Preconcursalidad e incertidumbre

O se es insolvente o no se es. Se está o no se está en insolvencia. La insolvencia es un estado. Amén de un hecho. Mas, ¿estamos ante una buena norma concursal que realmente facilite la conservación y continuidad de las empresas, tal y como blasona su exposición de motivos –sin duda lo mejor de la norma– y algún artículo específico? El divorcio con la realidad no puede ser más palmario, avieso e incontestable.

La inmensa mayoría –por no decir todos– de los concursos abiertos concluyen, se abocan a la liquidación. Demasiado tarde, demasiada deuda, demasiada, tal vez, voracidad de algunos acreedores profesionales. Solo tal vez, desvalijamiento patrimonial. La inicial rigidez de la norma concursal de 2003, y partiendo del deber de solicitar la declaración de concurso de acreedores dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido el deudor o debido conocer su insolvencia, se ha dulcificado en la reforma de 2009, la primera de las dos habidas hasta el momento, permitiendo que el deudor, en aras a ganar tiempo y posibilidades de negociación con sus acreedores principales, normalmente entidades de crédito, pudiese acogerse a algo que vulgarmente y en la práctica se denomina preconcurso, y que tiene como efecto no lograr el acuerdo, sino la posibilidad de negociar para alcanzarlo y además paralizar toda solicitud de concurso que los acreedores pudieran hacer. Enervado esto, el deudor y sus acreedores, los profesionales, gozan de un colchón temporal para negociar un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio.

Técnica y jurídicamente no hay concurso, aunque fácticamente sí está dentro de los presupuestos objetivos del mismo, es decir, sobreseimiento general en los pagos corrientes de las obligaciones, embargos por ejecuciones, alzamiento, liquidación, etc. El ordenamiento permite, tolera la búsqueda de esa refinanciación, que si llega, reflota la empresa y se acuerda un convenio de pago con los acreedores. Lo complejo, sin embargo, es alcanzar el mismo.

Así como acreedores que refinancien y no lo hubieren hecho ya y, sobre todo, con qué garantizar esa refinanciación que haga o posibilite la viabilidad de la empresa, pese a que el crédito sería mitad contra la masa, prededucible, y la otra con privilegio general y más difícil de cobrar en su caso.

En esta situación es en la que se encuentra Pescanova, un pasivo asfixiante y sin liquidez o tesorería que le permita pagar a los acreedores.

Tiene tres meses por delante para alcanzar un acuerdo y un mes más para solicitar el concurso si sigue la insolvencia. En el camino, miles de empleos y una empresa puntera o que lo ha sido y que cotiza en los mercados. El tejido industrial gallego se debilita. El gigante atraviesa una ola de incertidumbre, de dudas, de viabilidad. No presenta cuentas anuales.

Dos justificaciones, una de más peso que la otra, la certeza de la venta de ciertos activos de la actividad de cultivo del salmón, reclasificados para la venta, o la renegociación de la deuda a través del inicio del procedimiento establecido en el artículo 5 bis de la Ley Concursal.

Espadas en todo lo alto. Cara o cruz, si no se consiguen esos acuerdos de refinanciación, ¿quién estará dispuesto a los mismos y en qué condiciones? Como también, ¿depende, además, de esa financiación la viabilidad de un gigante como ha sido, motor y palanca de la industria conservera y pesquera gallega y española? ¿Qué sucederá en su caso con esos más de 10.000 trabajadores?

Nada garantiza el acuerdo, todo está por hacer. Miedo, incertidumbre, rigidez normativa. A corto plazo, ¿cómo reaccionarán los mercados?, ¿cómo valorarán esta apertura preconcursal de negociaciones con el horizonte puesto ya en una situación de insolvencia? No lo sabemos.

La cotización se había corregido algo los últimos días, pero no es la de 2011. El mercado analiza, discrimina, castiga y corrige. La señal puede ser positiva, pero también puede verse como un signo de enorme debilidad y erosión.

Ocho mil concursos al año en España. Miles de puestos de trabajo perdidos, de iniciativas y estrategias empresariales. Pero son cientos de miles las pequeñas y medianas empresas que han cerrado y se han disuelto sigilosa y silenciosamente.

Créditos sin pagar, embargos sin prosperar. Suma y sigue, en esta deriva contractiva y recesiva. No, no hay brotes, ni tampoco motivos para alzar y lanzar campanas a vuelo raso. Todavía no, lo peor no ha concluido aún. Día tras día las noticias son desalentadoras.

Abel Veiga Copo es profesor de Derecho Mercantil de Icade.