Una rebaja envenenada de la tarifa eléctrica

Cuentan las crónicas estos días que el Gobierno va a bajar la luz algo más de un 6% en abril en lo que supone el primer descenso desde 2009. Ambas afirmaciones merecen ser precisadas por erróneas. La luz no bajó en 2009 o, mejor dicho, su bajada resultó ilegal, según una sentencia del Tribunal Supremo, por lo que el Ministerio de Industria tuvo que compensarla subiendo posteriormente los peajes en la proporción en que los había bajado. Un nuevo error en este mismo sentido (congelar o bajar los peajes cuando los costes reconocidos a las empresas subían) obligó al ministerio a refacturar cautelarmente el año pasado los consumos de seis meses a los 29 millones de clientes que tiene el sistema.

La segunda matización es que no es el Gobierno el que baja la luz, sino que al congelar los peajes eléctricos, que es la parte regulada de la factura y supone la mitad de la misma, ha dejado “actuar al mercado”, tal como le gusta subrayar al titular de Industria, José Manuel Soria. Con lo cual, el precio de la energía que resultó en la subasta Cesur celebrada la semana pasada, será el único que se aplique en los próximos recibos (de forma automática y sin que el Gobierno pueda intervenir) y como dicho precio experimentó un importante descenso (algo habitual en los segundos trimestres y a pesar de los nuevos impuestos a la energía), efectivamente, la tarifa de último recurso (TUR) a la que tienen derecho los consumidores domésticos bajará una media del 6,6% a partir del día 1. En el caso de los clientes con discriminación horaria, la bajada alcanzará el 8%.

¿Existe en este caso algún peligro de que las eléctricas vuelvan a recurrir ante el Supremo la congelación de los peajes, que son los que financian el abultado déficit de tarifa que se les adeuda o buena parte de las primas de las renovables? La respuesta es no, pues para evitar ese riesgo, el Gobierno ya se ocupó el año pasado de cambiar la norma que establecía que los peajes deberían ser revisados cada trimestre para absorber, en su caso, las eventuales subidas de los costes del sistema. Por tanto, en estos momentos, la evolución del precio de la energía (fijado en la Cesur) se debe trasladar al recibo cada trimestre, pero en el caso de los peajes, es suficiente con revisarlos anualmente.

Aunque el Gobierno se ha apuntado el tanto de permitir que la luz baje, pese al déficit de tarifa de 4.000 millones correspondiente a 2012 que deberá titulizar, lo cierto es que no podía hacer otra cosa. Hace apenas un mes que había revisado los peajes (por primera vez, se aprobaron en febrero con fecha 1 de enero, por motivos políticos derivados del relevo en la Secretaría de Energía), y ya en el primer trimestre del año el precio de la energía había subido un 3%. Además, no hay que olvidar que a partir de este mes, y si no se indica lo contrario a la distribuidora, los recibos vuelven a ser bimestrales, lo que provocará un efecto óptico negativo entre los usuarios.

Aunque la norma le permitía haber subido ahora los peajes para sufragar la abultada deuda eléctrica, la cercanía de ambas revisiones complicaba esta decisión. Por otro lado, en distintas sentencias y autos, el Supremo critica que se juegue con los peajes para compensar o descompensar el resultado de la Cesur que es de obligada aplicación cada trimestre. Por otro lado, aunque los peajes para este año están cogidos con pinzas (los 1.700 millones de los costes de las extrapeninsulares de 2013 están en un limbo legal), no hay aún riesgos evidentes de que se puedan incumplir, señalan algunos expertos. Al fin y el cabo, el Gobierno ha entrado por el aro al aceptar que una parte de los costes de la tarifa eléctrica (oficialmente, la financiación de las primas de las renovables) sean sufragados por los Presupuestos del Estado. Una medida que el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, solo aceptó cuando se lo pidió el nuevo secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal (hermano del jefe de la oficina económica de Moncloa, Álvaro Nadal) y que había negado a su antecesor, Fernando Marti.

Industria confía, además, en que las reformas en marcha o en estudio, permitan contener el déficit en un año tan difícil como este en el que solo el descenso de la demanda lo provocará. Una de ellas es la que afecta a los sistemas insulares y extrapeninsulares que explota Endesa. En su reciente comparecencia en el Senado, Álvaro Nadal ya dejó ver la hostilidad del Gobierno hacia una compañía que considera “extranjera” por ser propiedad de la italiana Enel. Un error político de Nadal que debe andar con tiento para evitar que se le acuse de favorecer a las eléctricas con pedigrí nacional (con las que dijo mantener “relaciones fluidas”) y más aún con las españolas en las que participa el Estado (Red Eléctrica, en cuyo consejo de administración estuvo a punto de entrar con el apoyo de su presidente, José Folgado, y Enagás).

De hecho, uno de los puntos más oscuros de la reforma de los sistemas de las islas, con la que Industria pretende fomentar la competencia y garantizar el suministro, es la cesión a REE de la generación con bombeo, lo que, según fuentes del sector, contraviene la normativa comunitaria con la que se rigen los operadores de los sistemas eléctricos, que solo pueden ser transportistas pero no productores de energía.