Nuclenor pide que se aplace un año la fecha de cierre de Garoña

El consejo deadministración de Nuclenor, propietaria de la central de Santa María de Garoña, acordó en una reunión extraordinaria celebrada el jueves solicitar al Ministerio de Industria que aplace la fecha de cierre de la instalación fijada para el 6 de julio, al menos, por un año. Ese día, y si antes Nuclenor no pide la renovación de la autorización para que la planta atómica siga funcionando, será clausurada definitivamente.

Endesa e Iberdrola, que comparten al 50% dicha sociedad, se niegan a solicitar dicha prórroga si el Gobierno no exime a Garoña de pagar el nuevo impuesto que grava los residuos radiactivos (el material irradiado)que entró en vigor el 1 de enero y que, según sus cálculos, no hace viable la central. O, cuando menos, quieren que no se aplique el tributo con carácter retroactivo, pues este grava las barras de combustible gastados desde el momento en que se extraen del reactor pero por todo el tiempo en que han estado en él.

La orden que fijó el cierre definitivo de Garoña para el 6 de julio de este año, fue aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en julio de 2009. Tras su llegada al poder, el Gobierno del Partido Popular revocó dicha decisión en una orden el 29 de junio del año pasado, la cual estableció que la vida de Garoña no se extinguiría si sus propietarias solicitaban la prórroga. Algo que, a día de hoy, no ha ocurrido.

Tras un año de tensiones, y a la vista de que el plazo se agota, Nuclenor pide ahora la revocación parcial de la orden del Gobierno de Mariano Rajoy, “para mantener abierta la posibilidad de solicitar una renovación de la autorización vigente”, señala en una nota de prensa. La demora se solicita en tanto recibe respuesta de una consulta vinculante que, según informa Nuclenor, realizó en diciembre del año pasado a la Dirección General de Tributos, de la que aún no ha recibido contestación.

En ella planteó al Ministerio de Hacienda la posibilidad de que el citado impuesto no sea retroactivo. “La aplicación de la nueva fiscalidad situaría a Nuclenor en patrimonio negativo”, añade esta compañía, que ya el año pasado pidió dos prórrogas al Ministerio de Industria. Ante la falta de respuesta del ministerio que dirige José Manuel Soria, Nuclenor decidió parar la actividad de la central sacando las barras de uranio del reactor de forma provisional. Si la central cierra, pagarán impuestos, pero si se reanuda la actividad y se devuelven al reactor para seguir funcionando, tendrá que tributar por todo el tiempo en que se hayan estado usando.

La solicitud de aplazamiento por parte de las eléctricas (que mantendrían parada Garoña durante otro año) se ha interpretado como un claro signo de que las eléctricas tienen intención de mantener la actividad de la central, señalan fuentes del sector. De lo contrario, no pedirían aplazamientos, añaden las mismas fuentes, quienes añaden que Garoña se está utilizando como moneda de cambio, a la vista de la posición pronuclear del Gobierno, para lograr otros beneficios. Por ejemplo, que el Gobierno amplíe por ley la vida útil de las centrales a 60 años (en estos momentos, la vida de diseño es de 40 años).

Según Nuclenor, la central de Garoña registró el año pasado unas pérdidas netas de 133 millones de euros, que ha cubierto reduciendo el capital social al mínimo.