Báñez escucha a varios sectores económicos antes de endurecer el retiro anticipado

Antes, los responsables de la Seguridad Social están apurando reuniones y escuchando a varios sectores económicos antes de aprobar esta nueva legislación, clave en la negociación de los procesos de ajuste de empleo.

Durante este mes de marzo el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un real decreto ley que endurecerá las condiciones de acceso y las cuantías de las pensiones de las jubilaciones anticipadas y las parciales, con el objetivo de que entre en vigor el mismo 1 de abril.

El texto de este decreto está prácticamente cerrado, si bien desde la secretaría de Estado de la Seguridad Social aseguraron ayer que sus responsables se están reuniendo estos días “con varios sectores económicos” que les han solicitado entrevistas para conocer cómo va a ser la nueva normativa y trasladarles sus demandas particulares por si tuvieran cabida en el nuevo texto.

Es el caso, por ejemplo, del sector del automóvil que ha pedido que la nueva ley respete los acuerdos de jubilaciones anticipadas y parciales establecidos antes del 1 de abril en los convenios o pactos de empresa porque, de lo contrario, podrían no llevarse a cabo varias inversiones ya comprometidas por grandes empresas del motor.

Además, el diseño de estas modalidades de jubilación es clave para los procesos de ajuste de empleo que ya están realizando o han anunciado grandes empresas de diferentes sectores como la hostelería (Orizonia), el transporte (Iberia, Aena), la construcción (FCC) y un importante número de entidades financieras. Ayer mismo, Santander y Banesto presentaron, entre las propuestas de integración de estas dos entidades, un proceso de prejubilaciones a partir de los 58 años (en Madrid a partir de los 55), con el 70% del salario bruto.

Aunque, precisamente la Banca está entre los sectores que no se han puesto en contacto con Empleo para conocer la próxima legislación en materia de retiro anticipado. De hecho, este sector era el único que ya se financiaba casi la totalidad de sus prejubilaciones antes de que éstas se endurecieran el verano pasado, con la obligatoriedad para las empresas de más de 100 trabajadores de costear las prestaciones y subsidios por desempleo de sus prejubilados.

Jornada parcial

Dicho esto, los sectores que han acudido a Empleo han podido escuchar de sus responsables sus planes para que la jubilación anticipada forzosa se retrase progresivamente a los 63 años (ahora fijada en 61) de forma pareja al retraso de la edad legal de jubilación hasta los 67 años en 2027.

Este es uno de los aspectos clave para que las compañías utilicen estas jubilaciones en las negociaciones de los expedientes de regulación de empleo, ya que cuanto más tarde se jubile anticipadamente un trabajador, más caro le sale a la compañía que debe pagar sus cotizaciones hasta entonces, su protección por desempleo y la parte del salario que pacte con los sindicatos.

Igualmente, el uso de la jubilación parcial –que requiere un contrato de relevo que sustituya al jubilado en su jornada reducida– en los ERE tras la inminente reforma será también menos atractiva, ya que su edad de acceso pasará también gradualmente de los 61 años a los 63 o 65 en 2027, según se haya cotizado 36 o 33 años, respectivamente. Además, la reducción de la jornada del jubilado parcial será menor, pasando del actual 75% como máximo (85% si el trabajador relevista es fijo) a una horquilla entre el 25% y el 50% como máximo (75% si el relevista es indefinido). La nueva ley también encarece esta modalidad a la empresa, que debe cotizar por el trabajador como si estuviera a jornada completa.