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La UE del revés

La soga bancaria sigue al cuello de los Estados

Un año después del acuerdo de la zona euro para poner fin al peligro de que la crisis de un banco arrastre a la quiebra a todo un país, los socios de la Unión Monetaria siguen con la soga al cuello de un potencial desastre financiero.

El peligroso nudo, sin duda, se ha empezado a aflojar. Y esta misma semana, durante la reunión del jueves del Eurogrupo (ministros de Economía de la zona euro) y el viernes del Ecofin (ministros de economía de la UE), las instituciones comunitarias confían en desatarlo un poco más.

Pero Bruselas reconoce que al menos hasta 2015, como muy pronto, no podrá cumplirse el acuerdo cerrado en la cumbre de junio de 2012 que de manera solemne declaró “imperativo romper el círculo vicioso entre bancos y emisores soberanos”.

Y ya parece claro que la zona euro no contará con un poderoso y disuasorio fondo de rescate con dinero público, sino que los mecanismos de intervención deberán ser financiados por las propias entidades. Un objetivo encomiable desde el punto de vista de protección del contribuyente, pero que deja abierta la interrogante sobre la contribución de cada entidad, sobre el momento de la aportación (preventiva o cuando estalle la crisis) y sobre la capacidad del propio sector de rescatarse a sí mismo.

Mientras llega ese fondo privado, el Mecanismo europeo de estabilidad (MEDE) será la única estructura supranacional con capacidad de socorrer a una entidad en dificultades. Pero el Eurogrupo espera cerrar el jueves, durante su reunión en Luxemburgo, un acuerdo que limita seriamente las posibilidades de recapitalización directa a través del MEDE. Por lo pronto se fija un techo, de 60.000 millones de euros, a la inyección de capital disponible para toda la zona euro. Y aunque esa cifra, según fuentes europeas, se podría revisar al alza en caso necesario, la participación del MEDE también se limitará porque se obligará al país de origen de la entidad en dificultades a financiar entre el 10% y el 20% del rescate.

El borrador de acuerdo del Eurogrupo deja sin resolver, además, dos de los puntos más conflictivos: la retroactividad de la recapitalización directa (a la que espera acogerse Irlanda) y la gestión de los llamados “activos heredados”, es decir, la recapitalización de un banco por problemas incubados antes de que el Banco Central Europeo asumiera su supervisión (prevista para 2014).

La misma incertidumbre pesa sobre el proyecto de directiva de resolución bancaria, que el Ecofin discutirá el viernes también en Luxemburgo. Fuentes diplomáticas aseguran que Irlanda, país que preside la UE durante este semestre, está dispuesta a prolongar la reunión tantas horas como sea necesario para cerrar un texto que pueda llevarse al Parlamento Europeo.

La directiva pretende armonizar el proceso de rescate de un banco, fijando el orden de participación de los acreedores y clientes en las pérdidas de la entidad . Parece haber acuerdo en que ese orden sea: accionistas, bonistas junior, depósitos de más de 100.000 euros y bonistas senior, aunque a España le gustaría excluir completamente a los depositantes.

Y en el aire sigue también la creación de una Autoridad Europea de Resolución bancaria, un proyecto imprescindible para completar la transferencia de la supervisión desde los organismos nacionales al BCE. El organismo que preside Mario Draghi teme asumir la supervisión sin contar con ese complemento. “Los mercados solo confiarán en el supervisor único si queda claro que los bancos se pueden liquidar con seguridad, sin dañar la estabilidad financiera”, señaló el viernes Jörg Asmussen, del Comité Ejecutivo del BCE.

La CE comparte ese análisis y espera aprobar antes del verano el proyecto de creación de la Autoridad, que podría entrar en funcionamiento en 2015, acompañada de un fondo alimentado por la contribución de los cientos de bancos que operan en la zona euro.

Entre quitas a los acreedores y la contribución de las entidades a ese fondo (con cuotas previas o con una derrama), Bruselas espera que la próxima crisis no le cueste ni un euro a unos contribuyentes hartos de llevar la soga al cuello.

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