miércoles, 22 octubre 2014

Está pasando

Los alcaldes de ayuntamientos intervenidos dejarán de cobrar

Hacienda avanza que los municipios cumplieron el límite de déficit en 2012

  • Cerraron sus cuentas en un nivel cercano al equilibrio presupuestario
  • El Gobierno insiste en la necesidad de limitar el sueldo de los concejales

Javier Lizón (EFE)

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.

Cuando todavía se desconoce el déficit que registró el conjunto de la Administración pública en 2012, fuentes de Hacienda confirmaron ayer que los entes locales –municipios, provincias o cabildos– cerraron el año anterior con un ligero déficit, en línea con el objetivo impuesto por Moncloa. Como máximo, los entes locales no podían registrar un desfase superior a 3.200 millones, un 0,3% del PIB. Es probable que el sector local sea el único nivel de la Administración que cumpla el objetivo de estabilidad. Con toda probabilidad, las comunidades autónomas rebasarán su umbral del 1,5% impuesto por Hacienda. La Seguridad Social, por su parte, registrará un déficit de 10.500 millones, cuando la previsión inicial era cerrar en equilibrio. Este desfase podría provocar que la Administración central también se desviara ligeramente del objetivo de déficit.

A pesar de que los ayuntamientos son la Administración más cumplidora con la senda de consolidación fiscal, la reforma local que el Gobierno ha iniciado limitará la capacidad de gasto y extremará el control sobre las cuentas municipales. Por primera vez, se establecerá un tope al sueldo de los alcaldes. En el caso de municipios superiores a 500.000 habitantes, la retribución no podrá superar el sueldo de un secretario de Estado, que ronda los 100.000 euros anuales. Hacienda asegura que todavía está por determinar el umbral máximo. Los límites se aplicarán a partir del momento en que se apruebe la ley, que previsiblemente será a finales de este año. Ello supondrá que el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, que gana 143.708 euros anuales, deba rebajarse el salario. Por otra parte, el sueldo de los Gobiernos locales se irá reduciendo en función de la población de los municipios de tal forma que los alcaldes de pueblos con menos de 1.000 habitantes no cobrarán nada.

Además, de los 68.285 concejales que hay en España, solo 12.188 tendrán una retribución. Hacienda asegura que habrá mecanismos para impedir que los ayuntamientos se salten esta norma elevando las dietas que cobran los ediles que se queden sin salario. En cualquier caso, todavía no está determinado cómo se evitarán esos fraudes de ley. Por otra parte, los alcaldes y concejales no podrán tener dos sueldos públicos. Ello afecta, por ejemplo, a los senadores o diputados que, a la vez, son alcaldes de sus municipios.

El borrador del anteproyecto establece que los municipios menores de 5.000 habitantes que tengan un plan económico financiero en vigor y lo incumplan al no rebajar su nivel de déficit o deuda serán intervenidos. Cuando ello suceda, el alcalde y los concejales del ayuntamiento díscolo no cobrarán su sueldo. “El municipio dejará de estar intervenido cuando cumpla el objetivo de estabilidad presupuestaria”, indica el borrador.

Además, los interventores municipales ganarán peso en su tarea de control. Para ello, pasarán a depender del Estado. Para garantizar su independencia, los ayuntamientos no podrán subir el sueldo a los interventores y tampoco rebajarlo.

Estudio para determinar el precio de los servicios

Los límites salariales que incorpora la reforma local han generado mucha polémica, sin embargo, representan solo la punta del iceberg de los cambios propuestos. De hecho, el borrador del anteproyecto de ley supondrá, según cálculos de Hacienda, un ahorro de 7.129 millones entre 2013 y 2015. De ese importe, solo el 2% se explica por las rebajas salariales o la supresión de cargos de confianza.

La clarificación de competencias y la eliminación de duplicidades supondrá un ahorro de 5.514 millones, el 77,3% del total. Por otra parte, fuentes de Hacienda indicaron que en las próximas semanas crearán una comisión de trabajo con la Federación Española de Empresas y Provincias (FEMP) para determinar los estándares de precio de los servicios públicos. Los ayuntamientos no podrán, en ningún caso, rebasar ese umbral y, en caso de que no sean capaces de contratar servicios por debajo del precio estándar, la competencia será asumida por la diputación provincial en el caso de municipios inferiores a 20.000 habitantes.

La ley no contempla la supresión o fusión de municipios, una idea que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había defendido en la oposición. Aunque las mancomunidades y las entidades locales menores como las pedanías desaparecerán si no presentan sus cuentas en el plazo de tres meses. Fuentes de Hacienda informaron que el 96% de las 4.200 entidades locales menores incumplen la obligación de remitir sus balances al Tribunal de Cuentas. Ese porcentajes se sitúa en el 71,3% en el caso de las mancomunidades, que alcanzan el millar en España.

En el caso de las empresas municipales en materia de vivienda solo podrán mantener su actividad si no presentan números rojos.

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