Incentivos al emprendimiento

La Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, cuyo anteproyecto fue presentado hace escasas semanas, es una de las iniciativas legislativas del Gobierno más esperadas. La formulación de este pilar del programa electoral del PP se ha reclamado insistentemente desde el comienzo de la legislatura. Compartimos su motivación básica: la reactivación económica, requisito para la creación de empleo, precisa del concurso de la iniciativa emprendedora privada, y la Administración debe generar las mejores condiciones para que esta iniciativa prospere. Durante esta larga crisis, la información sobre el saneamiento del sector financiero y el equilibrio de las cuentas públicas ha acaparado los grandes titulares de una realidad que ofrecía otras facetas significativas para los ciudadanos: la destrucción masiva de empresas y de empleo. La restauración de los equilibrios básicos en las finanzas públicas y en el sector financiero es una condición necesaria, pero no suficiente, para retomar el crecimiento económico según un modelo sostenible y acorde a las aspiraciones de nivel de vida de los españoles.

La tipología de condiciones de contexto que un Gobierno puede modelar para potenciar el emprendimiento empresarial es muy variada. Entorno financiero e inversor, fiscalidad, simplicidad administrativa, regulación laboral, incentivos a la innovación e internacionalización, educación y formación, y movilidad internacional forman un marco de actuación tan diverso que, al tiempo que abren múltiples frentes de influencia, dan pie a una Ley compleja y con resonancias legislativa. Aparte de una Ley enfocada sólo a la creación y desarrollo de nuevas empresas, el anteproyecto aborda unas medidas que alcanzan potencialmente a una base mucho más amplia de entidades ya existentes. Que esta ambición sea una fortaleza, y no una debilidad, es algo debatible bajo la perspectiva de la arquitectura legislativa. Es crucial que se pongan los acentos en los aspectos más críticos para el desarrollo de una actividad emprendedora con potencial de crecimiento sostenible y creación de empleo. Así, el autoempleo, fórmula que puede ser parte de la solución, no debería ser por sí mismo la referencia y no debe identificarse con el emprendimiento. Hay que poner el foco en proyectos empresariales con vocación y potencial de crecimiento, de alto valor añadido e, idealmente, con capacidad exportadora.

En nuestra opinión, nuestra economía precisa de un mayor componente industrial, protagonizado por empresas de tamaño medio superior al de nuestra economía actual, altamente innovadoras y con capacidad de exportación, sean nuevas o resultado de la evolución y crecimiento de la base industrial existente. La intensidad del contenido tecnológico y su capacidad innovadora son atributos que aportarían a estas empresas un alto valor añadido, y una competitividad sostenible no basada en bajos costes salariales. Lamentablemente, la evolución reciente de la inversión en I+D+i de los sectores público y privado es negativa. Podría decirse que vamos en sentido contrario al deseado. El apoyo a la innovación debe convertirse en un eje de actuación prioritario para revertir esta tendencia, en particular en la inversión empresarial. La Administración tiene diferentes herramientas, directas e indirectas, para favorecer la actividad innovadora empresarial. Sin olvidar esas otras vías de apoyo (como la demanda temprana), en este artículo nos centramos brevemente en los incentivos fiscales a la innovación recogidos en el Anteproyecto, particularmente relevantes para un sector como el TIC que, representando cerca de un 5% de la economía europea, genera un 25% de la inversión empresarial en I+D.

Las medidas de naturaleza fiscal de apoyo a la innovación del Anteproyecto nos parecen bien orientadas pero innecesariamente recortadas, excesivamente condicionadas y, en algunos casos, de impacto excesivamente dilatado en el tiempo. Si bien los efectos de la inversión en innovación en los negocios no son inmediatos, podrían ser más cercanos los incentivos fiscales propuestos. Así, en el texto se limitan estos incentivos a la inversión innovadora generada a partir de 2013, no hay carácter retroactivo y con ello se posponen las ventajas a futuros ejercicios. Se establece un descuento del 20%, prescindible, sobre las deducciones que no se apliquen en la primera anualidad en que se genere el derecho. Asimismo, los beneficios fiscales se limitan a las empresas generadoras de empleo, objetivo loable pero que no casa con la realidad de múltiples negocios. Precisamente son muchas de esas empresas, que por dificultades financieras están reduciendo empleo, las que más precisan de ayudas para modernizar su propuesta al mercado. Por otro lado, el Anteproyecto exige la existencia de informes motivados de los proyectos innovadores, o un acuerdo previo de valoración de gastos e inversiones, como requisito a los beneficios fiscales. Esta exigencia topa con la realidad de que la disponibilidad de dichos informes motivados se suele demorar unos años y, con ella, el acceso a los incentivos.

Nos parece que estas limitaciones podrían obviarse en buena medida, dentro de un acertado eje incentivador. La apuesta por la inversión innovadora no debe ser coyuntural, pero los beneficios fiscales deberían ser disponibles cuanto antes, en un contexto de asfixia financiera para muchas entidades.

Otro capítulo de incentivos fiscales relevante por su relación con la innovación es el de las rentas procedentes de determinados activos intangibles. Sin entrar en detalles técnicos, nuestra opinión es que una línea de incentivos de nuevo acertada podría mejorarse dando un tratamiento más adecuado a grupos (empresariales) fiscales, de forma que mejorara el atractivo fiscal del país, así como incluyendo los programas informáticos en los activos objetos del incentivo.

Como última reflexión relativa al que podríamos calificar de fenómeno del emprendimiento, un toque de prudencia. Nos adherimos a la idea de que emprendimiento e innovación deben ser protagonistas del modelo de recuperación económica al que España debe orientarse. Afortunadamente, son conceptos cada vez más manejados y usados en entornos en los que no hace mucho era inimaginable. Sin embargo, deberíamos evitar cualquier sobrecalentamiento o burbuja de expectativas sobre actividades de riesgo que merecen todo el apoyo y precisan de grandes dosis de vocación y entusiasmo, sí, pero también de un saber hacer y una experiencia que no se improvisan.

Francisco Marín y Luis F. Álvarez-Gascón son Presidente y Vicepresidente del Área de Actuación de I+D+I de Ametic