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Demanda del banco central ante la corte constitucional

El Bundesbank trata de tumbar el plan del BCE contra la crisis del euro

El tribunal de Karlsruhe debe pronunciarse sobre la legalidad del programa El jucio enfrenta a los dos alemanes del BCE: Weidmann (del Bundesbank) y Asmussen

Imagen de los miembros del Tribunal Constitucional alemán.
Imagen de los miembros del Tribunal Constitucional alemán.

Las togas rojas de Karlsruhe vuelven a tener en vilo a la zona euro. Mañana martes (11 de junio) y el miércoles (12), el Tribunal Constitucional alemán juzga por enésima vez las medidas adoptadas para evitar la posible desintegración de la Unión Monetaria. En esta ocasión, sin embargo, el juicio presenta un aire de reyerta casi edípica: el Banco Central Europeo se enfrenta con su principal ancestro, el Bundesbank.

El Buba, como se conoce familiarmente al banco central alemán, atacará en el juicio la medida estrella aprobada por el BCE bajo la presidencia de Draghi: la compra de deuda pública de los países que acepten la supervisión exterior de su política económica. Un plan que, sin necesidad de activarse, ha calmado a los mercados.

“Cuando miras hacia atrás, es difícil negar que el OMT [las siglas en inglés de la compra de deuda] haya sido probablemente la medida de política monetaria más exitosa adoptada últimamente”, defendía Draghi el pasado jueves en respuesta a una pregunta sobre el juicio de pasado mañana.

El italiano aseguró que desde la creación del OMT [Outright Monetary Transactions u Operaciones Monetarias de Compraventa] en septiembre de 2012, el precio de los activos ha subido (“del 30% en Alemania al 39% en España”), la balanza entre los bancos centrales de la zona euro se ha equilibrado un poco y los tipos de interés de la deuda pública han caído “espectacularmente” en varios países. El OMT “ha traído estabilidad a los mercados de Europa y del mundo entero” concluyó Draghi.

El problema para Draghi es que el Tribunal no se pronunciará sobre los efectos balsámicos de su idea, sino sobre la legalidad del programa. Los denunciantes acusan al BCE de violar su mandato. Y al Gobierno alemán de haber incumplido sus obligaciones por no impugnar ante el Tribunal europeo.

El caso incluye también una denuncia contra el anterior programa de compra de deuda (vigente entre 2010 y 2012 y del que se beneficiaron Grecia, Portugal, Irlanda, España e Italia), así como contra la creación del fondo de rescate permanente o MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad).

La sentencia tardará meses en llegar. Sobre el MEDE cabe esperar una posición favorable de los magistrados, a juzgar por su veredicto del año pasado denegando la suspensión cautelar de su ratificación por parte de Alemania.

La incertidumbre es mayor en cuanto a la denuncia del OMT, añadida con posterioridad a aquel juicio. Y el desafío también resulta más peligroso porque en este caso el BCE no se enfrenta solo a unos profesores universitarios, sino al propio Bundesbank. El mismísimo presidente del Buba, Jens Weidmann, estará el miércoles en Karlsruhe para intentar dinamitar el programa de compra de deuda que el BCE aprobó con su voto en contra.

Weidmann no tendrá enfrente a Draghi, sino a un compatriota y viejo conocido : Jörg Asmussen, el miembro del comité ejecutivo del BCE encargado del departamento de asuntos jurídicos. Ambos compartían hasta 2011 responsabilidades en el ejecutivo alemán. Asmussen intentará demostrar que el OMT no implica una financiación subrepticia de los Estados, prohibida por el Tratado. Para el BCE, el programa solo pretende garantizar que el riesgo de explosión de la moneda única no distorsiona su política monetaria, es decir, que los tipos de interés se dispararan en algunas partes de la zona euro.

El Buba, en cambio, argumentará que las primas de riesgo pagadas por ciertos socios de la zona euro se corresponden con su diferente credibilidad ante los mercados y que no es tarea del BCE mitigar esa desconfianza.

Las apuestas auguran una victoria del BCE que le permitirá librarse de la atosigante autoridad paterna del Buba. De lo contrario, estaríamos más bien ante un espeluznante Saturno devorando la moneda que engendró para 300 millones de europeos.

La UE asesta otro golpea la libreta de ahorro

Tras el susto chipriota a los depósitos bancarios, ahora llega la ofensiva sobre la fiscalidad ventajosa que disfruta el ahorro en algunos países. El Gobierno de Bélgica, que con 245.000 millones en depósitos (equivalente al 66% del PIB del país) ocupa uno de los primeros puestos del ranking de ahorro, no oculta su intención de incentivar la movilidad de ese capital. Y el pasado jueves recibió la ayuda del Tribunal de la UE, que declaró ilegal la exención fiscal que disfrutan los intereses de hasta 1.800 euros obtenidos con una libreta de ahorro. El Gobierno podría solventar el caso ampliando la exención a los depósitos belgas en el extranjero. Pero no parece my probable.

La Eurocámara apremia con la unión bancaria

La comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo espera aprobar hoy en Estrasburgo una resolución criticando la falta de avances en algunas de las propuestas claves para la unión bancaria. La ponente del proyecto ha sido la propia presidenta de la comisión, la eurodiputada liberal Sharon Bowles (en la imagen), lo que denota la impaciencia de la Eurocámara a falta de un año para que concluya la legislatura. El texto apremia a la Comisión Europea y a los ministros de Finanzas para que aceleren proyectos pendientes, como la directiva de resolución bancaria o la relativa a los fondos de garantía de depósitos.

Nueva directiva para combatir la evasión fiscal

La Comisión Europea tiene previsto aprobar el miércoles un nuevo proyecto de directiva para combatir el fraude y la evasión fiscal. La norma extenderá a todo tipo de rendimiento del ahorro y la inversión el intercambio automático de información entre las Haciendas de los 27 países de la UE. La directiva actual solo prevé ese intercambio para los rendimientos del ahorro de personas físicas, lo que facilita la evasión fiscal a través de productos financieros colectivos como las Sicav. La iniciativa, que parte del comisario europeo de Fiscalidad, Algirdas Semeta, requiere la unanimidad de los 27 socios de la UE para entrar en vigor, por lo que se prevé una negociación complicada.

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