miércoles, 23 julio 2014

Está pasando

Editorial

Un FLA coyuntural, no permanente

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Las comunidades autónomas tienen que hacer frente este año a un volumen de vencimientos de deuda por valor de 15.000 millones de euros, de los que la mitad corresponden a Cataluña. La cifra supone el 65% del importe del Fondo de Liquidez Autónomico (FLA), que el Gobierno ha creado para ayudar a las regiones con problemas para afrontar sus obligaciones financieras. Pese a que el FLA no cubre el total de los vencimientos de las comunidades, el dato revela la magnitud de los problemas de financiación que arrastran las Administraciones autonómicas en España.

Si en 2012 cuatro regiones -Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Cantabria- necesitaron adherirse formalmente al FLA, este año también podrían acogerse Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Baleares y Asturias. Ello supondría una carga añadida para Hacienda, es decir, para todo el conjunto del Estado y, por tanto, también para los bolsillos de todos los contribuyentes.

Pese a que inicialmente el objetivo del FLA fue cubrir únicamente los vencimientos de deuda e intereses, el enorme fajo de facturas sin pagar en gasto social y a proveedores que acumulan las comunidades autónomas ha obligado a que este año una parte del fondo se destine a ese propósito. Dado el volumen de vencimientos y refinanciaciones de las regiones -más de 23.000 millones de euros en total- la incógnita ahora es qué mecanismo utilizará el Gobierno para cubrir, además, el importe de la deuda comercial.

Los aprietos que el desequilibrio de las cuentas autonómicas y sus necesidades de financiación provocan al FLA son solo la parte más evidente de un problema todavía mayor: la importancia de abordar un redimensionamiento del peso y de las funciones que ejercen las Administraciones autonómica y local en España. Un debate largamente postergado, pero que la virulencia de la crisis y el afloramiento del -en muchos casos, escandaloso- estado de las finanzas de regiones y ayuntamientos ha vuelto a poner de manifiesto.

Los datos del CIS revelan que cuatro de cada diez españoles se muestra partidario de revertir o reducir el nivel de descentralización del Estado, un dato que se explica por los ejemplos de mala gestión financiera que se han dado en algunas de las regiones. Más allá de ese debate de fondo, que atañe al propio modelo de Estado, España tiene ante sí una tarea urgente. Conseguir que las Administraciones regionales que han necesitado acudir al Estado para hacer frente a sus compromisos financieros avancen en un proceso de saneamiento contable y presupuestario que haga innecesario el respaldo de un instrumento, el FLA, cuya vocación debe ser coyuntural, no permanente.

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