La UE quiere dar a los jóvenes en paro prácticas en cuatro meses

Los ministros de Empleo de los Veintisiete tienen previsto cerrar hoy un acuerdo político por el que se comprometen a garantizar a los jóvenes menores de 25 años que dejen el sistema educativo o estén en paro una oferta de trabajo, formación adicional o prácticas en un plazo máximo de cuatro meses. Esta denominada garantía juvenil tendrá financiación de la UE principalmente con los 6.000 millones –de los cuales solo 3.000 millones son dinero nuevo– del nuevo fondo contra el paro juvenil aprobado por los líderes europeos el pasado 8 de febrero, según fuentes diplomáticas. No obstante, el comisario de Empleo, László Andor, pedirá a los Gobiernos que los nuevos fondos se sumen, y no sustituyan, a los recursos financieros que los Estados miembros tenían previsto invertir contra el paro juvenil.

Bruselas espera que la garantía juvenil esté ya plenamente en marcha desde 2014 y se adelante incluso en los países con una mayor tasa de paro juvenil. En todo caso, se trata de una recomendación no obligatoria, aunque el Ejecutivo comunitario podría exigir medidas a los Estados miembros más afectados, como España, en el marco de sus directrices de política económica. En representación de España –cuya tasa de paro juvenil, del 55,6%, es la segunda más alta de la UE– acudirá a la reunión la ministra de Empleo, Fátima Báñez. El Gobierno considera que la aprobación de la garantía juvenil de la UE no le obligará a tomar nuevas medidas, ya que sostiene que el contenido de esta iniciativa ya está incluido en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. Báñez anunció que la Estrategia estará dotada con 3.500 millones de euros, de los cuales el 30% procederá del fondo social europeo. España recibirá además 918 millones (casi el 30% del total del dinero nuevo) del fondo de la UE contra el paro juvenil. El sistema de garantía juvenil ya existe en países como Finlandia, Suecia y Austria, y la Comisión lo considera un éxito.

Bruselas propone adoptar hasta seis directrices: establecer acuerdos de colaboración entre servicios de empleo públicos y privados, agentes sociales y organizaciones juveniles; garantizar la intervención temprana; mejorar las medidas de inserción profesional; utilizar la financiación de la UE; revisar continuamente el funcionamiento del sistema; y ponerlo en marcha lo antes posible.

Unos 5,5 millones de jóvenes (el 23,4%) están en paro en la UE y 7,5 millones ni estudian ni trabajan. El coste de no integrarles en el mercado laboral asciende a 150.000 millones al año, según Bruselas.