sábado, 30 agosto 2014

Está pasando

Editorial

Mejorar con prudencia la Ley Hipotecaria

La jurisprudencia europea precipitó ayer el anuncio de una reforma de la legislación hipotecaria española que incidirá de forma sustancial en la regulación del tráfico inmobiliario. Mariano Rajoy anunciaba desde Bruselas, donde hoy acude a la cumbre europea de primavera, su intención de reformar de forma urgente la normativa del sector. El presidente del Gobierno hacía pública su decisión tras conocer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara la regulación hipotecaria española incompatible con la legislación comunitaria de consumo. Los jueces europeos afirman que el mecanismo de desahucios español no ofrece suficientes garantías a la parte más débil en la relación contractual –el consumidor– porque impide solicitar al juez que suspenda cautelarmente el desalojo del inmueble para verificar la equidad del acuerdo. El fallo obliga a modificar la regulación de la ejecución hipotecaria 20 años después de la aprobación de la directiva europea de protección al consumidor.

Una decisión que llega, precisamente, cuando el Congreso de los Diputados está tramitando la reforma de la Ley Hipotecaria con idéntico objetivo: introducir mayores garantías de protección al consumidor. Desde el Ministerio de Economía se aseguraba ayer que el primer paso del Gobierno será, probablemente, ampliar el plazo de enmiendas parlamentarias, de forma que se puedan introducir de forma ágil las modificaciones que exige el tribunal de Luxemburgo.

Desde la AEB, la CECA y la Asociación Hipotecaria se ha tomado con tranquilidad la decisión judicial, dado que su contenido supone un aspecto más –y no excesivamente gravoso para las entidades– del proceso de reforma legislativa que ya está en marcha en España. Desde el sector financiero se reconoce que la legislación hipotecariaca, como cualquier otra normativa, es susceptible de mejora y perfeccionamiento. Ello incluye la conveniencia de reforzar o limar, según el caso, algunos aspectos de la norma que redundan en la desprotección de la parte más débil del contrato. La virulencia de la crisis económica –y la sensibilización que ha experimentado la opinión pública ante algunos casos de desalojo especialmente dolorosos– han sido el detonante de una reforma legal que no solo es necesaria, sino que también puede ser beneficiosa para el sistema. Pero esa circunstancia no debería utilizarse en ningún caso para poner en duda de forma global una legislación que ha servido para regular sin problemas el mercado hipotecario español hasta el momento. No en vano la seguridad jurídica que ha proporcionado la Ley Hipotecaria española es lo que ha propiciado que en España tener una vivienda en propiedad no constituya una rara excepción y mucho menos un lujo.

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