Rajoy o cómo evitar que una recomendación de la UE derive en obligación

"Todavía parece existir margen para seguir aumentando los tipos reducidos de IVA o limitando su aplicación”. Este párrafo incluido en el informe que la Comisión Europea publicó la semana pasada sobre España hizo temblar a empresas y ciudadanos que entendieron de forma clara que Bruselas instaba al Gobierno a elevar –por tercera vez en menos de tres años– el principal impuesto indirecto o gravar servicios como el de la hostelería al tipo del 21% en lugar del 10% vigente.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, trató de tranquilizar los ánimos de los empresarios reunidos el sábado en la reunión del Círculo de Economía celebrado en Sitges. “Bruselas no nos ha pedido subir los impuestos y no lo vamos a hacer”, aseguró Rajoy. Sin embargo, el informe de la Comisión Europea señala la conveniencia de elevar el IVA, los impuestos sobre los carburantes y suprimir la deducción en el IRPF por aportación a planes de pensiones, una ventaja fiscal que Bruselas considera que beneficia más a las rentas altas. La cuestión fundamental es si estas tres propuestas son una recomendación o una obligación.

Y la respuesta no está clara y dependerá en buena medida de la evolución de la economía y las cuentas públicas. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconoció en julio de 2012, cuando anunció que el IVA subiría del 18% al 21%, que se trataba de una imposición de Bruselas.

Por aquel entonces, España venía de cerrar un ejercicio con un déficit de casi 100.000 millones de euros, la prima de riesgo se dirigía hacia los 600 puntos básicos y la recesión económica amenazaba con deteriorar todavía más las maltrechas cuentas públicas. En ese contexto, una recomendación comunitaria se convierte en un imperativo.

Ahora, el Ejecutivo trabaja para que la historia no se repita y se aferra a cifras que parecen indicar que, como señaló Rajoy el pasado sábado ante el empresariado catalán, “lo peor ya ha pasado”. El futuro económico determinará si son necesarias medidas tributarias adicionales. En cualquier caso, aumentan las voces que defiende que los ajustes fiscales han llegado a su fin. “Hace falta un poquito más de Keynes”, llegó a decir José Viñals, director de Mercados Monetarios del FMI.

Rajoy confía en que los datos económicos mejoren y se reduzca todavía más la presión sobre España. Tanto el presidente del Gobierno como sus ministros se han puesto a vender confianza, una variable necesaria, aunque no suficiente, para la recuperación.

Por ejemplo, el Ejecutivo asegura que los datos paro y afiliación que se publicarán mañana supondrán una sorpresa positiva. Moncloa también confía –aunque por precaución no lo vocifera– en alcanzar tasas de variación intertrimestral del PIB positivas pronto. Y el ministro de Economía, Luis de Guindos, mantiene que la buena evolución de las exportaciones incentivará la inversión y ello provocará una cierta recuperación del consumo interno. Si se cumple esa hoja de ruta, Rajoy tendrá argumentos de peso para que las propuestas de Bruselas se queden en simples recomendaciones.