Nuevas trabas al despido de mayores podrían encarecer el ajuste en Bankia
El Gobierno da una vuelta de tuerca a la 'enmienda Telefónica'. La medida entra en vigor de forma retroactiva desde el 1 de enero.
“Hay que penalizar el recurso sistemático de muchas empresas a las prejubilaciones”, indicaban fuentes del Ministerio de Empleo el viernes, cuando se aprobó una medida destinada a influir en el diseño de los despidos colectivos en las empresas de más de 100 trabajadores para que no se ceben con los mayores de 50 años.
Para ello, el Ejecutivo ha vuelto a reformar la enmienda Telefónica que establecía que las grandes empresas que tuvieran dos años de beneficios debían retornar al Tesoro parte o toda la prestación por desempleo de los mayores de 50 años incluidos en un ERE.
Ahora, deberán hacerse cargo de este coste las empresas de más de cien trabajadores que tengan beneficios dos años seguidos, computando el año anterior al ERE y los cuatro siguientes.
Control a la banca con ayudas
El Gobierno también aprobó una disposición adicional por la que se conformará un grupo de trabajo, compuesto por miembros de Empleo, Economía y Hacienda, que supervisará las propuestas de acuerdo de ajuste laboral en las entidades participadas por el FROB (Bankia, Novagalicia, Catalunya Banc y Banco de Valencia) o aquellas financiadas por él (BMN, Liberbank, Ceiss y Caja 3).
Pese a este endurecimiento, el Gobierno amplía la posibilidad de que estas empresas se libren de este coste, si el porcentaje de mayores de 50 años que despidan en un ERE es inferior al peso de este colectivo de trabajadores en la plantilla.
Esta medida entrará en vigor con efectos retroactivos el 1 de enero por lo que afectará a casos como el de Bankia, pese a que la entidad selló su ajuste laboral en febrero. La entidad, que pactó la salida de 1.700 empleados por la vía de las prejubilaciones se habría ahorrado los dos primeros años de paro de los afectados con la anterior legislación, pues en 2012 perdió 19.000 millones de euros.
La previsión de que volverá a beneficios este mismo año, sin embargo, le obligaría ahora a cubrir estas prestaciones. A no ser, eso sí, que la mayoría de las 4.500 salidas previstas sean de empleados de menos de 50 años.
A este respecto, UGT denuncia que la entidad está despidiendo personal a dedo pese a que se pactó un periodo inicial de bajas voluntarias. Si la elección de los despidos forzosos ayuda a rebajar la media de edad de los despedidos, la entidad podría terminar ahorrándose el pago de las prestaciones por desempleo de sus prejubilados.