La sanidad se busca la vida (y la pasta)

Casi un centenar de infraestructuras, entre hospitales y centros de salud, forman parte de una larga relación de activos sanitarios públicos, cuyo destino parece cada día más próximo a las cuentas de resultados de las empresas privadas. El objetivo es reducir los 7.185 millones de euros de gasto sanitario público entre 2012 y 2013 previstos en el Plan de Estabilidad presentado por el Gobierno español a la Unión Europea (UE).

La crisis económica ha puesto en entredicho la sostenibilidad financiera de la salud pública. “En la medida en que las dificultades de financiación se sumen a las necesidades de calendarios, las oportunidades de negocio serán más evidentes”, indica un gestor de inversiones. Y lo son, puesto que las reuniones entre responsables autonómicos de sanidad y los intermediarios financieros —fondos de inversión, capital riesgo y banca— ocupan buena parte de las agendas oficiales.

Prueba de esta fabril actividad se produce en Toledo y Madrid, donde estos días el trasiego de técnicos y responsables políticos autonómicos es más intenso que otras veces. Pelean por la adjudicación de 10 hospitales públicos y la gestión privada de 34 centros de salud, todos ellos, “activos con expectativas de negocio”, añade un consultor del sector sanitario, quien apunta hacia los fondos de inversión internacionales, especializados en el sector de la salud, como los “principales agentes que se harán cargo de la privatización sanitaria en marcha” por la vía de las concesiones administrativas.

La situación de la sanidad pública es delicada y “los juegos malabares para mantener los niveles de servicio no admiten más variantes”, admite el responsable de gasto de una comunidad autónoma. El modelo de financiación de la sanidad (infraestructuras y servicios) se encuentra en plena fase de racionalización y la mayoría de los expertos señalan que está abocado a un cambio en su estructura básica de financiación. Como recordaba el exministro de Trabajo Manuel Pimentel, “algo habrá que hacer cuando se sospecha que uno de los pilares del Estado de bienestar social se encuentra en peligro”.

Y es que en los últimos años, la financiación de la salud parece haberse convertido en el conejillo de indias de diversos experimentos políticos; desde el euro por receta o por la visita al médico hasta los medicamentos genéricos, recargos en la gasolina, etcétera. Planes de ahorro o globos sonda que se han mostrado ineficaces en la práctica. En la mayoría de los centros hospitalarios los sistemas de racionalización de costes se han diluido con el paso del tiempo y el gasto seguía disparado.

Un gasto sanitario que en España ha seguido la tendencia internacional, al alza. La mayoría de ese gasto, el 95%, se financia a través del sistema tributario general. Las comunidades autónomas administran el 90% de los recursos de la sanidad pública que les llegan transferidos del Presupuesto General del Estado, una competencia que representa el 30% del presupuesto autónomo.

Sin embargo, no parece que las cuentas del sistema de salud pública vayan a resolverse únicamente con una batería de medidas de racionalización del gasto o planes urgentes de contingencia para cumplir las fechas de los recortes previstos en el Plan de Estabilidad. Como tampoco debe olvidarse la deuda de más de 5.000 millones de euros de las comunidades autónomas con los proveedores sanitarios.

El analista de un fondo de capital riesgo internacional comenta: “El mensaje oficial del Gobierno justifica el cambio de modelo de financiación en la medida en que este es deficitario, en su mayor parte porque en los últimos tiempos muchas comunidades han acometido la construcción de hospitales, infraestructuras costosas, cuyos presupuestos se han disparado al final de la obra, con desviaciones imposibles de asumir por los Gobiernos locales”. Esta sería una de las razones que podrían explicar el porqué del elevado déficit del sistema sanitario. Un sistema público que, según las últimas estimaciones oficiales, cuesta casi el 7% del producto interior bruto, alrededor de 70.000 millones de euros cada año.

La situación financiera del sector es, según los expertos, un asunto que obliga a diversificar la única vía de financiación: los impuestos que figuran en los presupuestos generales del Estado. Se trata de un condicionante que ha provocado el interés de numerosos fondos de capital, nacionales e internacionales, algunos de los cuales ya contaban con experiencias anteriores en el sector de la salud pública en España. En todo caso, un río revuelto que asegura operaciones financieras y empresariales de todo tipo en la creciente relación entre Administraciones y empresas privadas, y que se traduce en una fuerte presencia de fondos de inversión en un negocio que promete facturación recurrente y, probablemente, beneficios futuros.

A la sombra creada por los problemas de la sanidad pública crece la privada, la de pago, todo un negocio emergente que no conoce recortes y es ajeno a despidos y demás transformaciones. El de la sanidad privada es un mercado maduro, con presencia en el mercado español desde hace más de cincuenta años y del que los expertos aseguran cuenta ahora con mayores apoyos de los Gobiernos autonómicos. Crece, por tanto, en la misma proporción en la que se agranda el deterioro de las cuentas de la salud pública.

Son las mismas cuentas que se hacen, por ejemplo, las aseguradoras, empresas que crecen en facturación anual en torno al 7% de media como respuesta a la pérdida de prestaciones públicas o del aumento en las listas de espera, dependiendo de la comunidad autónoma. Las empresas privadas del sector se verán, igualmente, beneficiadas por los problemas de déficit de la sanidad pública, como muestra el hecho de que algunas de ellas ya gestionan algunos servicios externalizados por centros públicos, una subcontratación que va en aumento.

Este es el modelo hacia el que parece inclinarse la alternativa financiera para la sanidad pública, el que aportan los fondos de capital riesgo a sus participadas, que cuentan con numerosas experiencias en el mercado español. En los procesos de privatización sanitaria se dan cita la mayoría de las participadas por los fondos de inversión más relevantes del sector, como IDC Salud (antes Capio), Ribera Salud, Sanitas —del grupo británico BUPA—, USP-Quirón —del grupo financiero Doughty Hanson—, Asisa, DKV y Hospitales de Madrid. Todos aspiran a tomar posiciones en este mercado emergente, en las concesiones administrativas de las infraestructuras sanitarias, un modelo alternativo a la financiación por impuestos que ahora se pretende sustituir.

El sanitario es un sector clásico en las carteras de estos fondos de capital riesgo; es un poco cíclico, con ingresos recurrentes, muy desarrollados. Llaman la atención por su menor impacto de la crisis, es un sector defensivo y, para los inversores, un “valor refugio”. De ahí ese apetito creciente por el sector que en España se encuentra en plena efervescencia, con gran interés de muchos inversores, lo que garantiza movimientos corporativos.

Por tanto, es probable que a medio plazo, el negocio de la salud cuente con capital nuevo, capital a riesgo, interesado en la gestión de hospitales. Inversores que deberán calcular muy bien el margen de negocio, puesto que las ofertas públicas para privatizar la gestión hospitalaria parecen haber situado el listón de partida demasiado elevado, tanto como para apartar de la carrera a buena parte de los aspirantes a la concesión administrativa.