Bañez pide un pacto que desbloquee los convenios antes del 8 de julio
Invita a las cupulas empresariales y sindicales a pactar "un código de buenas prácticas" Baraja unificar todas las bonificaciones en torno a tres modalidades: indefinido, temporal y de formación
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, aseguró que la medida incluida en la reforma laboral de limitar a un año la prórroga –anteriormente indefinida– de los convenios colectivos, una vez que estos han sido denunciados, “lejos de ser un problema”, como denuncian algunos actores del mercado de trabajo, “ha fortalecido la negociación colectiva”.
Sin embargo, una vez hecha esta defensa en unas jornadas sobre Empleo y Competitividad en el nuevo marco laboral organizadas por Adecco y la Asociación por el Progreso de la Dirección (APD), admitió tácitamente cierta disfunción de esta situación.
Se trata de un bloqueo en la negociación de los convenios colectivos, aún mayor que el que la crisis viene provocando en los últimos años; ya que muchos de los negociadores, en su mayoría empresariales, juegan con el hecho de que a partir del 8 de julio verán decaer la vigencia del convenio que negocian y, por tanto, podrán pasar a aplicar a sus trabajadores el convenio de ámbito superior, que siempre tiene condiciones salariales y laborales menos beneficiosas y menos costosas. Este escenario podría afectar a un colectivo que va desde los 112.000 trabajadores que estima CEOE a entre dos y tres millones, según los sindicatos. Esta última cifra es la que reúne más consenso entre otros expertos del mercado.
La ministra no admitió explícitamente que esto esté pasando, pero hizo una petición de la que se desprende su conocimiento de la situación. En concreto “invitó” a las cúpulas patronales de CEOE-Cepyme y de los sindicatos CC OO y UGT a que “mantengan el diálogo y lo materialicen en la elaboración de un código de buenas prácticas” que sirva para desbloquear las negociaciones de convenios que están paralizados ante su inminente pérdida de vigencia.
Para Báñez “esto contribuirá a la paz social”. De hecho, la propia ministra admitió recientemente en el Congreso que su departamento era consciente de los problemas que podían surgir a partir del 8 de julio por esta medida y que, por ello, los técnicos estaban “estudiando” qué hacer al respecto. Días después, la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, añadió que el Gobierno esperará a ver qué efectos tiene la medida para adoptar alguna decisión.
Queda poco tiempo
Báñez no habló de tiempo para diseñar este código de buenas prácticas, pero fuentes de Empleo precisaron que lo lógico sería que se hiciera antes del 8 de julio. De no ser así, en Empleo no explican qué harán.
No obstante, esta invitación de la ministra “llega tarde” según explicó ayer el número dos de CC OO, Ramón Górriz, quien desveló que los sindicatos ya propusieron a la CEOE el pasado 5 de abril varias alternativas para mitigar los posibles efectos negativos del fin de la ultraactividad de los convenios, que es como se conoce a esta prórroga. Ahora CC OO y UGTestán a la espera de la respuesta patronal que llegará en mayo.
La ministra anunció también ayer –de forma muy general y sin datos precisos– que hará una “simplificación administrativa de los contratos” ante las quejas de los empresarios a la hora de escoger un contrato que esté ligado o no a una bonificación o a otra.
Fuentes de este Departamento explicaron que se trata más bien de una reforma administrativa; no se van a reducir las ayudas ni las bonificaciones, solo se van a reordenar en torno a los tres tipos de contrato que existen: indefinido, temporal y de formación.
Báñez aún hizo un tercer anuncio. Según dijo, el 40% del dinero que reciban las comunidades autónomas para formación de ocupados y parados en 2014 estará condicionado a la consecución de objetivos.
La Audiencia Nacional urge al Supremo
“No hay relecturas judiciales conspirativas (contra la ley de reforma laboral)” aseguraba ayer el presidente de la sala de lo Social de la Audiencia Nacional, Ricardo Bodas, en respuesta a las numerosas anulaciones de despidos colectivos declaradas por los jueces tras aprobarse la nueva normativa laboral.
En este sentido, Bodas precisó que la inmensa mayoría de estas anulaciones se han dado porque el empresario no ha cumplido los requisitos formales en el procedimiento. Por ello, pidió a los empleadores que “no sean cicateros con la documentación, para que los trabajadores puedan negociar”.
Dicho esto, reconoció que la reforma laboral es “una norma muy compleja”; lo que está provocando que “las resoluciones no sean siempre concordantes”. De hecho, describió varios puntos de incertidumbre sobre los que existen distintas y opuestas doctrinas jurisprudenciales.
“Está la doctrina de los sensatos puros, que solo miran si concurren las causas y, si es así, barra libre”. En opinión de Bodas “esto no es asumible”. En segundo lugar situó la doctrina de “los no tan sensatos y los sensatos exigentes”. Estos últimos, según explicó, siguen exigiendo, además de la razonabilidad y proporcionalidad de la medida de ajuste tomada por la empresa –algo que según Bodas se tiene que mantener– que su decisión garantice la viabilidad futura de la compañía o mejore su competitividad en el mercado.
Así, para Bodas el término medio es el adecuado: el empresario debe justificar la concurrencia de causas y la adecuación de la medida (que sea proporcional a su situación económica) pero no tiene que justificar que con ella mejora el futuro de la empresa.
Ante esta división de la doctrina, Bodas pidió celeridad al Tribunal Supremo (TS) para que con sus fallos unifique doctrina Algo que el Alto Tribunal podría empezar a hacer en mayo. Además, solicitó al TS que cambie su modo de proceder “de forma excepcional” y no se pronuncie por el orden de llegada de los casos “sino que de la respuesta más rápida posible a las actuales incertidumbres”
Dicho todo esto, volvió a defender con énfasis la reforma laboral que, según dijo, “ha salvado millones de empleos” en el último año. Y añadió, que según el Ministerio de Economía, de haberse hecho la reforma antes, “se habrían evitado uno de cada dos despidos de los más de 450.000 que hubo en 2011”.
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