Los parados invisibles

En febrero el paro aumenta (59.444 personas) y se sitúa en 5.040.222 desempleados, según los servicios públicos de empleo (SEPE). En este sentido, a pesar de que la medida del paro debe constituir un elemento fiable y significativo del debate social, su medición siempre ha sido, desde la aparición de esta definición (finales del siglo XIX), objeto de tensos debates sociales. Pero si los términos del debate han cambiado desde hace un siglo, sus desafíos políticos y sociales son siempre conflictivos. Prueba de ello, la polémica suscitada por el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) manifestando: “Para conocer el número de parados reales hay que acudir al registro de los servicios de empleo y no a la EPA”. Lo cual nos muestra hasta qué punto la medición del desempleo, lejos de reducirse a problemas técnicos, se nos plantea como un tema político.

Por otra parte, mi propósito en este artículo no es hacer una especie de buenos y malos instrumentos de medición del desempleo, sino más bien intentar explicar a partir de qué normas sociales se construyen actualmente las cifras de desempleo. En nuestro país, como en los principales países desarrollados, existen dos instrumentos principales para medir el desempleo. Una primera medida se establece por el número de inscritos como demandantes de empleo, a fin de mes, registrados en las diferentes oficinas del SEPE, que quedan sin atender y que corresponden a trabajadores en situación de paro. Pero sus límites están en su propia naturaleza. Registra solo las personas que acuden a inscribirse a las oficinas de empleo. Es, por tanto, un registro voluntario.

Además, como es un subproducto de la actividad administrativa, tiene el inconveniente de que es muy sensible a las modificaciones de las normas laborales en materia de gestión de las ayudas al desempleo y colocación (legislación sobre indemnización por desempleo y reglamentación administrativa), del comportamiento de las personas desempleadas frente a la institución y de la respuesta que esperan de la institución. Por ejemplo (según criterios establecidos en una orden del Ministerio de Trabajo de 11 de marzo de 1985), se excluye, entre otros, a los demandantes que solicitan un empleo por menos de tres meses o con jornada inferior a 20 horas, estudiantes matriculados que buscan trabajo y a los perceptores de un subsidio agrario de Andalucía y Extremadura (137.000 en diciembre). Por lo tanto, su medición no refleja siempre la evolución real del desempleo.

Una segunda medición se obtiene a través de encuestas sobre la población activa (EPA). La única estadística existente en España que cuantifica todas las magnitudes relacionadas con la posición de las personas en edad de trabajar en el mercado de trabajo (actividad, inactividad, empleo y paro) y que sigue estrictamente los criterios establecidos por la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Su finalidad principal es conocer la actividad económica en lo relativo a su componente humano.

La definición de la EPA tiene la ventaja de ser reconocida internacionalmente por todos los estadísticos de los diferentes países, lo que permite así comparaciones internacionales y el establecimiento de series cronológicas sobre bases homogéneas. Para comparar el paro hay que utilizar tasas de paro semejantes. Por ello, es necesario que el número de parados y la población activa sean calculados con la misma metodología. El interés de la encuesta de empleo, de naturaleza puramente estadística, consiste en que es la única medida que permite medir la evolución real del paro, según una definición muy precisa, independientemente de todo criterio jurídico o de reglas de gestión administrativa, como es el caso del SEPE. Es el resultado de una valoración que tiene como objetivo explícito la medida del paro.

Si comparamos ambas estadísticas se constatan diferencias importantes. Así, determinadas personas pueden figurar como parados en la EPA sin estar inscritas en el SEPE porque su situación es tal que no tienen derecho a ningún tipo de indemnización económica y, por lo tanto, no se inscriben y buscan empleo por otros medios distintos (agencias privadas, internet, etcétera). Así, en diciembre de 2012, de los 930.000 jóvenes (menores de 25 años) que figuraban en la EPA, el 51% no estaba inscrito en el SEPE.

Pero la utilización de la EPA no soluciona todos los problemas. En ocasiones se le critica por su carácter restrictivo para determinar el paro, y extensivo del empleo. Por ejemplo, en el paro no se incluyen los parados con actividad reducida (los que han trabajado al menos una hora en la semana anterior a la entrevista), los parados desanimados (los que cansados de buscar trabajo dejan de hacerlo) y los parados indisponibles (los que no pueden ponerse a trabajar antes de 15 días).

En conclusión, los datos proporcionados por el SEPE son importantes en las estadísticas del mercado laboral y si bien no puede ni debe compararse con la cifra de desempleo que ofrece la EPA, que es la que hay que utilizar como indicador oficial del desempleo, sí aporta elementos complementarios ya que sus datos definen tendencias y pueden ser conocidos todos los meses tanto a nivel global como territorial. Por todo ello, y teniendo en cuenta la diferencia de métodos, no es de extrañar que estos dos indicadores conduzcan a resultados diferentes. De cualquier modo, las cifras proporcionadas de desempleo por el SEPE (5 millones) y la EPA (6 millones) son socialmente inaceptables, mucho más de lo que esta sociedad se merece.

Vicente Castelló es profesor de la Universidad Jaume I de Castellón.