La reválida del empleo

Paternalista, rígido y durante buena parte del periodo, dual. Son calificativos con los que, a decir de los expertos, se podría definir la evolución y estado normativo de un mercado laboral como el español, sometido a una decena de reformas de mayor o menor envergadura desde la instauración de la democracia.

Un mercado que generó más de ocho millones de empleos, pasando de los 12,5 millones de ocupados de 1994, prácticamente los mismos que había en 1980, a la cifra récord de 20,5 millones del tercer trimestre de 2007. Pero un mercado que también ha perdido tres millones y medio de trabajadores desde entonces. Por eso, y a pesar de la vertiginosa escalada del paro que en este quinquenio ha elevado la tasa del desempleo desde el mínimo del 8% hasta el récord histórico del 26%, "tampoco hay que olvidar que ahora tenemos una base mayor de trabajadores que en 1994, momento en el que estuvimos en una situación tan complicada como la actual", matiza Juan José Dolado, catedrático de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid. No obstante, hay que tener en cuenta que el país ha ganado siete millones y medio de personas en el mismo periodo.

También la población activa ha aumentado y, sobre todo, ha modificado sustancialmente su composición, aunque en porcentaje solo haya subido desde el 51% de 1978 hasta el 59,8% de 2012. Ese incremento se ha debido a la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, ya que mientras la tasa de actividad de los hombres incluso ha descendido, la femenina ha subido desde el 28% de entonces al 53,4% en la actualidad.

La inmigración ha sido el otro factor demográfico que ha marcado el mercado español. En la encuesta de población activa de 1978, los trabajadores extranjeros suponían el 0,3% del total, es decir, unos 58.000 puestos. Posteriormente, esta participación se elevó hasta el 12,5%. Más de dos millones de ciudadanos de otras nacionalidades trabajan en España, a pesar del descenso de los últimos años.

Reforma permanente

Pero si las variables poblaciones han influido, tanta o más impronta han dejado las distintas regulaciones aplicadas sobre un mercado de trabajo de finales de los setenta "paternalista y enormemente protegido por la legislación franquista, en el que estaba todo por hacer", según José Antonio Herce, socio de AFI y profesor de Economía de la Universidad Complutense.

El Estatuto de los Trabajadores de 1980 supuso un cambio estructural de las relaciones laborales, pero fue la reforma de 1984 la que impulsó una de las transformaciones más significativas al extender, casi sin límites, la contratación temporal. Según datos del antiguo Instituto Nacional de Empleo, en 1981 se firmaron cerca de dos millones de contrataciones, de las que 68.000 figuran como temporales y 7.200 en prácticas. En 2012 se suscribieron 13,76 millones de contratos, de los que 12,68 millones fueron eventuales. "Lo que nos diferencia es fundamentalmente la segmentación. Este país tiene más paro porque los temporales rotan y nunca se estabilizan. Los contratos temporales existen en otros países como contratos de prueba, pero aquí sirven para facilitar el abaratamiento de los costes laborales", explica Dolado.

La reducción de la precariedad ha sido uno de los objetivos perseguidos en las reformas posteriores de los años 1994, 1997, 2001, 2006, 2010 y la última, de 2012, que "tampoco ha solucionado la grave dualidad entre trabajadores con contrato indefinido y más protección y los empleados temporales", concluye Ángel Laborda, director de coyuntura y estadística de Funcas.

El otro gran propósito de los cambios normativos ha sido el abaratamiento del despido. Para ello se incrementaron las causas objetivas del mismo, se creó un nuevo contrato indefinido con costes más bajos, se ampliaron los supuestos de las empresas para acogerse a causas económicas y en 2012 se generalizó la vía del despido objetivo, individual y colectivo, y se recortó la compensación de la figura más utilizada hasta ahora para reducir plantillas: el despido improcedente con 45 días de indemnización.

"La excesiva protección laboral por costes de despido elevados redundaba en un perjuicio para los trabajadores, a los que les resultaba más difícil encontrar empleo. Ahora la protección ha disminuido, aunque ya veremos si lo suficiente como para estimular la creación de empleo cuando las empresas recuperen la demanda y el crédito para funcionar", argumenta Herce. "Lo que ha pasado tras la reforma es que se han destruido otros 850.000 puestos en lugar de avanzar en la flexibilidad interna necesaria para que, en el momento recesivo del ciclo, el ajuste se produzca en precios y salarios y no en ocupación", asegura Miguel Ángel García, responsable del gabinete económico de CC OO. La nueva norma, no obstante, también introduce herramientas de flexibilidad, como la movilidad funcional o la modificación de las condiciones de trabajo, que ya han adoptado tres de cada cuatro empresas, según el primer Observatorio de Seguimiento de la Reforma.

La ecuación de las pensiones

Los ocupados forman parte del numerador de la ecuación del sistema con más beneficiarios del país: el sistema público de pensiones, cuyo crecimiento ha sido exponencial. El número de pensiones contributivas se ha duplicado, pasando de 4,6 millones en 1981 a 8,99 millones en 2012, mientras la cuantía media se ha multiplicado por ocho, desde las 17.500 pesetas al mes (105 euros) de entonces a los 836 euros de ahora. La factura para las arcas públicas también ha aumentado hasta suponer en 2010 (último dato disponible en Eurostat) el 10,8% del PIB, lo que aún nos sitúa por debajo de la media europea y a gran distancia de países como Alemania, Francia o Italia, que destinan entre el 13% y el 16% de su producto nacional a este capítulo.

Pero esta proporción se ha deteriorado en los últimos años al tiempo que ha empeorado la tasa de dependencia, indicador habitual para medir la salud del sistema. Al terminar 2012 se situaba en 1,99 afiliados por cada pensionista. Es la ratio más baja desde 1997, aunque en ese momento la tendencia era ascendente tras el Pacto de Toledo, "la gran apuesta de todos los partidos y agentes sociales por un sistema público y básico de prestaciones sociales y, en el caso de la pensiones, una apuesta determinante por que el sistema de reparto sea el origen principal de la renta de los pensionistas", tal y como recuerda Miguel Ángel García.

Ese acuerdo se firmó en 1995, después de que la Seguridad Social registrara el primer déficit de su historia. Las medidas adoptadas a raíz del mismo, entre ellas la reforma por la que la sanidad pasó a financiarse con impuestos y no con cotizaciones, no solo devolvieron la estabilidad al sistema, sino que le permitieron acumular hasta 70.000 millones en el Fondo de Reserva, que se ha ido nutriendo con los superávits registrados en estos años. Hasta que en 2012 el Gobierno tuvo que echar mano de esa hucha para pagar las pensiones.

"El pacto no conjuró el futuro problemático que tenían y tienen las pensiones", subraya Herce, para quien "va a ser necesario seguir perseverando en las reformas, incluso después de la aprobada en 2011, que afrontó lo impensable hasta entonces, el retraso en la edad de jubilación hasta los 67 años", concluye.