La presión de la UE acelera la oficina fiscal independiente
Velará por el cumplimiento de la ley de Estabilidad Presupuestaria Detectará y alertará sobre posibles desviaciones de gastos e ingresos
La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció el viernes en el Consejo de Ministros que agilizará la creación de una autoridad fiscal independiente. Este organismo se encargará de velar del cumplimiento de lo fijado en la ley de Estabilidad Presupuestaria y tratará de detectar de forma temprana posibles desvíos de gasto e ingresos por parte de las tres administraciones.
El anuncio se produce tan solo dos días después de que Bruselas hiciera público un informe de recomendaciones a la economía española en la que criticaba la lentitud en la constitución de esta nueva institución. La creación de esta autoridad estaba incluida en la Estrategia Española de Política Económica, aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 27 de septiembre, y se había marcado como plazo máximo para su constitución el primer trimestre de 2013.
Un plazo que difícilmente se va a cumplir, por lo que el Ejecutivo trató de apagar el fuego encendido con Bruselas anunciando que ese organismo gozará de “plena autonomía e independencia” y que tendrá como objetivo garantizar el principio de estabilidad presupuestaria que marca el artículo 135 de la Constitución. “No estará sujeta a las instrucciones del Gobierno”, señaló Sáenz de Santamaría, quién preciso que se tratará de un ente público “que asumirá funciones de análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal y de la variación de las previsiones macroeconómicas para garantizar el cumplimiento efectivo de las diferentes administraciones”. Esa autoridad, que se creará a través de una ley orgánica, tendrá personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada. Además, contará con un régimen patrimonial y de contratación propio del sector público y, conforme al principio de máxima transparencia, hará públicos todos los informes que redacte. “Su principal tarea, desde la independencia y la neutralidad, será asesorar e informar de la evolución de las previsiones económicas y del cumplimiento de los principios de estabilidad incluidos en la Constitución”, apuntó.
Preguntada por si esa oficina podrá sancionar o intervenir comunidades o administraciones que se desvíen de su objetivo, Sáenz de Santamaría se limitó a decir que sus funciones estarán en “la línea” de las de otros organismos de la UE, enfocados más al área de análisis macreconómico, seguimiento y control. “La Ley de Estabilidad es muy clara respecto a las tareas de sanción”, recordó Sáenz de Santamaría, quién puntualizó que los incumplimientos llevan a la presentación de planes de ajuste que después son seguidos por el Ministerio de Hacienda. Respecto al nombre de la persona que presidirá la nueva autoridad, la portavoz recordó que la agencia será un órgano independiente, por lo que el nombramiento, que aún no se ha definido, se asimilará a los realizados en otros organismos de la misma naturaleza.
Mas recurrirá la ley básica de horarios comerciales
Cataluña no está dispuesta a dar su brazo a torcer en la disputa que mantiene con el Ejecutivo Central por la norma que regula los horarios comerciales. La comunidad presidida por Artur Mas se ha postulado como una de las más contrarias a la liberalización de horarios comerciales y ha rechazado las propuestas presentadas desde el Ejecutivo para ampliar el máximo de horas abiertas a la semana (de 72 a 90) y el mínimo de festivos que se debe abrir (de 8 a 10 horas). El Ejecutivo modificó esa norma básica en mayo de 2012 y Cataluña optó por aprobar un decreto-ley para proteger sus competencias frente a lo que consideraba una intromisión del Estado. Acto seguido, el Ejecutivo central optó por recurrir varios artículos de ese decreto ante el Constitucional, que finalmente le dio la razón a finales del pasado mes de febrero. De este modo, los artículos modificados por Cataluña quedaron en suspenso, por lo que en ese aspecto prima la norma estatal.
Ahora, Artur Mas abre otro frente y decide recurrir ante el Constitucional la ley básica de horarios comerciales “por invasión de competencias autonómicas”. El consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig, anunció que el recurso se presentará la próxima semana. “No hay voluntad de diálogo por parte del Gobierno. La Generalitat de Cataluña quiere preservar el actual modelo comercial catalán para mantener un equilibrio entre formatos y operadores”. Otro frente abierto se ha producido en Barcelona, el único de los 14 grandes municipios turísticos que no ha establecido una zona de gran afluencia turística para impulsar la libertad de horarios comerciales. El Gobierno advierte que si no lo hace, demandará a las autoridades barcelonesas ante los tribunales.