decisión está casi descartada, según fuentes cercanas a la reunión.

Proceso largo

El Gobierno tiene hasta el 28 de septiembre para llevar a cabo el recurso, aunque no podrá hacerlo efectivo hasta que la Comisión Europea haga pública la Decisión que avanzó el miércoles de la semana pasada. Esto no sucederá hasta que las partes afectadas acuerden el contenido final del texto, ya que pueden decidir la omisión de algún dato sensible tal como volúmenes de producción o valor de los contratos.

Solo a partir de ese momento, tanto el Ejecutivo como todas las partes que puedan considerarse afectadas podrán recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo, y todavía estarán en disposición de pedir una medida cautelar para anular las devoluciones de las ayudas ilegales por parte de los inversores, si finalmente lo acuerdan. Sin embargo, la concesión de este tipo de medidas es poco habitual en la justicia europea, ya que quienes recurran deberían demostrar que la decisión de Bruselas causa un daño irreparable para el sector. El hecho de que ésta, en principio, castigue a los inversores y no a los astilleros ni a los armadores, y de que exista un marco consensuado entre la Comisión y el Gobierno español para invertir en el sector desde el 1 de enero, hace difícil que las partes puedan utilizar con éxito este argumento.

Además, algunas de las partes afectadas no están del todo convencidas de la conveniencia de pedir medidas cautelares, ya que, dicen, añadiría más inseguridad jurídica al proceso, al anular momentáneamente la sentencia y, por tanto, validar el sistema antiguo de tax lease, cuando ya hay otro en vigor. Esto pondría en el alero los contratos que los astilleros mantienen en negociación. Por ejemplo, el portavoz de la patronal gallega del metal Asime, Enrique Mallón, pidió ayer un proceso rápido para que los inversores “sepan a qué atenerse”, ya que están pendientes de cerrar hasta 16 contratos. Desde Pymar defienden la vía del recurso, pero no la de la medida cautelar, con la misma intención de hacer un proceso lo más rápido y menos traumático posible. De cualquier modo, el caso no ser resolverá con rapidez. Al igual que el Gobierno, los inversores también pueden hacerlo, bien contra la propia decisión de Bruselas, o bien para pedir que se ejecuten las cláusulas que se incluyen en algunos contratos y que indican que, dado un caso como el actual, las devoluciones tengan que correr a cargo de los propios astilleros.

Además, la legislación comunitaria permite el recurso en los tribunales del propio país, aunque los fallos suelen quedar supeditados a Luxemburgo. También podrá recurrir Holanda, que considera insuficiente el castigo dictado por la Comisión Europea. Todo esto llevaría a un proceso de, mínimo, dos años, y que podría alargarse toda vez que el fallo del tribunal de Luxemburgo es recurrible. La petición de las medidas cautelares, de darse, no se resolvería hasta finales de este año. Además, la legislación comunitaria permite el recurso en los tribunales del propio país, aunque los fallos suelen quedar supeditados a Luxemburgo. También podrá recurrir Holanda, que considera insuficiente el castigo dictado por la Comisión Europea. Todo esto llevaría a un proceso de, mínimo, dos años, y que podría alargarse toda vez que el fallo del tribunal de Luxemburgo es recurrible. La petición de las medidas cautelares, de darse, no se resolvería hasta finales de este año.