Objetivo: poner el gasto en pensiones bajo control cuanto antes

Los doce expertos nombrados por el Gobierno para diseñar una propuesta para la creación de un factor de sostenibilidad del sistema de pensiones, tenían previsto tener ayer su última reunión, antes de redactar el informe final que entregarán al Ejecutivo a ser posible esta misma semana o la primera semana de junio como muy tarde.

El trabajo que tenían encomendado estos expertos era diseñar las variables que compondrían este factor de sostenibilidad, que consiste un mecanismo automático de ajuste del gasto en esta materia, vinculado principalmente al envejecimiento de la población y, en segundo lugar, a la marcha de la economía, tal y como propuso inicialmente el Gobierno a estos expertos.

Así, el objetivo que el Ejecutivo trasladó a este grupo, a través de un informe previo enviado por el Ministerio de Empleo como elemento de arranque para la discusión, fue la necesidad atajar, cuanto antes, el gasto en pensiones. El principal motivo de esta urgencia no es otro que déficit del sistema que podría sumar por segundo año consecutivo una cifra que ronda los 15.000 millones de euros.

Por esta razón, junto al diseño de este factor, debían estudiar también cuándo convendría ponerlo en marcha. La ley actual, aprobada en agosto de 2011, fijaba que entrara en vigor en 2027 y se aplicara por primera vez cinco años después.

Sin embargo, una de las primeras cuestiones en las que la mayoría de estos expertos coincidieron fue en la necesidad de adelantar la aplicación de este factor de corrección automática del gasto en pensiones, independientemente de cual fuera su diseño y forma de actuar sobre el sistema.

Aunque en esta mayoría no entran “un par de expertos” que se mostraron desde el principio contrarios a adelantar la aplicación de este factor, según fuentes conocedoras de lo debatido en este foro. La voz más crítica a las opiniones de la mayoría a lo largo de todo el proceso de negociación la del catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid, Santos Miguel Ruesga. Especializado en relaciones laborales y economía sumergida, este experto vinculado al sindicato UGT –al que representó en el Consejo de RTVE– no cree que sea necesario adelantar la aplicación del factor de sostenibilidad antes de 2027. Ruesga centra sus críticas en la urgencia que desprende el Ejecutivo en ajustar el gasto en pensiones por motivos coyunturales de la actual crisis, en lugar de plantear una reforma a fondo del sistema que, incluya además del control del gasto, una reforma de las vías de ingresos. Pero, según estas fuentes, la mayoría de estos expertos no ha compartido estos planteamientos.

Hecha esta salvedad, tras coincidir en que el factor de sostenibilidad debería entrar en vigor antes de 2027 ¿cuánto tiempo habría que adelantarlo? En ese punto surgieron diferencias, que estaban relacionadas, sobre todo, con el diseño de este factor. No era lo mismo que los futuros cambios del sistema incluidos en el factor afectaran a todos los pensionistas o solo a los nuevos.

Finalmente, el informe provisional que debían revisar nuevamente ayer los expertos con las últimas alegaciones de cada uno de ellos, parece que optaba por un diseño del factor de sostenibilidad que actuara fundamentalmente sobre el gasto y que afectara a todos los pensionistas de una u otra forma. Si bien operará de forma distinta entre quienes ya cobran pensión y los futuros pensionistas. Así las distintas partes del factor se aplicarán en fechas diferentes.

Afectados en dos fases

Los primeros afectados casi con toda seguridad serán quienes ya cobran una pensión, porque la mayoría de los expertos respalda la intención del Gobierno de dejar de actualizar las prestaciones de jubilación con el IPC a partir de 2014. Según la propuesta que parece reunir mayor consenso, el Gobierno aprobará un nuevo indicador de referencia para esta actualización, que estará vinculado a la marcha de los ingresos y los gastos de la Seguridad Social. De salir adelante este diseño, las pensiones solo mantendrán en el mejor de los casos el poder adquisitivo si el sistema no tiene pérdidas.

Una segunda parte del factor de sostenibilidad afectará solo a los nuevos pensionistas, a los que se les vinculará la pensión inicial a la esperanza de vida que tengan en el momento de la jubilación. Esto podría comportar recortes de la prestación del entorno del 8% o 9%. En este punto, ayer aún no estaba decidida la fecha en la que este cambio empezará a aplicarse. Pero podría ser en algún momento entre 2016 y 2020.

En cualquier caso, el presidente de este grupo de expertos, el sociólogo Victor Pérez-Díaz, deberá redactar a partir de hoy el informe final de esta propuesta con las alegaciones particulares.Y lo único seguro es que, ante las discrepancias surgidas en el debate, el texto definitivo no contará con la unanimidad que en su día demandó la ministra de Empleo, Fátima Báñez.