El control público en la reforma de la Administración

El tema del control de los fondos públicos resulta siempre candente y apasiona y preocupa a la sociedad civil, a los medios más o menos independientes y a la clase política, aunque por diferentes motivos. La cuestión de qué hacen los que mandan, con nuestro dinero, empata con la interrogante de qué piensan hacer, o hicieron, con los recursos del Estado, que son míos, los que ya mandaron y esperan volver a mandar. En el fondo de la cuestión se sitúa la impotencia de la masa crítica ciudadana frente a los sonados casos de fraude, corrupción y despilfarro de los fondos públicos que afloran en todos los niveles del Estado, y sus autonomías, y su cohorte de agujeros negros y blancos, situaciones de amiguismo y nepotismo, gastos suntuarios y espíritu derrochador en erogaciones de difícil justificación y demás circunstancias de este cariz. Bien es verdad que esta situación no es privativa de un solo país o militancia política determinada, sino que, con mayor o menor incidencia y en mayor o menor grado, se los observamos en la mayoría de los países, independientemente de su nivel de desarrollo o filosofía política reinante.

Lamentablemente, en el Estado, estas situaciones se han sucedido -a veces, en grado superlativo- en las últimas décadas. Y se advierte la ausencia de la práctica del principio de administración pública que los anglosajones denominan Accountability que, al discurrir por su triple perspectiva financiera, institucional y política, es algo más que “rendición de cuentas” e implica, en la vida real, el desempeño moral y ético de los gestores públicos. Concurrentemente con esta situación, se encuentra el caso paralelo de la eficiencia de los órganos contralores del Estado, en su vertiente interna y externa, central y autonómica. Y es éste el motivo primordial de estas notas, en momentos en que el Gobierno, coreado por los medios, y apoyado en un programa de actos explicativos adicionales, acaba de exhibir como trofeo ganado en la batalla reformista, un informe de 2.000 folios (¡cómo sentimos que no nos reservaran, aunque hubiese sido sólo uno, colegas!) sobre la reforma administrativa, preparado por los grupos de expertos y técnicos de una comisión identificada como CORA.

Se nos ha anunciado que se trata de presentar, y comentar durante varios días, los resultados de seis meses durante los que se ha llevado a cabo una (¡qué barbaridad técnica!) “auditoría completa, por primera vez en la historia” de todos los organismos del Estado. Nosotros, aunque meros ciudadanos expectantes, nos hicimos la ilusión de que, en el cuarto de los “ejes básicos” de la Reforma (el referente - ¡nada menos! – que al “análisis de la estructura completa de la administración” se encontrarían los "Órganos de Control Oficial” de los recursos públicos, a nivel central y autonómico. En efecto, la experiencia internacional señala que la materia de control, junto a otros aspectos administrativo-financieros del Ejecutivo, tales como los sistemas contables e informáticos, una gestión integrada de la función de tesorería y una apropiada selección del sistema presupuestario, se cubren, en una auténtica reforma, bajo una Ley del Sistema de Administración Financiera del Estado cuya futura elaboración bien pudo haber sido anunciada en la ceremonia de presentación, orquestada a bombo y platillo. ( Señalamos como apunte técnico curioso, que el anunciado - interpretamos que como novedad- “presupuesto de base cero”, o ZBB americano - tan controvertido en la administración financiera pública como cualquiera de sus otras dos o tres opciones y desechado finalmente - es un longevo procedimiento que ya fue utilizado por el Presidente Carter, en la década de los 70, ¡hace más de cuarenta años!, con la idea, que resultó ser más teórica y costosa que realmente efectiva, de balancear el presupuesto federal de los EE UU).

En nuestro caso, y sin necesidad de recurrir a la “auditoría completa”, sabemos (“por sus obras los conoceréis”), que el desempeño en la vida real de las instituciones contraloras y fiscalizadoras reclama la necesidad de su evaluación técnico-administrativa, su despolitización urgente en su estructura directiva, la transformación de su filosofía de fiscalización, una coordinación del trabajo de los órganos de control autonómicos y, en ciertos casos, una capacitación técnica moderna y una renovación institucional, por más venerable que pueda ser su existencia centenaria y por más rasgaduras de vestimenta que causen estas sugerencias. En ningún Estado moderno, ni en ninguna de sus regiones si fuere éste el caso, es posible aceptar que el control público se ejerza a través de organismos creados y dirigidos con base en las cuotas de poder y representación partidista en el Parlamento; poder que, llegada la ocasión se utilizará para proteger a los gestores públicos adictos, aunque se trate, con lamentable frecuencia, de ignorantes de los principios de administración pública, con el añadido de despilfarradores y corruptos. La politización diluye la función fiscalizadora de los órganos contralores y la torna inútil a los ojos de la sociedad civil, por más que cuenten, generalmente, con técnicos cualificados……pero que más de una vez, en situaciones puntuales, se sienten frustrados cuando sus informes originales son convenientemente “maquillados” por la cúpula dirigente, o se hacen públicos con dos, tres o más años de atraso.

Que los políticos comprendan los fundamentos sociales y éticos en que se basa una fiscalización realmente eficaz e independiente, es de capital importancia para la preservación de los regímenes democráticos. Entre la multitud de casos aleccionadores que se suceden administración tras administración , y que, a veces, se conocen a través de los medios de comunicación, nos vienen ahora a la mente dos casos notables que ilustran y apoyan el raciocinio que acabamos de exponer y que los dedicamos a los expertos y técnicos reformadores a que he hemos hecho referencia. Al de unas horas de asumir la presidencia de una comunidad autónoma, el personaje político en cuestión, anunció la eliminación de unos cuantos organismos “por inoperantes e innecesarios, lo que supondría un ahorro presupuestario”. Desde una perspectiva política, no cabe duda de que se trataba de un argumento fácilmente vendible ante el ciudadano. Lo que no era políticamente correcto era amenazar con incluir en el grupo de organismos a eliminar por las razones señaladas, nada menos que al órgano de Control Externo de la autonomía. Si ese órgano era -o sigue siendo- ineficiente (situación que muchos ciudadanos en muchas Comunidades consideran que es, también, la suya) lo que se precisa es reestructurarlo, cambiar y despolitizar a su equipo director y capacitar a sus técnicos; no suprimirlo en aras de obtener un ahorro altamente sospechoso.

Y así se lo hicimos ver, en comunicación privada, directamente a la persona responsable del gobierno de la Comunidad en cuestión. No se extrañe el lector si añadimos que la aplicación del irresponsable principio del “silencio administrativo” continúa siendo, después de dos años y medio, el destino de nuestra nota. En otro caso, probablemente más lamentable, al personaje perdedor, acusado de infinidad de graves irregularidades financieras descubiertas al abandonar su gestión, no se le ocurre otra justificación, apoyado por su partido, sino advertir que su oficio era presidir la Comunidad, no actuar de “contable”. Inaceptable y peyorativa referencia hacia los técnicos contable-financieros y egregia ignorancia del politico de turno, cuyo desconocimiento del concepto de accountabilty, imperdonable en un político profesional moderno y responsable, y de sus obligaciones de tutela y apropiado uso de los recursos públicos de su Comunidad, constituían razón más que suficiente para que nunca hubiese sido propuesto, o apoyado, por su partido político, tan culpable como él, de ignorancia e irresponsabilidad.

Las conclusiones son obvias. Si se desea dar la batalla política para una reforma de “los controles” sobre la cosa pública, más que justificada a la vista de lo acontecido en los últimos tiempos, es necesario disponerse también a reorganizar la estructura funcional de una parte del Ministerio de Hacienda -o sus equivalentes autonómicos - ya que la organización del sistema de contabilidad pública, del sistema presupuestario y la organización de la Tesorería deben estar asimismo, sujetas a evaluación y modernización. Y el cambio más importante: la función de “auditoría y control interno” debe quedar deslindada del organigrama de dicho departamento y situada al más alto nivel de la estructura del Ejecutivo. Por otra parte, y es ésta la observación de más entidad y la que ofrecerá más reticencias por parte de los interesados, y las huestes políticas que los apoyan, el sistema de designación y composición de los dirigentes, la estructura funcional y los procedimientos de trabajo del Órgano Superior de Control parlamentario a nivel nacional y autonómico, debe, igualmente, someterse a evaluación y urgente reforma.

En resumen, la estructura y organización de los sistemas de control, interno y externo, del Estado, y en la mayoría de las autonomías, se encuentran anquilosados, desfasados, politizados, y adolecen de capacidad para apoyar la acción de un Ejecutivo y Parlamento modernos; deficiencias que inciden negativamente, inter alia, en la responsabilidad y transparencia de la actividad pública y parlamentaria y en la lucha contra el fraude, la corrupción, los abusos administrativos y el despilfarro de los recursos públicos. Esa es, digámoslo sin paliativos, la percepción que tienen los ciudadanos, y los medios no comprometidos con el establishment de turno. De ahí, la necesidad de evaluarlos independientemente sin injerencia política, fortalecerlos y, cuando se justifique técnicamente, proceder a reformarlos. Discrepamos, pues, eso sí, con el mayor respeto y cordialidad, de la aseveración hecha por la suprema autoridad del Ejecutivo, de que el trabajo realizado por los distinguidos colegas de la CORA, haya consistido en “la más minuciosa radiografía del sector público” efectuada desde comienzos de nuestra reciente democracia.

La reforma de los sistemas de control y fiscalización de los recursos públicos, que coadyuve a vigilar y mantener el uso sabio y honesto de los mismos, y reclamada a gritos por los diferentes integrantes de la sociedad civil - y aparentemente ausente , hasta ahora, del anunciado programa reformista - debe ser, sin lugar a dudas, y así lo entendieron en su día, los países más avanzados, parte conspicua de un auténtico Programa de Reforma y Modernización del Estado. De lo contrario, la anunciada, y presentada, como “gran reforma”, habrá resultado pequeñita……y coja.

Ángel González-Malaxetxebarria es Especialista Internacional en Gobernabilidad, Gestión Financiera y Auditoría