Financiación autonómica: la nueva batalla que viene

Han pasado algo más de tres años desde que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el actual modelo de financiación autonómica y el sistema ya vuelve a estar bajo revisión. El Ejecutivo de Mariano Rajoy, que en la oposición votó en contra del modelo impulsado por Zapatero, se comprometió a aprobar una nueva ley y comunidades de su propio partido, como Madrid o Castilla y León, presionan para que cumpla cuanto antes su promesa. De momento, se ha establecido un grupo de trabajo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera –órgano que reúne a los representantes de Hacienda del Estado y sus homólogos autonómicos– con la misión de analizar el resultado de la vigente Ley de Financiación Autonómica y proponer mejoras.

Sin embargo, Hacienda, a diferencia de las comunidades, no tiene ninguna prisa. Sabe que cada vez que se aprueba un nuevo modelo, la Administración central pierde recursos y competencias a favor de las autonomías. Así ha sucedido desde que en 1993, el entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, arrancó de Felipe González la cesión del 15% del IRPF. Ese porcentaje ya alcanza el 50% para el impuesto sobre la renta o el IVA. ¿Cuál es el siguiente paso? El Gobierno, de momento, no ha presentado las líneas generales de la futura reforma y argumenta que esperará a conocer la opinión de la comisión de trabajo del Consejo de Política Fiscal.

Rajoy llegó a apuntar la posibilidad de que el nuevo modelo de financiación entrara en vigor en 2014, algo que parece altamente improbable. El anterior sistema vio la luz tras dos años de arduas negociaciones y el acuerdo final solo se alcanzó después de que la entonces ministra de Hacienda, Elena Salgado, salvara las reticencias de las comunidades del PP poniendo encima de la mesa 11.000 millones adicionales. Un recurso que, con la situación actual de las finanzas públicas, resulta complicada.

Además, poner de acuerdo a 17 comunidades autónomas no resulta sencillo y especialmente cuando se debate de la financiación, un terreno abonado para que florezcan los agravios territoriales. Nadie quiere ganar menos que el vecino.

Por otra parte, en las anteriores reformas del sistema de financiación, Cataluña siempre llevó la voz cantante. Durante los Gobiernos de Pujol, Convergència i Unió (CiU) supeditó su apoyo a los Ejecutivos con minoría de Felipe González primero y José María Aznar después al incremento de la participación de las comunidades en los grandes impuestos estatales. La misma estrategia siguió el tripartito con Zapatero.

Sin embargo, ahora, la situación es distinta. El Gobierno de Rajoy cuenta con una amplia mayoría absoluta y la Generalitat de Artur Mas, apoyada por Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), ha pasado a otro estadio con su propuesta de realizar un referéndum soberanista. En cualquier caso, Cataluña participará en la comisión de trabajo y Moncloa confía en que Mas vire su rumbo independentista ante una hipotética mejora de la financiación.

De hecho, amplios sectores de CiU renunciarían gustosos a la independencia si Cataluña obtuviera un modelo de financiación similar al del País Vasco o Navarra. Ahora bien, regiones gobernadas por el PP como Madrid, Castilla y León, Galicia o Murcia ya han calificado de inaceptable tal posibilidad. Y así se lo trasladaron a Cristóbal Montoro, en una reunión en la sede del PP el pasado miércoles. El ministro de Hacienda tranquilizó a sus compañeros de partido y aseguró que el acuerdo será multilateral e igual para todas las comunidades. Con estos condicionantes arrancan las negociaciones sobre la reforma de la financiación autonómica, un debate que resulta sencillo de abrir, pero que uno nunca sabe cómo acabará.