Deficiencias del plan antifraude
Las directrices del Plan de Control Tributario de 2013 se estructuran en tres grandes ámbitos: comprobación e investigación del fraude tributario y aduanero, el control del fraude en fase recaudatoria y colaboración con las Administraciones tributarias de las comunidades autónomas. Respecto del fraude tributario, las líneas de actuación previstas este año se pueden calificar en su mayoría de positivas, pero son líneas de actuación que se repiten cada año, y el fraude fiscal ni se corrige ni disminuye, por lo que resulta evidente que algo no funciona bien.
Para tratar de entender las causas de la falta de efectividad de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude, a pesar del triunfalismo oficial basado en meros datos cuantitativos, hay que citar el proceso de planificación que hace la Agencia Tributaria, a partir de la publicación del Plan de Control Tributario.
En primer lugar, cada año se identifican de forma correcta en el Plan de Control Tributario las áreas de mayor riesgo fiscal. Así, en el del año 2013 se establecen como áreas de atención prioritaria, entre otras, las relativas a la lucha contra la economía sumergida, rentas no declaradas, deslocalización internacional o planificación fiscal abusiva. En segundo lugar, esas áreas de riesgo se desglosan posteriormente en más de 100 planes de actuación diferentes, por lo que los esfuerzos de la inspección se dispersan. Se quiere abarcar mucho, con pocos medios, y la consecuencia es que no se actúa con la intensidad necesaria sobre las áreas que representan el fraude más sofisticado. Se puede decir que la Inspección picotea un poco en todos los planes de inspección que quiere llevar a cabo.
A la hora de decidir no pagar impuestos, el defraudador valora conjuntamente la posibilidad de ser descubierto y las sanciones que se le puedan imponer en el supuesto de que eso ocurra. En relación con la primera circunstancia, se valoran las probabilidades de ser incluido en el plan de inspección, que actualmente son mínimas, y las dificultades que tiene la Administración de descubrir determinadas conductas fraudulentas, como la utilización de los paraísos fiscales. Esta última ha sido la causa, por ejemplo, del fracaso de la amnistía fiscal, ya que el dinero negro se siente seguro en dichos territorios.
En tercer y último lugar, a cada equipo de inspección se le asigna un número excesivo de comprobaciones, lo que imposibilita la investigación necesaria para descubrir el fraude, ya que las actuaciones se centran prácticamente en verificar la corrección de las declaraciones presentadas por los contribuyentes o en detectar fraudes superficiales. Se pretenden conseguir los objetivos marcados haciendo muchas actuaciones, rápidas y con poca deuda. Lo que decimos los inspectores es que, de esta manera, no solo no se combate el fraude fiscal, sino que se está alentando al defraudador para que persista en su conducta, sabiendo que no va ser descubierto.
Sin embargo, cada año se facilitan al Parlamento y a los medios de comunicación cifras estadísticas brillantes sobre los resultados obtenidos, pero se quedan solo en el aspecto numérico, ya que no se explica la incidencia que han tenido en las áreas de mayor riesgo fiscal reflejadas en el Plan de Control Tributario. Así, por ejemplo, habría que preguntarse dónde están los resultados de la utilización fraudulenta de los paraísos fiscales, sobre los que nunca se han ofrecido los datos obtenidos pese a que en los últimos años siempre han figurado como área de riesgo fiscal.
El último barómetro del CIS indica que el segundo problema para los españoles, después del paro, es la corrupción. Pues bien, los inspectores de Hacienda podríamos aportar nuestro grano de arena para combatir esta lacra social sobre la que nuestros políticos no se ponen de acuerdo en las medidas para combatirla.
En los casos de corrupción conocidos por todos es habitual la existencia de delitos fiscales, de blanqueo de capitales y de otras figuras delictivas, como el cohecho. En todos ellos existen circunstancias comunes: movimiento de grandes sumas de dinero, enriquecimiento desproporcionado de algunas personas, utilización de redes de sociedades interpuestas y la utilización de testaferros, sociedades pantalla y de paraísos fiscales. La Agencia Tributaria dispone de una de las mejores bases de datos del mundo y de unos profesionales altamente cualificados, por lo que está en una situación privilegiada para descubrir situaciones que a veces pasan o intentan pasar por meros fraudes fiscales. Por ello, se debería haber incluido en el plan de control la comprobación de representantes públicos como una línea de actuación prioritaria.
Otra línea de actuación que no figura de facto en el plan y que sería imprescindible es la relativa a la comprobación de las declaraciones presentadas en el proceso de amnistía, las DTE. Los inspectores lamentamos que dicha comprobación no figure en el plan como una línea principal de actuación, ya que ha sido una petición reiterada desde hace meses.
Por último, otra actuación solicitada por los inspectores, y no atendida por las autoridades tributarias, se refiere a la necesidad de ejecutar un plan especial de actuaciones que aportaría mayores ingresos procedentes de la lucha contra el fraude, lo que pone de manifiesto el inmovilismo que ha caracterizado la actuación de la Agencia Tributaria en estos momentos de crisis, siendo difícil entender que no se haga un esfuerzo adicional para conseguir mayores ingresos fiscales, sobre todo si provienen de los que no pagan sus impuestos.
En resumen, las directrices recientemente aprobadas en el Plan de Control Tributario son en su mayoría acertadas, pero tenían que haberse completado con otras adicionales. Respecto de su efectividad, las nuevas medidas anunciadas no van a servir para reducir sustancialmente el fraude, por defectos estructurales de la Agencia Tributaria y por la falta de medios en la lucha contra el fraude. Una nueva oportunidad perdida.
José María Peláez Martos. Organización Profesional de Inspectores de Hacienda