La importancia del crédito fiscal a la I+D+i
A pesar de la difícil coyuntura económica que vive nuestro país en la actualidad, conviene destacar que España dispone de un incentivo sumamente atractivo para los inversores y emprendedores nacionales o extranjeros. Se trata de las deducciones fiscales por actividades en I+D+i.
Este incentivo sigue siendo uno de los mecanismos más potentes en el perímetro de los países miembros de la OCDE, tanto por el alcance conceptual (incluye a la vez conceptos como la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica) como por su potencial incentivador (hasta un 42% de los gastos deducibles). Lo cierto es que además de dotar a España de un atractivo único en la materia, este sistema ofrece una imagen positiva de nuestro mercado de cara al conjunto de stakeholders del sistema económico financiero global, sean privados, Administraciones o instituciones.
No obstante, por muy buen incentivo que sea, falta a día de hoy un requisito imprescindible para poder aplicarlo y hacer un uso masivo del mismo: empresas con bases imponibles suficientes.
Algunos países han sabido dar la vuelta a esta situación para darle un mayor protagonismo a su sistema de fiscalidad de la I+D. Es el caso de Francia donde, a pesar de no disponer de un sistema tan potente como el español, desde el año 1983 tiene en funcionamiento un sistema de devolución del crédito no imputado que ayuda a la empresa sin beneficios a recibir financiación de forma inmediata.
En la actualidad esta medida de acompañamiento del incentivo, que desarrolla el artículo 199 ter B del Código General del Impuesto francés, tiene habilitadas dos modalidades de activación. La primera de ellas en forma de devolución inmediata (esto es, el crédito fiscal se paga en el momento a la empresa) y dirigida a pymes, empresas de menos de cinco años, empresas con estatuto Joven Empresa Innovadora y empresas en proceso concursal.
La segunda modalidad de activación del incentivo se concreta en una devolución tras un ciclo de tres años, imputando el saldo en cada impuesto de sociedades intermediario. Es decir, se hace un balance transcurrido cada periodo de tres años de lo pendiente de aplicar y se paga dicho importe a la empresa.
La puesta en marcha de esta medida en Francia ha tenido un impacto sin precedentes en el uso de las deducciones, puesto que 7.871 empresas se benefician de esta medida, de las que un 82,7% son pymes, lo que refleja el éxito de esta política de financiación de la I+D apoyada indistintamente desde hace 30 años por los distintos Gobiernos en Francia. Se calcula que el coste del incentivo en la actualidad es de unos 3.800 millones de euros.
Para finalizar con esta referencia a nuestro país vecino cabe indicar que se estima que cada euro utilizado a través de este mecanismo fiscal genera 1,3 euros en investigación y desarrollo, lo que supone en 15 años una aportación positiva del 0,5% en la evolución del PIB.
Ya de vuelta a España, recordemos que hoy el Gobierno que preside Mariano Rajoy va a presentar un importante paquete de reformas estructurales con el objetivo de impulsar la competitividad y la flexibilidad de la economía, así como el crecimiento de los distintos sectores productivos del país. La tan ansiada, urgente y necesaria ley de emprendedores podría formar parte de este paquete de nuevas medidas. Consciente del impacto que puede tener en términos de competitividad para el conjunto de la economía española, el Ejecutivo ha comunicado su voluntad de incluir en la ley de emprendedores la posibilidad de acudir al sistema de devolución de créditos fiscales en I+D no aplicados, tal y como hemos visto que ya se practica en Francia.
Calculamos que en España este complemento a las deducciones fiscales en I+D+i podría suponer un coste anual de 600 millones de euros, aunque hay que volver a poner énfasis en el efecto multiplicador que tiene este mecanismo fiscal y en su contribución al crecimiento en el medio plazo, como ya hemos señalado para el caso francés. Por último, cabe destacar la predisposición de nuestro sistema de calificación fiscal de la I+D+i (mediante la emisión del informe motivado para proyectos certificados por entidades acreditadas por ENAC) que permitiría que un esfuerzo de este tipo vaya de forma eficaz a proyectos y empresas que hacen I+D+i. De todo ello, nuestro país saldría beneficiado.
Xavier Cazabón es Director general de F. Iniciativas