Globalia culpa a la ley de Competencia del fracaso de la compra de Orizonia

La frustrada operación de compra de Orizonia por parte de Barceló, en primera instancia, y de Globalia, en segundo término, ha dejado por el camino una compañía que deberá suspender pagos en breve, que presentará un ERE para despedir a 3.500 trabajadores y que generará un listado de acreedores bastante numeroso. Los actores implicados en el proceso han tratado de limitar su responsabilidad durante las últimas semanas y culpar a otros para no cargar con el peso de ser el responsable de la caída del grupo turístico.

Esta mañana le tocó el turno al presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, quién compareció en un hotel madrileño junto al director del área jurídica de la compañía, Ramiro Campos. En primer lugar, Hidalgo leyó un texto en el que exoneró a Globalia de cualquier responsabilidad. “Dejenme decirles que Globalia no es beneficiario de la caída de Orizonia. Somos unos perjudicados más”, apuntó en alusión a los seis millones de euros que les adeuda la compañía presidida por José Duato y que seguramente deberán recuperar como el resto de acreedores en el concurso que se presentará en breve.

Hidalgo explicó que desde que se alcanzó el acuerdo con Orizonia el pasado 9 de diciembre, Globalia ha desembolsado 21 millones de euros en distintos conceptos. Quince de ellos se saldaron a través de la adquisición de la cadena hotelera Luabay, que gestiona 11 contratos de arrendamiento y que tiene en plantilla a 700 trabajadores. “Se le ha pagado la nómina de febrero”, recalcó Hidalgo. El resto corresponde al pago de nóminas atrasadas (cuatro millones) y a garantías para poder seguir emitiendo billetes de tren (dos millones), que ahora les adeuda Orizonia. “Globalia ha sido transparente en todo momento. Ante los dueños de Orizonia, ante la opinión pública y ante las autoridades”, apuntó.

En el reparto de responsabilidades, el presidente de Globalia también exoneró al Ejecutivo. “Quiero agradecer al Gobierno que haya hecho todo lo posible para que la operación saliera. Cuatro ministros y el presidente del Gobierno veían bien la operación”, apuntó. Por lo tanto centró sus críticas en la escasa diligencia de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) a la hora de tramitar el expediente y sobre todo en la Ley de Defensa de la Competencia que, a su juicio, no contempla medidas excepcionales. El director del área jurídica lo específico en su intervención. “La ley no prevé soluciones viables a situaciones como la presente, en la que una de las partes se encuentra en situación de preinsolvencia y necesita una tramitación de urgencia y medidas extraordinarias, que eviten que una sociedad en dificultades y con un comprador acabe presentando concurso de acreedores”.

Hidalgo rechazó las acusaciones de que Globalia hubiera dilatado el proceso para provocar la caída de Orizonia y culpó a Competencia de que transcurriera un mes desde que Globalia y Orizonia pactaron la compra hasta que entregó la documentación en la CNC. “El día 12 de diciembre nos vemos con Competencia, pedimos que se agilice la tramitación y nos dijeron que la resolución podría estar en un mes. La prenotificación en la CNC se presentó el 26 de diciembre y la documentación en firme el 9 de enero”, apuntó Hidalgo, quién justificó ese desfase de dos semanas por el período de vacaciones navideñas y el retraso en la presentación de documentación por parte de Orizonia. La CNC acordó el 6 de febrero que sería necesario una segunda fase de análisis ante la aparición de posibles obstáculos a la competencia. Un proceso que podría demorarse dos meses y que provocó que Orizonia pidiera preconcurso. “Pensábamos que nos iban a decir que adelgazáramos alguna parte de la empresa por cuestiones de competencia, pero no esperábamos tal dilatación”, señaló.