El contrato único se topa con el rechazo frontal de Gobierno, patronal y sindicatos

La propuesta del comisario europeo de Empleo, László Ándor de crear un “contrato único abierto” en España para frenar el desempleo juvenil se ha topado con un férreo rechazo por parte de todos los agentes del mercado laboral: Ejecutivo, empresarios y sindicatos.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya sugirió el lunes que no pensaba hacer caso de la sugerencia hecha en Madrid por el comisario europeo de Empleo, László Ándor, para que España cree un contrato único abierto” con el que combatir el elevado paro juvenil. La respuesta de Rajoy fue que no modificaría la reforma laboral, ni en este ni en ningún otro sentido.

Hoy han llegado las explicaciones por parte de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, quien aclaró que la creación de un contrato único de este tipo “no entra dentro de la doctrina constitucional española”. Recordó que el Gobierno ya tuvo encima de la mesa esta propuesta elaborada por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y asumida solo por una parte de los empresarios y ya entonces concluyeron que era inconstitucional.

Sin embargo, el comisario europeo –que hoy seguía de visita en Madrid– respondió rápidamente a la negativa del Gobierno español y a sus argumentos de inconstitucionalidad. Insistió en que propuestas como el contrato único servían para aumentar el número y la calidad de los puestos de trabajo disponibles para la gente joven y para combatir la segmentación del mercado laboral español, que genera “muchos trabajos precarios y temporales”.

De hecho, tras esta insistencia, László Áldor ha advertido al Ejecutivo que “muchas veces son necesarios cambios legislativos para encontrar la solución a un problema; y es evidente que aquí hay uno con el desempleo juvenil, que es muy alto”. Añadió que “el Gobierno debe hacer todo lo que esté en su mano para mejorar las oportunidades de los jóvenes”.

Es más, el responsable de Empleo comunitario lanzó un claro reproche al Ejecutivo español, al explicar que cuando el PP ganó las elecciones el aseguró que no se podía ir a peor teniendo en cuenta la ya grave situación de la economía en 2011 y porque confiaba en que el nuevo Gobierno tomaría las medidas adecuadas para invertir la situación, pero esto no fue así, según él. "Tenía esperanzas que tras las elecciones, y con un nuevo mandato, que el nuevo Gobierno se embarcaría en un amplio paquete de medidas, pero mi crítica es que su estrategia llegó muy tarde", ha asegurado.

Pero las críticas a la sugerencia comunitaria no se limitaron a los miembros del Ejecutivo. El presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell –que protagonizó ayer un desayuno informativo organizado por Europa Press– también la rechazó de plano al considerarla una propuesta “muy atrevida”.

En su opinión, se trata de “un planteamiento muy teórico, y el papel lo aguanta todo”. Pero no cree que este tipo de contrato pudiera tener cabida en una economía como la española donde el sector servicios es predominante “y los empresarios necesitan tener más contratos, temporales, a tiempo parcial etc.” Es más, Rosell se mostró irónico al preguntarse si “en el país del señor comisario existe este tipo de contratos o en algún otro país europeo”. Si bien, finalmente, suavizó su postura al asegurar que antes de emitir una postura oficial debería estudiarse la propuesta concreta de la Comisión.

"Hartos de la Comisión Europea"

También los sindicatos consideraron la propuesta de Ándor como "una ocurrencia" que esperan que no sea recogida por el Gobierno español. "Sería una invitación expresa a las empresas para que optaran por el despido de la gente joven, porque resulta menos costoso. Es el despido sin causa y además casi gratis total”, ha alertado el líder de CC.OO, Ignacio Fernández Toxo. Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, fue aún más duro: “estamos un poco hartos de que la Comisión Europea, en vez de asumir sus responsabilidades, que son las de diseñar otra política para salir de la crisis, hable de cosas que no le corresponden”, ha dicho.

En lugar de crear un nuevo contrato, Rosell ha abogado por la necesidad de impulsar la contratación a tiempo parcial, que en España solo alcanza actualmente el 13% de los contratos, frente al 26% en Alemania. En este punto, ha asegurado que si se lograra equiparar este porcentaje al del país germano, la tasa de paro se reduciría en unos 6 puntos porcentuales.

No obstante, reconoció que los 'minijobs', que tanto éxito han tenido en Alemania “no son la solución a todos los problemas” porque en el mercado germánico "están generando mucha dualidad", que es precisamente lo que se quiere atajar en el mercado español. Aunque matizó que este tipo de empleo precario puede ser una “solución pasajera y de choque” para reducir el desempleo, siempre teniendo en cuenta que la citada dualización del mercado laboral "es un peligro”.

Dudas sobre la EPA

Rosell también ha instado a mejorar las estadísticas de paro, haciendo distinciones y clasificaciones similares a las de otros países porque, según él, no tiene sentido que las dos formas de medir el paro en España -la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y el desempleo registrado en los servicios públicos de empleo- arrojen una diferencia de un millón de desempleados.

Rosell ha asegurado que “él se cree más” los registros del paro de los servicios públicos de empleo (que sitúan el paro en aproximadamente cinco millones de personas) y de afiliados a la Seguridad Social que los datos que trimestralmente publica el INE a través de la EPA y que cifran el desempleo en España por encima de los seis millones de personas.

“Me fío más (de los datos del Ministerio de Empleo), no porque el INE lo haga mal, pero el propio INE reconoce que la encuesta es mejorable y que los datos no son infalibles”, ha dicho Rosell.

En este sentido, abogó por crear más de una medición del desempleo como hace Francia o Estados Unidos. Según explicó, en España podría depurarse, por ejemplo, el número de prejubilados "que ya no van a trabajar", con lo que saldrían unas 300.000 personas de las listas del desempleo.