El nuevo fondo de rescate bancario no aumentará las aportaciones para España

El sector financiero ha montado en cólera con los dos nuevos fondos –el fondo de resolución y el fondo de garantía de depósitos– que se crearán para afrontar futuros rescates bancarios en la zona del euro, que en total recibirán una aportación del 1,3% de los depósitos protegidos.

Fuentes del Ministerio de Economía, no obstante, aseguran que en el caso de las entidades españolas su implementación “es muy asumible”. “Se ha acordado que se realice una aportación anual del 0,2%, por lo que en cinco años estaría cubierto (el primero, dotado con el 0,8% del volumen de depósitos) si no ocurre ningún accidente bancario. Además, España ya tiene a día de hoy una contribución del 0,2% al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), por lo que no supondrá ninguna novedad”, explican, y añaden que esto no ocurre en la mayoría de los países europeos.

Las entidades, sin embargo, discrepan. Consideran que se trata de una nueva vuelta de tuerca que estrangulará aún más sus debilitadas cuentas de resultados y manifiestan que será difícil asumir este esfuerzo, que se une a las provisiones que deberán realizar por la reclasificación de los créditos refinanciados (esta debe estar lista antes del próximo 30 de septiembre), la revisión que está llevando a cabo todo el sector de los contratos hipotecarios que incluyen los conocidas como cláusulas suelo (el supervisor ha requerido a las entidades para que envíen este examen antes del 31 de julio) o las nuevas exigencias que traerá consigo Basilea III.

El proyecto de directiva aprobado por el Ecofin da un plazo de 10 años para alcanzar el colchón exigido para sufragar posibles quiebras bancarias, si bien Bruselas ha advertido que, si durante este periodo se produce el rescate de alguna entidad, el país afectado tendrá que hacer una derrama si aún no ha alcanzado los fondos requeridos. Está previsto que estas aportaciones arranquen tras la entrada en vigor de la nueva directiva, prevista para 2015.

En el marco para futuras reestructuraciones diseñado por Bruselas se establece una escala de prelación. Antes de recurrir a ayudas se aplicaría una quita del 8% sobre el volumen de pasivo, que será asumida por la propia entidad, así como por sus accionistas o tenedores de productos híbridos (participaciones preferentes y deuda subordinada), como ha ocurrido en el rescate a entidades españolas.

A partir de ahí se establece la posibilidad de una inyección de hasta el 5%, que procedería del mencionado fondo de resolución. Si este no puede cubrir el déficit en su totalidad se podría recurrir a las emisiones por parte de los Tesoros y, por último, al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), pero de manera indirecta, es decir, tal y como se aplicó en España con la petición de un préstamo de 100.000 millones de euros.

El último escalón sería la inyección directa de capital por parte del MEDE, después de que se hayan aplicado quitas a la deuda sénior y a los depósitos de más de 100.000 euros.

“En 2018 tendremos un esquema claro y transparente que se aplicará en cada uno de los países. Los mercados están más pendientes de la capacidad y solvencia de cada Estado que del banco que se trate. Ahora querrán invertir en aquel banco que esté mejor gestionado y tenga los recursos más fuertes y no mirarán de qué país es”, indican fuentes de Economía. Además, “el riesgo para el contribuyente disminuye y el mecanismo de protección de los depósitos será bastante más fuerte”, añaden.