Los magistrados concluyen su deliberación sin acordar la libertad de Blesa

El esperpéntico pulso en que ha derivado el caso Caja Madrid, entre el juez Elpidio José Silva y el ex presidente de la caja, Miguel Blesa, se saldó el viernes con una pequeña victoria para el magistrado. La sala 30 de la Audiencia Provincial de Madrid, que se reunió para deliberar sobre los recursos interpuestos por la fiscalía y la defensa del banquero al caso que instruye Silva, concluyó la sesión sin acordar la libertad para Blesa, al que el juez envió a prisión incondicional el pasado 5 de junio.

La magistrada Rosa María Quintana, ponente de los recursos, se dispone ahora a redactar las resoluciones acordadas con sus compañeros, con lo que no se harán públicas al menos hasta el lunes.

La no excarcelación automática del banquero supone que la Audiencia considera fundamentada la reapertura de la causa del caso Caja Madrid, según fuentes jurídicas citadas por Efe, pues de haber declarado la nulidad total del proceso, todas las resoluciones posteriores habrían sido canceladas, incluyendo la orden de prisión sin fianza dictada sobre Blesa.

La defensa del banquero vio quemarse así uno de los cartuchos con los que contaba para liberar a su cliente, pero les restan algunos más. La Audiencia Provincial de Madrid se reunió para dilucidar si procedía anular la causa principal que dio origen al caso Caja Madrid: la que investiga la concesión de un crédito de 26,6 millones a las empresas de Gerardo Díaz Ferrán, entonces presidente de la CEOE y consejero de la entidad, bajo la presidencia de Blesa, poco antes de la debacle del grupo Marsans.

El caso fue sobreseído provisionalmente en 2010, pero Silva decidió reabrirlo en noviembre de 2012. ¿Por qué? “Desde 2008 a aquí han sucedido muchas cosas. Ha cambiado el escenario”, dejaba caer el juez Silva este jueves en un foro sobre blanqueo de capitales organizado por El Economista.

Una decisión en todo caso, que la Audiencia provincial respalda. Aunque talar el caso en ese punto hubiera acabado con todas sus ramificaciones, aceptada la mayor, no correspondía a la sala 30 discutir sobre la siguiente bifurcación del caso: la investigación sobre la opaca compra del National City Bank of Florida, que es la que ha llevado a Blesa a prisión.

Es más, el juez Silva decidió convertir esta línea de investigación en una segunda causa separada el pasado 16 de mayo, días después de que Blesa eludiera su orden de prisión provisional mediante el pago de una fianza de 2,5 millones de euros que reunió en menos de un día.

Desde entonces, de hecho, Silva ha quedado apartado temporalmente de la causa original, la de los préstamos a Díaz Ferrán, mientras la Audiencia Provincial estudia la recusación presentada por la defensa del banquero.

Hasta ese momento, le sustituye en la instrucción del caso el titular del Juzgado de Instrucción número 36, Juan Antonio Toro, quien no efectuará ninguna diligencia que no considere urgente hasta que la instancia superior tome una decisión.

Silva, sin embargo, sigue teniendo las manos libres sobre la segunda causa, la que indaga en la compra del banco de Miami. Tanto es así que, ya apartado de la causa original, Silva decretó prisión incondicional para Blesa a comienzos de este mes.

Una decisión que no solo ha sido recurrida por la defensa, sino por la propia fiscalía, pero cuyo fundamento no debía dilucidar el pasado viernes la sala 30 de la Audiencia provincial, sino que corresponderá a la sala número 15, que aún no ha fijado una fecha para resolver los recursos, informa Europa Press. La libertad de Blesa pasa ahora a estar en manos de estos magistrados.

Del mismo modo, la Audiencia tiene pendiente admitir a trámite la recusación presentada por la defensa de Blesa sobre el juez en la causa derivada de la compra del CNB. De prosperar la postura de la defensa de Blesa, Silva podría quedar apartado de una parte o de todo el caso Caja Madrid.

Finalmente, el juez se juega su propio futuro en la carrera judicial tras el expediente que le abrió el Consejo General del Poder Judicial –por retrasos, falta de motivación en sus resoluciones y desconsideración hacia sus funcionarios– cuya resolución se espera para otoño.

Blesa, acusado de delitos societarios, de administración desleal, falsedad en documento y posible apropiación indebida, encara por su parte cuatro años de cárcel, tal y como se encargó de recordarle el juez Silva el pasado jueves.