Municipios rigurosos y eficientes
El Gobierno debate hoy con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) un texto normativo que a buen seguro levantará ampollas. El anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local contempla por primera vez la retirada drástica de competencias a aquellos municipios que no presten servicios a un precio competitivo. Para determinar ese extremo, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está preparando unas horquillas de precios, en función de la población y densidad de cada ayuntamiento, a las que deberán ajustarse los consistorios.
El objetivo del Gobierno es que a partir del 1 de enero de 2014 aquellas corporaciones que no presenten una gestión eficiente pierdan competencias en favor de las diputaciones provinciales. Los datos de Hacienda son claros: a día de hoy, el 92% de los municipios de menos de 5.000 habitantes y la mitad de los que tienen entre 5.000 y 20.000 incumplen los costes calculados por el departamento de Cristóbal Montoro. Aun así, Hacienda confía en que esas cifras mejorarán, dados los avances logrados en materia de ajuste fiscal respecto a 2011.
Las posibles reticencias en muchos municipios a la hora de perder competencias son comprensibles desde un punto de vista político. No obstante, el Gobierno tiene el deber de establecer mecanismos firmes para controlar el exceso de gasto en las Administraciones locales. A estas alturas de la crisis, y después de los sacrificios que se han exigido y se siguen exigiendo a los ciudadanos, el desequilibrio en las cuentas de muchos ayuntamientos constituye una muestra de indisciplina fiscal, ineficiencia de gestión y, en algunos casos, también irresponsabilidad política. En un mundo ideal, cada corporación debería manejar sus cuentas con rigor suficiente como para no precisar de mecanismos de control como el que pretende aprobar Hacienda. Pero la labor de un Gobierno no es legislar para un mundo ideal, sino lidiar con la realidad. Y la realidad es que los deberes de una corporación local no consisten únicamente en prestar buenos servicios públicos, sino en hacerlo de forma eficiente y a un coste racional.
No existe ninguna coyuntura económica o histórica que justifique administrar mal –cuando no, despilfarrar– recursos públicos, pero esa contingencia nunca estará menos justificada que en la situación que vive actualmente España. La norma que prepara Hacienda, como toda legislación que supone extremar el control de la Administración central sobre las periféricas, constituye un arma fácilmente arrojadiza en el terreno de la confrontación política. Pero es en situaciones como esta –de reconocida e indiscutible gravedad– cuando los gobernantes y las fuerzas políticas demuestran sus prioridades y hasta qué punto están dispuestos a supeditar sus propios objetivos al interés general.