Andalucía expropiará pisos de bancos, filiales y "entidades de gestión de activos"
La Junta contempla multas de 1.000 a 9.000 euros sobre inmuebles vacíos de entidades. La norma entra en vigor mañana viernes.
El boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica hoy el Decreto Ley de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, destinado a propiciar la utilización de los pisos vacíos y solventar el problema de los desahucios y que contempla sanciones y expropiaciones de inmuebles de la banca y las inmobiliarias.
En concreto, la norma incluye una disposición adicional en la que declara de “interés social” tomar las medidas oportunas “a efectos de expropiación forzosa de la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social”.
La norma, que entra en vigor mañana, establece que podrán efectuarse expropiaciones sobre “viviendas incursas en procedimientos de desahucio instado por entidades financieras, o sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos”, en los cuáles resulten adjudicatarios uno de estos tres agentes.
La mención expresa de "entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria" es una clara referencia al banco malo, denominado Sareb (sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria") si bien habría que ver hasta que punto puede afectar a la sociedad pues aunque posea pisos de desahuciados no inicia procesos de este tipo.
De momento, son la banca y las inmobiliarias, con Unicaja y CaixaBank (por haber absorbido Banca Cívica) a la cabeza, los mayores afectados potenciales por la medida aprobada por la Junta de Andalucía.
La idea es que la Junta expropie temporalmente, durante un plazo máximo de tres años, los inmuebles en los que se desahucie a familias especialmente vulnerables para alojarlas durante dicho plazo.
La medida se dirige fundamentalmente a personas que hayan sufrido un “importante menoscabo” de su situación económica en los últimos años, cuya carga hipotecaria se haya incrementado al menos en 1,5 veces y cuyas rentas no superen tres veces el Iprem (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples), situado en 532 euros mensuales.
A cambio, los beneficiarios deberán pagar a la Junta un máximo del 25% de sus rentas, en una cuantía nunca superior al justiprecio que la comunidad conceda al inmueble en cuestión.
Sanciones de 1.000 a 9.000 euros
Así mismo, el decreto busca “aflorar en alquiler el parque residencial desocupado existente en la comunidad autónoma”. Se trata, informa la propia Junta de “entre 700.000 y 1.000.000 de inmuebles, de los que entre 350.000 y 500.000 pertenecen a personas jurídicas, fundamentalmente bancos y empresas inmobiliarias”.
En concreto, el decreto incluye un sistema de sanciones “leves, graves y muy graves” para los bancos e inmobiliarias que mantengan “ocioso” su stock residencial, lo que incluye multas de entre 1.000 y 9.000 euros por inmueble.
Se tomará como referencia que la vivienda cuente o no con suministro de agua y de electricidad, así como su cuantía, tomando como referencia la media habitual por vivienda y año facilitada por las compañías suministradoras. El padrón de habitantes y otros registros públicos; la recepción de correo, o la utilización habitual del inmueble para realizar comunicaciones telefónicas e informáticas serán otros baremos.
“Para declarar como vacía una vivienda será necesario acreditar durante un periodo de seis meses la no habitación”, adelantan desde la Junta, donde aseveran que “los interesados estarán amparados por un procedimiento garantista”. Se creará, entre otras cosas, un plan de inspección de dos años.
En este caso, sí que parece claro que Sareb podría verse afectada por el decreto ya que cuenta con multitud de viviendas vacías en Andalucía. Fuentes de la sociedad confirman que sus servicios jurídicos estudian los posibles efectos de la norma en estos momentos.
