I+D, una prioridad a prueba
La I+D en España está por debajo de lo que correspondería a un país con nuestro nivel de desarrollo. Los autores reflexionan sobre la importancia de solventar ese déficit y los retos que ello supone.
Una característica de los países más desarrollados es la realización de un notable esfuerzo en investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D). En el caso de España, los datos de 2010 indican una inversión en I+D como porcentaje del PIB de un 1,39%, frente al 2,0% de la UE-27 y el 2,4% de la OCDE. Por tanto, a pesar de las importantes mejoras que se han producido en las últimas décadas, dicho esfuerzo se encuentra todavía demasiado alejado del de los países más desarrollados, que tienen una inversión en I+D superior al 2,8%, cifra que sobrepasan notoriamente Japón, Finlandia, Suecia, EE UU y Alemania.
Conviene recordar que el esfuerzo inversor en I+D, en definitiva, inversión en conocimiento, ha sido el gran protagonista del crecimiento del PIB y de la productividad en la práctica totalidad de las economías desarrolladas a lo largo de las últimas décadas, y que el PIB basado en el conocimiento resiste mejor los periodos de crisis. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística disponibles son los correspondientes a 2011, y nos avisan de que nuestra inversión en I+D está en recesión, habiendo experimentado un descenso del 2,8% respecto a 2010, pasando del 1,39% al 1,33% del PIB.
Posiblemente, el referido descenso se acentuará en 2012 y en 2013, años en los que el Gobierno ha reducido sustancialmente las subvenciones de I+D.
En este restrictivo marco, el pasado 1 de febrero, el Gobierno ha aprobado la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020, así como el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. Este plan estatal estima que el gasto en I+D en relación al PIB evolucionará desde un hipotético 1,33% en 2013 al 1,48% en 2016. Las previsiones se han calculado partiendo de las premisas establecidas en el Plan de Estabilidad de la economía española, lo que conlleva una congelación del gasto total de I+D en las Administraciones públicas, que se mantendrá en el 0,61% del PIB. Por ello, para alcanzar el objetivo mencionado del 1,48% del PIB, el gasto total de I+D del sector privado debería pasar del 0,62% en 2013 al 0,73% en 2016, una hipótesis demasiado optimista ya que la contribución del sector privado al gasto total en I+D está descendiendo en los últimos años.
Resulta evidente que, en España, la crisis está provocando una reducción del esfuerzo total en investigación, desarrollo e innovación que puede afectar, de modo difícilmente reversible, al deseable cambio hacia un modelo productivo basado en el conocimiento. La I+D en nuestro país es, actualmente, una prioridad a prueba. En cualquier caso, debiéramos de ser capaces de adaptarnos al escenario actual, y realizar cambios que permitan una mayor eficacia. La mencionada Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación presenta propuestas positivas, pero se consideran convenientes otras acciones complementarias, tales como una revisión de la estructura y gobernanza institucional, tanto en las universidades como en los organismos públicos de investigación (OPI), que haga posible una mejora de su eficiencia, así como una optimización de los recursos humanos dedicados a estas actividades, que no debiera seguir, únicamente, un esquema funcionarial.
La investigación científica española ocupa un lugar razonable en el concierto internacional, lo que constituye una fortaleza si somos capaces de conectarla con el sector productivo. Existen experiencias tales como las llevadas a cabo en el País Vasco (Ikerbasque, centros tecnológicos y de investigación cooperativa, BERCS...) que muestran que un esfuerzo exigente y diversificado entre los diversos agentes científico-tecnológicos permite retornos tanto en los ámbitos tecnológicos como en la investigación básica, en este último caso a través de la atracción de fondos europeos competitivos. Es importante señalar que estos retornos pueden producirse en plazos relativamente cortos.
En general, la actividad de I+D+i vinculada al ámbito industrial y empresarial está por debajo de lo que corresponde a un país de nuestro desarrollo económico. Por ello sería deseable fomentar políticas que puedan conducir al aumento de tamaño de las empresas y a la cooperación de las empresas entre sí; mejorar la financiación de las empresas mediante instrumentos de préstamo, capital semilla y capital riesgo; incentivar la participación de las empresas españolas en programas nacionales e internacionales de I+D fomentando la colaboración con las universidades y OPI; incentivar la contratación de jóvenes investigadores por parte de las empresas, favoreciendo la movilidad entre la industria y la investigación académica; fomentar el mecenazgo y la financiación privada de la I+D mediante una política adecuada de incentivos fiscales, y muy especialmente fomentar la transferencia de resultados de investigación del sector público al sector productivo.
En definitiva, ante la coyuntura económica actual no podemos permitirnos el lujo de la pasividad ni del desánimo. El trabajo hecho a lo largo de estos años no puede desaprovecharse. Por el contrario, debemos hacer un esfuerzo en I+D anticíclico y, al mismo tiempo, flexibilizar y actualizar nuestros modelos de gestión de la I+D pública y privada. Solo así podremos afrontar los retos que se avecinan, como el Círculo Cívico de Opinión ha subrayado con fuerza.
Fernando Cossio y Luis Oro
Ikerbasque / Círculo cívico de opinión