Las concesionarias quieren pedirán hoy más peso en la futura ENA

Representantes de las concesionarias de autopistas en espera de un rescate del Estado trasladan hoy a Fomento su particular propuesta sobre cómo debería crearse una nueva ENA con las nueve autopistas en quiebra o al borde de la misma. Las carreteras en cuestión son la madrileña M-12, la Ocaña-La Roda, la Madrid-Toledo, la Cartagena-Vera, además de las radiales de Madrid. De ellas, cinco están en concurso de acreedores.

Fuentes cercanas a las negociaciones aseguran que el frente empresarial, en el que figuran desde Abertis y Ferrovial, hasta Isolux, ACS, Sando o Globalvía, maneja un informe desde la semana pasada, encargado a Deloitte, en el que se ofrece una valoración superior a los 608 millones señalados por Fomento y se defiende un distinto reparto del capital.

Si el plan del Gobierno, trazado por Ernst & Young, cede a los actuales accionistas de las autopistas un 20% de la futura ENA, la propuesta de las compañías eleva la participación de los socios privados hasta el 49%. En ambos casos el Gobierno contaría con mayoría, que es la línea roja marcada por Fomento. Sobre la solución final, el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, aseguró ayer en público que Fomento aboga por la negociación y no por la imposición. Catalá, que participó en los desayunos de Executive Forum España, señaló que la solución definitiva es cuestión de días.

Deuda y refinanciación

El ramillete de autopistas a rescatar suma una deuda superior a los 3.700 millones, a los que se añadiría un segundo tramo de 1.200 millones para pagar las expropiaciones pendientes. Este último crédito sería desembolsado en los tres primeros años de operación de ENA y ambos se amortizarían en 30 años.

De la salvación de las concesionarias, según ha recalcado en numerosa ocasiones la ministra de Fomento, Ana Pastor, depende la imagen de solvencia del sistema concesional español.

Una vez traspasados los activos a ENA, está tendría que refinanciar la deuda, para lo que ha pactado ya condiciones con buena parte de las 52 entidades financieras que respaldaron los proyectos.

Los problemas que sufren las concesiones son variados: caída del tráfico, sobrecoste en expropiaciones e impagos de las obras. En esta último apartado, una decena de constructoras reclama 470 millones. Además de acreedoras, muchas de ellas son accionistas de las propias concesiones por lo que la patronal Seopan está teniendo un papel activo en las negociaciones con el ministerio.