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Editorial

Reforma sin pausa en el modelo de retiro

El sistema de pensiones español acumula ya al menos dos años completos de déficit, pese a gastarse todas las fuentes menores de recursos que generaban ahorro, y este será el año en el que las cuentas arrojen descarnadamente la situación próxima a la insolvencia hacia la que camina el sistema si no se toman decisiones serias y duras en los próximos meses. Sus cuentas de explotación del ejercicio, por utilizar una terminología puramente empresarial, arrojarán unas pérdidas de explotación de no menos de 14.000 millones de euros (un 1,4% del PIB), dado que los ingresos se están reduciendo al mismo ritmo al que lo hace el empleo (todavía desciende a tasas interanuales superiores al 3%), y la factura de las pensiones avanza a tasas superiores al 4%, pese a haberse limitado la revalorización de este año.

Cierto es que ha entrado en vigor en enero la reforma del sistema que aprobó el Gobierno Zapatero en 2011, pero no es menos cierto que el escenario ha cambiado de tal forma que hoy hay 300.000 pensionistas más y 1,3 millones de cotizantes menos, ni se puede ocultar que la transitoriedad impuesta a la reforma de Zapatero tardará en surtir efectos financieros serios en las cuentas de las pensiones. Aquello que más ahorraba para la caja del sistema, cual es el retraso de la edad de jubilación, no será plenamente efectivo hasta 2027, dentro nada menos que de 15 años. Y si bien está haber tomado la decisión de prolongar dos años más la carrera de cotización de los españoles y cercenar en otros tantos su vida como pensionistas, hay que admitir que el deterioro de la economía camina más deprisa y exige modificaciones adicionales, y seguramente de carácter radical, para preservar el primero de los pilares de renta del Estado del bienestar, y que sirve para nivelar las decisiones de consumo de millones de familias, tanto aquellas que ya son pasivas como las que lo serán en los próximos años.

Ha convocado el Gobierno a un grupo de expertos para determinar el factor de sostenibilidad que ajuste cíclicamente el gasto a las disponibilidades financieras, y que deberá estar disponible en otoño, antes de que el presupuesto público defina el gasto de 2014. Además, acaba de poner coto al abuso en las jubilaciones anticipadas, consciente como es de la necesidad de no poner pausa en la reforma del modelo de retiro.

Prácticamente todas las organizaciones con responsabilidad en las pensiones son conscientes de que no queda otro remedio que entrar en una dinámica de reforma continua, aun a sabiendas de que muchos de los elementos variables que se retocan en cada cambio tienen poco recorrido ya. En este detalle hace especial hincapié el informe elaborado por el Grupo Consultivo de Reflexión sobre Políticas Públicas, patrocinado por Unespa, que aboga por un cambio radical en la determinación de la cuantía de la pensión, sin perder la naturaleza contributiva y de reparto que tiene el sistema de pensiones español. Este grupo de expertos, con un profundo conocimiento del sistema de retiro y en el que confluyen tendencias ideológicas bien diferentes, estima que hay que armar un mecanismo de aportación definida, en vez de prestación definida, y que con el subsiguiente mecanismo corrector devuelva el cada vez más alejado equilibrio a la Seguridad Social.

Con esta fórmula, el sistema contabiliza todas las aportaciones de cada cotizante y cuando decida jubilarse, su sumatorio se divide entre el número de años de esperanza de vida que le resta a su generación. Permite acompasar las aportaciones a la prestación que uno busca, da capacidad de reflejos si una larga crisis trastoca los planes y no engorda agujeros financieros para que los costeen las generaciones futuras, como el sistema actual. Es la mejor manera de curar la endémica enfermedad del sistema contributivo y de reparto actual, para que siga siéndolo, y evite desagradables sorpresas a los cotizantes que tienen prestación esperada (definida) y que es truncada por una reforma a última hora para evitar la insolvencia.

Además, este mecanismo, que debe ser escuchado y debatido a fondo, limpia los nichos de protección social que deberían ser financiados con impuestos, y de alguna manera proporciona, con el juego inteligente de los complementos privados, que cada cual se lleve la pensión que quiera y que nadie se lleve lo que no ha aportado.

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