Causa general contra la gestión de las cajas

Caja Castilla La Mancha (CCM) fue la primera entidad financiera que cayó, al comienzo de la crisis financiera, en 2009. “Detrás de nosotros, vendrá el resto”, aseguraba entonces un directivo de la entidad, y así acabó ocurriendo. El Banco de España tomó el control de la caja y apartó a su equipo directivo. Unos meses después se presentó una denuncia en la Audiencia Nacional, la primera de una ristra que estarían por venir. Esta fue la primera causa contra directivos de una caja de ahorros por su gestión antes de la crisis. A pesar de que la instrucción lleva más de tres años vigente, aún no ha concluido. A comienzos de 2013, el juez Pablo Ruz solicitaba la presentación de las actas de las reuniones en las que se concedieron préstamos a empresarios que pudieron provocar un agujero de 267 millones en las cuentas de la entidad.

La mala gestión de la segunda caja de ahorros que fue intervenida, Cajasur, se saldó con una sanción administrativa impuesta por el Banco de España, pero en el caso de la tercera, Caja Mediterráneo (que ocupaba la tercera posición en el sector de cajas en aquel momento) sí que ha acabado derivando en una instrucción judicial. El juez de la Audiencia Nacional está investigando hasta qué punto hubo una conducta dolosa en el expresidente Roberto López Abad.

El siguiente escándalo que saltó a la opinión pública se produjo en Galicia. Tras la fusión de las dos cajas locales –Caixa Galicia y Caixanova–, el equipo directivo se atribuyó unos generosos contratos para el caso en que dejaran su cargo. Cuando el Estado tomó el control de Novacaixagalicia y estos directivos cesaron, cobraron una indemnización total de 40 millones de euros, pese a que la caja estaba en quiebra. La Fiscalía Anticorrupción acusa a cinco ejecutivos de apropiación indebida y ha pedido penas de cárcel, así como al expresidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso.

La cúpula de Caixa Penedès, con Ricard Pagès a la cabeza, también se atribuyó unas pensiones e indemnizaciones por despido muy abultadas, que cobraron cuando la entidad se unió a Cajamurcia en el grupo BMN. Finalmente, esta alianza de cajas ha tenido que recibir ayudas públicas para seguir funcionando y Anticorrupción ha solicitado penas de cárcel para tres directivos imputados (un cuarto falleció), por cobrar indebidamente más de 20 millones de euros.

El gran proceso judicial de las cajas es el caso Bankia. La entidad, fruto de la fusión de Caja Madrid, Bancaja y cinco cajas locales, se convirtió en su día en la mayor del país y la gran esperanza de que el sector pudiera salir adelante. Con Rodrigo Rato al frente recibió una primera inyección de ayudas públicas, captó miles de millones comercializando participaciones preferentes para reforzar su capital y después salió a Bolsa. Ninguno de estos pasos bastó para enderezar las deterioradas cuentas de la entidad, que acabó siendo nacionalizada. Su caída desencadenó la solicitud del rescate financiero por parte de España a sus socios europeos. La Audiencia Nacional investiga ahora si 33 consejeros y directivos de la entidad cometieron de delitos de falsificación de cuentas, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida. Entre los imputados figuran el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el expresidente de Bancaja José Luis Olivas y el exministro del Interior Ángel Acebes. Los directivos de una de las filiales de Bancaja y posteriormente de Bankia, Banco de Valencia, también están siendo investigados por estafa y administración desleal.

El 11 de marzo el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco admitió a trámite la querella de UPyD contra los consejeros de Banca Cívica por irregularidades en la fusión y salida a Bolsa de la entidad. Además, un juzgado de Pamplona analiza si hubo delito en la concesión de dietas y créditos a consejeros de Caja Navarra (entidad impulsora de Banca Cívica).

La Fiscalía abrió diligencias en 2012 contra directivos de Caja Segovia, Caja España y Caja Duero para analizar denuncias de prejubilaciones millonarias y créditos a miembros de los consejos. Izquierda Unida, que ha promovido la investigación, ha denunciado que el exdirector general de Caja Segovia, Manuel Escribano, "recibirá cerca de 6 millones de euros en diez años en concepto de prejubilación".