Desempleo y séniors

No se entiende cómo el Gobierno ha puesto la tijera en las personas que tienen más de 55 años endureciendo las condiciones de acceso al subsidio por desempleo (426 euros/mes), única ayuda que les queda antes de empezar a cobrar la pensión de jubilación tras haber agotado su prestación por desempleo. La explicación dada es que la percepción de prestaciones por desempleo supone un desincentivo a la búsqueda de empleo. Por lo tanto, la medida tiene como objetivo incentivar la búsqueda de empleo para que no favorezca el tránsito hacia las prejubilaciones.

Las dificultades financieras llevan al Gobierno a intentar equilibrar los gastos con los ingresos ya que la estabilidad económica y financiera es una condición para el crecimiento, pero la crisis nos demuestra que un crecimiento equilibrado y sostenible exige mucho más de lo que se está haciendo. Lo que está en tela de juicio es el equilibrio de las prioridades y el orden de la aplicación de las medidas. Es evidente que los derechos sociales cuestan dinero y son los primeros afectados por la crisis, pero nunca se debiera cargar sus costes en los más desfavorecidos, sino más bien todo lo contrario, limitar los efectos negativos de la crisis en los más vulnerables.

El problema real de las personas que llegan a la mencionada edad es que están expuestos a muy grandes dificultades de reinserción cuando se encuentran en situación de desempleo, por lo que es casi imposible encontrar un empleo. Y eso lo saben muy bien todas las trabajadoras y trabajadores que alcanzan la edad de 55 años, incluso antes.

En este contexto, la salida del desempleo de las personas de más de 55 años, normalmente, se efectúa por la retirada definitiva del mercado de trabajo (efecto desánimo) por los grandes esfuerzos realizados de inserción y no porque no quieran trabajar. A pesar de su voluntad, se ven obligados a retirarse del mercado laboral a través de los subsidios para personas de más de 55 años. De hecho, la Comisión Europea clasifica a este colectivo como grupo desfavorecido ante el mercado de trabajo por su mayor vulnerabilidad ante la crisis.

Así, como consecuencia de la profundidad de la crisis, su situación está lejos de incitar al optimismo ya que la mayoría no encuentra el mismo tipo de trabajo que ocupaba antes de perderlo, por lo que son excluidos del mercado laboral y, por lo tanto, incrementa su duración en el desempleo de larga duración, hecho este que influye negativamente en la empleabilidad y carrera profesional de las personas, ya que al permanecer durante largos periodos de tiempo alejados de un puesto de trabajo sus habilidades y conocimientos profesionales pueden quedar obsoletos. Los datos son contundentes y nos muestran que hoy el 70% de las personas de más de 55 años en situación de desempleo son de larga duración (más de un año), frente al 45% de 2007, lo que representa un incremento de 15 puntos porcentuales.

Es decir, que siete de cada diez personas mayores de 55 años se encuentran como paradas de larga duración, frente a cinco del conjunto de la población desempleada.

Una consecuencia de la exclusión del empleo es la pérdida de capital humano: por un lado, el capital humano de los excluidos no es utilizado y, por otra parte, disminuye con la duración de la exclusión. El problema no se resuelve recortando sobre los recortes, sino más bien todo lo contrario. Se necesitan fuertes inversiones en políticas de formación o de recualificación de estos activos con el fin de restaurar su empleabilidad. Lo que no es el caso de nuestro país, donde a pesar del paro tan elevado, incomprensiblemente se han reducido las políticas activas.

Es lamentable que nuestro Gobierno responda con recortes sociales y no sea capaz de estimular el mundo empresarial mediante políticas activas de empleo adecuadas. Con este proceder pierde nuestro país al no saber utilizar toda la experiencia acumulada de las personas de más de 55 años.

En este sentido, es necesario adoptar medidas adicionales de fomento de la formación dirigidas a los mayores de 55 años desplazados del mercado de trabajo y diseñadas para incrementar la eficiencia en la búsqueda de empleo. En caso contrario se dificulta seriamente su empleabilidad, ya que la cualificación de los mismos en la mayoría de los casos está inadaptada a las nuevas necesidades de las empresas.

Por último, la experiencia y la teoría económica coinciden en demostrar que las economías son más eficaces, el bienestar se incrementa, con presencia de protecciones sociales eficientes. Favorecer el crecimiento del capital humano y la productividad, la protección social en sentido amplio (educación, salud, jubilaciones, etc.), es un factor de equilibrio de crecimiento duradero.

Por ello, no es recomendable hacer más difícil el acceso a las personas mayores de 55 años a una subvención a la que tienen todo el derecho del mundo al no ser capaz la sociedad de ofrecerles un trabajo tal como contempla la Constitución. Con este recorte lo único que se hace es cargar los costes de la crisis en las personas que no la han provocado y, mucho menos, las de más edad, después de toda una vida consagrada al trabajo. De este modo, van a vivir de la caridad, por lo que están abocadas a la marginalidad más absoluta y es un claro retroceso de nuestros derechos sociales.

Vicente Castelló es profesor de la Universidad Jaume I.