El sector naval acusa a Almunia de permitir el cierre de los astilleros
La jornada de Almunia en Madrid comenzó con un encuentro privado entre el comisario de la Competencia y una delegación de Pymar, la asociación que representa a las empresas del Cantábrico, liderada por su presidente Álvaro Platero. Los representantes de los constructores navales le recordaron el antecedente de Francia en 2006, cuando la financiación de los astilleros galos también fue declarada ilegal por Bruselas y no tuvieron que devolver cantidad alguna. Almunia se mostró “distante” con respecto a este planteamiento y reiteró su “independencia” ante la reclamaciones de un sector al que abrió un expediente de investigación en 2011 por una denuncia de Holanda, según fuentes cercanas al encuentro.
Más tarde, el comisario de Bruselas, impartió una conferencia y declaró que el tax lease es incompatible con la legislación comunitaria y por tanto las ayudas recibidas (unos 3.000 millones entre 2005 y 2011) tendrán que devolverse. Almunia quiso aclarar que esas cantidades tendrán que ser afrontadas por los inversores financieros (los bancos Santander y Pastor, principalmente) y por los armadores y navieros que contrataron los buques del tax lease. Ante este comentario saltó como un resorte Álvaro Platero, que estaba entre los asistentes, y en un gesto inédito en el mundo empresarial le afeó sus palabras a Almunia, al aclarar que serán los astilleros quienes tendrán que responder por esas cantidades, de acuerdo con los compromisos contractuales en el mundo de la construcción de barcos, un detalle que el comisario de la Competencia conocía, le recriminó a la cara.
Reacciones políticas
Todos los partidos políticos pidieron apoyos al naval y el Gobierno de Mariano Rajoy organizó por la mañana una reunión de la Comisión Delegada para analizar el tema. En unas declaraciones, el Ministro de Industria, José Manuel Soria, pidió una “rectificación” a la decisión de Bruselas si esta se confirma (se hará pública el próximo día 17), porque causaría un “daño irreversible e irreparable” a los astilleros privados, que “han realizado un enorme esfuerzo por modernizarse”.
Soria habló de “discriminación” con respecto a la industria naval de otros países, en clara alusión a Francia, y alertó que otros sectores con desgravaciones fiscales también “podrían estar en riesgo” si Bruselas crea un antecedente el próximo 17 de julio.
Las reacciones en la calle no se harán esperar. Los sindicatos ya han convocado actos informativos para hoy y los trabajadores están dispuestos a movilizarse. Desde el sector informaban ayer de otro argumento a favor. La comisaria de la Competencia en 2009, Neelie Kroes, ahora vicepresidenta de la Comisión, desestimó la petición de investigación al tax lease español por parte de Noruega, cuyo sector perdió de esta manera un contrato para un buque que acabó construyéndose en unas gradas de Asturias.
Seis factorías y 50 buques menos en la espera
En los dos años que dura la investigación de Bruselas, el tax lease ha quedado en suspenso y las gradas vacías, mientras que las empresas de Holanda (el país que denunció el sistema español) han llenado su cartera de pedidos. Desde la apertura del expediente en 2011, Pymar calcula que han cerrado seis astilleros y se ha perdido la contratación de 50 buques. La resolución de Bruselas en julio “no solo implicará la devolución d miles de millones, sino que creará una inseguridad jurídica irreversible. Los armadores buscarán otros países donde contratar su buques y los inversores negarán los créditos y la financiación”, aseguran desde la asociación, que prevé la pérdida de otros 40 pedidos, valorados en 2.000 millones. El astillero La Naval de Sestao (Vizcaya) ya advirtió en marzo pasado que tuvo que renunciar a un proyecto de 220 millones, que ha recabado en Corea. Los constructores asiáticos, como China y que también reciben ayudas, son los grandes beneficiados de esta guerra entre países comunitarios. A finales del año pasado, España denunció a su vez el sistema fiscal holandés. Pymar estima que la desaparición del sector supondrá un gasto de 637 millones en prestaciones por desempleo, más una reducción de 130 millones en cotizaciones a la Seguridad Social. El efecto negativo en la recaudación del IRPF sería de otros 306 millones.
Los astilleros recurrirán en los tribunales la decisión de Bruselas, pero cuando lleguen las sentencias, “el sector ya estará en la UVI”, dicen en Pymar. En 2012, el sector facturó 700 millones por proyectos anteriores a la apertura del expediente comunitario (un 40% menos que en 2011 y un 65% por debajo de los niveles de 2009).
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