sábado, 23 agosto 2014

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A fondo

¿Un 'banco malo' para las plantas de renovables?

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Aunque con un considerable retraso, el Ministerio de Industria ha logrado cumplir con su obligación de elaborar unas tarifas de acceso "suficientes" para cubrir los costes del sistema eléctrico sin tener que subir la parte regulada del recibo de la luz. Para ello ha echado mano de los Presupuestos del Estado (con los que compensará los ingresos claramente insuficientes de los peajes) y de cambios normativos que supondrán una rebaja de los costes regulado, sobre todo para las energías renovables.

Según la propuesta de orden de peajes para 2013 remitida por Industria a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), los ingresos regulados netos del sistema ascenderán este año a 13.812 millones de euros (en su mayoría procedentes de lo que los consumidores pagan en la factura), mientras que los costes serán de 19.383 millones. La diferencia entre ambos importes (5.571 millones de euros) se cubrirá con la recaudación de los nuevos impuestos energéticos (y, por tanto, con dinero procedente del propio sistema), que el Gobierno estima en 2.921 millones; con otros 450 millones procedentes de las subastas de CO2 y con un crédito extraordinario de Hacienda por 2.200 millones.

Por todo ello y por la eliminación de los topes de déficit de tarifa titulizables aprobada por el Gobierno el 28 de diciembre, más que suficientes, a las de 2013 se las podría denominar tarifas con parihuelas. Pese al encaje de ingresos y costes, el sistema arrastrará un déficit tarifario de 3.600 millones de 2012 (esta es la cifra que figura en la propia orden) que las eléctricas podrán ceder al fondo de titulización del déficit (FADE).

Además, pese a que Industria se ha cuidado de no incluir ningún déficit ex ante, es muy probable que este año se produzca otra importante desviación. De hecho, una partida relevante, la de los costes de los sistemas extrapeninsulares de 2012 y 2011 (1.704 millones), que no está incluida en el déficit de 3.600 millones, deberá ser liquidada por la CNE en 2013 sin que figure en la tabla de costes.

Estas subvenciones, que por ley deben ser sufragadas por el Estado, han quedado en el limbo después de que la Ley de Presupuestos dejara "en suspenso" dicha obligación. Además, el citado crédito extraordinaro no puede destinarse a financiar las extrapeninsulares, sino las renovables, cuyas primas pasarán de 8.444 millones de euros estimados para 2012 a 8.913 millones previstos en 2013.

Más allá del posible nuevo déficit, el ministerio ha logrado casar ingresos y costes regulados gracias a un recorte de la retribución a través de dos vías: actualizando dichos costes con el IPC subyacente a impuestos constantes y eliminando una de las dos opciones de retribución que tienen las instalaciones de renovables: la de acudir al mercado cobrando una prima hasta alcanzar un techo prefijado. A partir de ahora, todas cobrarán una tarifa o acudirán por su cuenta y riesgo al mercado. La elección que hagan será para siempre.

Esta vez, el Gobierno ha salvado a las grandes eléctricas y, aunque el titular de Industria, José Manuel Soria, dio a entender que la primera medida afectaría a todos los costes regulados, lo cierto es que apenas afectará a la distribución y el transporte pues su retribución no se revisa con la referencia del IPC. Y, por el momento, en tanto la CNE publica las nuevas metodologías de retribución, los nuevos peajes casi han compensado los recortes que el Gobierno decretó en marzo del año pasado: la distribución recibirá 5.254 millones, frente a los 4.947 millones del año pasado y el transporte, 1.662, frente a los 1.477 millones de 2012.

Otra ventaja para las de Unesa (las únicas que no han protestado por la reforma aprobada el viernes) es que se librarán de financiar y titulizar los 2.200 millones, que pagarán los Presupuestos. Además, ven con satisfacción cómo el tajo en los costes (que Industria calcula en 800 millones) irá contra la cuenta de las renovables, especialmente de la eólica, ya que un 80% esta tecnología está en el mercado con prima. La Asociación Empresarial Eólica (AEE) calcula que con las dos medidas aprobadas, los parques cobrarán desde el 1 de enero la tarifa de 2012 menos el 0,03%. Frente a la opinión de Industria, el sector niega estar sobreretribuido y, dado que su financiación esté ligada a esta retribución, considera muchos parques acabarán "en manos de los bancos". No en vano, hay quien augura ya la creación de un banco malo de activos renovables

Las consecuencias económicas de meter a todas las instalaciones en tarifa no parecen claras. Algunas fuentes aseguran que la medida de "inteligente y razonable" y que supondrá un recorte de los costes regulados, dado que el cap (techo) es muy alto y difícilmente se alcanza, por lo que es necesario compensarlo con prima. Y creen que si el ministerio la ha aprobado es porque prevé un escenario de precios de la energía al alza.

Por contra, hay quien discrepa de los efectos beneficiosos que tendría pagar todas las renovables con una tarifa. Esta se liquida por la diferencia entre el precio fijo unitario establecido para cada tecnología y el de venta en el mercado. Si el precio de este sube mucho el sistema se ahorra un dinero, pero si baja mucho la diferencia con la tarifa aumenta y también el coste del régimen especial para el sistema.

Sea como fuere, Industria ha medido muy bien las consecuencias jurídicas de la orden de peajes: salvo la posible Sea como fuere, Industria ha diseñado una orden para evitar los tribunales. Salvo la posible retroactividad que supondría aplicarla desde el 1 de enero, pues se aprobará ya en febrero una vez superado el trámite de la CNE, recurrirla será difícil. Las afectadas por el recorte de costes deberán ir contra el real decreto leyaprobado el viernes, que supone una modificación delRD 661/2007. ¿Cómo un RD se modifica con un RDL?

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