Bruselas excluirá del cómputo de déficit las deudas con proveedores

Bruselas concede por primera vez un trato de favor a las partidas presupuestarias para resolver el gravísimo problema de los pagos atrasados de las administraciones públicas con las empresas. Aunque el Pacto de Estabilidad no contempla ninguna excepción para ese gasto, la Comisión Europea se declara dispuesta a valorarlo como “atenuante” a la hora de verificar el objetivo de déficit de cara a los próximos ejercicios. En la práctica, equivale prácticamente a excluir el pago de proveedores del cómputo de los números rojos.

La medida se ha estrenado con Italia, uno de los países donde los impagos públicos alcanzan los 100.000 millones de euros de un total de 180.000 millones en toda la UE. La cuenta italiana equivale a seis puntos porcentuales del PIB del país. Y saldarla repercutiría gravemente en sus cifras de déficit (3,9% en 2011) y especialmente en las de deuda pública (120,7%). Las últimas previsiones de la Comisión Europea apuntan a que la deuda pública italiana rozará el 130% del PIB este año y el que viene.

El departamento de Antonio Tajani, vicepresidente de la Comisión y titular de Industria, confía en que Roma pueda aprobar un programa de liquidación de la deuda acumulada en un plazo lo más corto posible. Fuentes comunitarias señalan que la experiencia podría repetirse en otros países. Y añaden que se está estudiando los casos de España y Portugal, donde la media de atraso roza los 140 días en ambos casos. De hecho, España fue pionero a la hora de poner en marcha un plan de pago a proveedores, a través del cual se saldaron deudas con empresas por importe de 27.000 millones de euros. La mayor parte (17.718 millones) correspondieron a las comunidades autónomas, mientras que los restantes 9.263 millones eran deudas municipales. En ambas categorías sobresalían los casos de la Comunidad Valenciana (4.354 millones de deuda, un 25% del total autonómico) o del ayuntamiento de Madrid (1.004 millones, un 11% de la deuda local).

Más flexibilidad

La reinterpretación del Pacto de Estabilidad para facilitar los pagos a empresas confirma la voluntad de la Unión Europea de completar los planes de ajuste con medidas de alivio en los países más asfixiados económicamente. Un giro que se ha acelerado tras la última cumbre europea, celebrada los pasados 14 y 15 de marzo, aunque se lleva a cabo de manera muy discreta y calculada para que no se confunda con una relajación generalizada de los objetivos de consolidación presupuestaria.

En primer lugar, la CE ha decidido concentrar su vigilancia en el déficit estructural (que toma en cuenta la coyuntura económica) y no el nominal, lo que da mayor margen de maniobra a los países en dificultades que adoptan reformas. De hecho, Bruselas ya ha prolongado los plazos de saneamiento para Portugal y ha anunciado su intención de prorrogar también los de España, en principio hasta 2015

Además, la CE ha descontado del cómputo de déficit el coste de la reestructuración del sector bancario, lo que a efectos del Pacto de Estabilidad deja el déficit español en el 7% (y no en el 10% real). Y ahora introduce una nueva flexibilización en el Pacto que permitirá a Italia saldar sus cuentas sin temer una sanción. La medida llega apenas dos semanas después de que entrará en vigor la directiva comunitaria de plazos de pagos, que establece que las administraciones públicas (salvo el sector sanitario) paguen sus facturas en un plazo de 30 días o de 60 días en casos excepcionales. Una medida que en países como Italia no tiene carácter retroactivo y que dejaría pendientes miles de millones de euros por pagar.

La situación resulta especialmente grave en los países del sur de Europa, donde el retraso (90 días de media) triplica al de los países del norte. Y supone un agravante en la fragmentación de una zona euro que también se manifiesta en las dificultades de las empresas del sur para acceder al crédito, por el que están pagando como mínimo el doble que una empresa alemana o francesa.