La fiscalía y Blesa recurren el ingreso en prisión incondicional

El envío a prisión sin fianza del ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa la noche del miércoles, por las presuntas irregularidades que rodearon la compra del City National Bank of Florida (CNB), en contra del criterio de la fiscalía, llevó ayer al Ministerio Público a recurrir la medida dictada por el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva. Una acción legal que también adoptó la defensa de Blesa, ejercida por el abogado Carlos Aguilar. La Audiencia Provincial de Madrid, que ya estaba valorando la petición de recusación del magistrado en la parte de la causa sobre los créditos concedidos a Gerardo Díaz Ferrán, y que está pendiente de tramitar una posible recusación por la parte de la adquisición del CNB, sumará ahora a la pila de decisiones pendientes sobre el juez Silva la de dirimir si revoca o no la orden de prisión incondicional que pesa sobre Blesa.

Un procedimiento que podría alargarse durante un mes, en el que el banquero permanecería en la cárcel de Soto del Real. Pese a ello, el expresidente de Caja Madrid se encontraba ayer “muy entero”, aunque “perfectamente consciente del encarnecimiento” al que está siendo sometido, aseveraban a Efe fuentes cercanas al imputado. Bajo el argumento de que Blesa está siendo víctima de un “atropello”, de una “injusticia máxima”, la defensa recurrió ante la Audiencia Provincial la decisión del juez Silva. Así lo hizo también el pasado 16 de mayo, cuando el magistrado envió a Blesa a prisión por primera vez, pero de la que salió menos de 24 horas después tras aportar en efectivo los 2,5 millones de euros de fianza que sí se le permitieron entonces. Cuantía que, según fuentes jurídicas consultadas, no será devuelta al imputado dado que el envío a prisión de forma incondicional es una nueva decisión independiente de la anterior.

El recurso de la fiscalía, impuesto también directamente ante la Audiencia Provincial sin pasar por el juez, fue decidida ante la “insólita” actuación de Silva. Así lo destacó el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, quien defendió que “se están investigando hechos de los años 2008 y 2009, las medidas restrictivas de derechos fundamentales tienen que estar muy bien fundamentadas y con una proporcionalidad que la fiscalía considera que no se da”. Moix, que intervino en Cadena SER, advirtió que el modo de actuación del juez puede “provocar un efecto boomerang” si lleva a declarar la nulidad del proceso. La fiscalía, de hecho, investigará si el juez pudo incurrir en un delito de prevaricación

El juez Silva, sin embargo, defiende a capa y espada en su auto la necesidad de dictar prisión incondicional para el imputado. El magistrado considera que “resulta proporcionado acordar la medida cautelar instada de prisión provisional del imputado pues (...) se aprecia un innegable riesgo de fuga, fundamentalmente porque el pronóstico de pena correspondiente a los hechos imputados permite sustentar” la decisión. Además, Silva expone que la imputación de Blesa “revela que el desarrollo de la misma afecta, cuanto menos, a un muy variado número de diligencias de prueba y declaraciones testificales, cuya práctica pudiera resultar muy seriamente afectada si Blesa permaneciese en libertad”.

La imputación del expresidente de Caja Madrid se basa en “un presunto delito de administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental”. Aunque el proceso se incoa a raiz de la investigación de los cuantiosos créditos que la entidad concedió a Marsans, la empresa propiedad del entonces consejero de Caja Madrid y presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, durante las pesquisas se abrió un procedimiento adicional para esclarecer la compra del CNB. Una operación para la que “concurren muy relevantes indicios de criminalidad”, recoge el auto, ya que “se instrumenta la compra de forma que pueda eludirse el preceptivo control de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid”, que también considera que se pagó un sobreprecio por la entidad.

Una sospecha fundada en los correos electrónicos, aportados por la Guardia Civil, que intercambiaron Blesa y su director financiero, Ildefonso Sánchez Barcoj. En ellos se revela que la entidad contrató un seguro sobre divisas para blindar el coste de la operación ante eventuales variaciones del precio del dólar, que cubría tanto la adquisición de CNB, como la de la entidad hipotecaria mexicana Su Casita, como “100 kilos más por si se ponía algo a tiro”.

“La cobertura de 100 kilos más ha dado lugar a tal cúmulo de contradicciones entre las versiones de Blesa e Ildefonso que abundarían en demasía el sentido de esta resolución”, justifica el juez, quien entiende que se facilitaba dicha cuantía al presidente de Caja Madrid “sin el menor control o fiscalización previo en el marco del organigrama” de la entidad, lo que podrían sugerir un delito de apropiación indebida.

El delito de administración desleal se deriva de “la ausencia de un análisis mínimamente solvente de viabilidad y de riesgo asumible, el estudio abiertamente insuficiente del nicho de mercado, el pago de un sobreprecio y la ausencia de sometimiento a los controles administrativos preceptivos”. Respecto a este último punto, el juez entiende que se troceó la compra en un primer pago de 927 millones de dólares, en 2008, y otro de 190 millones, en 2010, y se contrató el citado seguro sobre divisas con el objetivo de no que el montante requerido no superase el 5% de recursos propios de la entidad, lo que hubiera obligado a pasar por la supervisión de la comunidad. “La conducta del encausado ha podido ocasionar directamente daños y perjuicios económicos severos a la entidad que presidía”, aduce Silva.