El mundo jurídico reclama al Senado la dación en pago retroactiva

Apoyamos un cambio de la normativa sobre ejecuciones hipotecarias que dé una segunda oportunidad a las personas a partir de las medidas recogidas por la proposición de ley de dación en pago, paralización de desahucios y alquiler social”, concluye el manifiesto firmado este martes por el Consejo General de la Abogacía Española, con el apoyo de la Asociación de Jueces por la Democracia y 500 juristas, entre funcionarios de justicia, notarios, procuradores, profesores, registradores o secretarios judiciales, por el que “el mundo jurídico” pide al Senado que corrija la reforma hipotecaria promovida por el PP.

El colectivo hace un llamamiento específico a los senadores del PP, alertando de que el texto enviado a la Cámara Alta es insuficiente y podría colapsar más los juzgados. Su defensa de la dación en pago retroactiva llega en la recta final de la tramitación, ya que el plazo para presentar enmiendas concluye el viernes y la aprobación definitiva de la norma tendría lugar “en dos o tres semanas”, según fuentes parlamentarias.

“El Parlamento tiene una oportunidad histórica de solucionar un problema. La morosidad hipotecaria de particulares no llega al 4% pese a que la crisis está siendo tremenda. No es previsible un efecto llamada”, defendió José María Fernández Seijo, el magistrado de Barcelona que elevó la cuestión sobre cláusulas abusivas al Tribunal Europeo, que a raíz de ello obligó a cambiar la ley española.

El magistrado cargó contra la reforma promovida por el PP, que según Economía podría rebajar de 115.000 a 30.000 euros la deuda pendiente que le hubiera restado tras perder su vivienda a Mohamed Aziz, el ciudadano marroquí que motivó la sentencia europea. Fernández Seijo corrigió los cálculos ministeriales manifestando que su deuda pendiente hoy es de 50.000, no de 115.000, y que los 20.000 euros que dejaría de deber no solucionarían su caso porque “ha perdido la vivienda y no tiene para pagar ni 30.000, ni 50.000 euros”. En opinión del juez, además, el texto del PP es de “difícil aplicación”, generará conflictividad y podría colapsar aun más los juzgados.

José María Miquel, catedrático de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid, argumentó por su parte que no se ha actuado debidamente sobre las cláusulas abusivas. A su juicio, como ocurre con el descubierto en cuentas corrientes, los intereses de demora nunca podrían superar 2,5 veces el precio del dinero, lo que hoy equivale a un 10%. Por eso, la limitación a tres veces el precio del dinero (12%) impuesta por el PP se le antoja insuficiente mientras que las prácticas, hasta ahora habituales, de intereses al 30% serían cláusulas nulas o motivo de nulidad de la hipoteca si se consideran usura. En Alemania, ilustró, los intereses de demora están en el 4% y no se ejecuta una hipoteca por el impago de una cuota, o de tres como pide ahora el PP, sino si se adeuda el 10% del préstamo.

“La abogacía se dedica a pedir Justicia y es lo que estamos haciendo” con el memorando, aseveró ayer Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española. El organismo también presentó ayer al Gobierno un proyecto de oficinas de intermediación hipotecaria para promover la solución de los desahucios por la vía extrajudicial.