martes, 2 septiembre 2014

Está pasando

El Gobierno recorta 800 millones los costes del sistema y no sube los peajes

Hacienda acepta finalmente pagar 2.200 millones a la tarifa eléctrica

  • El Gobierno ha casado los ingresos y los costes de los peajes eléctricos para no subirlos. Y lo ha logrado aprobando un proyecto de ley por el que Hacienda otorgará a Industria un crédito de 2.200 millones para sufragar el déficit que se genere y un decreto ley por el que recorta 800 millones los costes del sistema, que afecta sobre todo a la eólica.
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Al fin se ha despejado el misterio del retraso en la aprobación por parte del Ministerio de Industria de la orden de peajes eléctricos que debía haber entrado en vigor el 1 de enero. Y es que el departamento que dirige José Manuel Soria estaba esperando a la aprobación por parte del Consejo de Ministros de algunas medidas con rango de ley (concretamente, un real decreto ley y un proyecto de ley) con las que dar sustentoal déficit de tarifa de este año sin tener que subir los peajes, que, de hecho, se congelan.

Las citadas normas fueron aprobadas en el Consejo de Ministros del viernes y, una vez concluida la reunión, Industria remitió a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que la recibió a la una y media, una nueva propuesta de orden de peajes para este año (en diciembre envió otra que acabó en el cajón) donde se recoge el contenido de dichas normas. El proyecto de ley supone una modificación de la Ley de Presupuestos de 2013 para la concesión de un crédito extraordinario del Ministerio de Hacienda al de Industria y que se utilizará para sufragar el déficit de tarifa que se genere esta año por un máximo de 2.200 millones de euros.

En cuanto al real decreto ley, que se publicará hoy en el BOE, incluye un cambio en la fórmula de revisión anual de los costes regulados de la tarifa (la distribución, el transporte, los sistemas extrapeninsulares y las primas del régimen especial, esencialmente) que supondrá un recorte de los costes previstos para este año de hasta 340 millones. Estos ya no se revisarán en función del IPC, sino del IPC subyacente (sin alimentos no elaborados ni energía) a impuestos constantes, lo que evitará trasladar a los costes las fuertes subidas fiscales del año pasado.

Además, se modifica el actual sistema de retribución de las energías del régimen especial, que permite a las instalaciones alternar dos mecanismos: cobrar un precio regulado (tarifa) o acudir al mercado recibiendo, en caso necesario, una prima para compensar el precio. El nuevo RDL obliga a optar por uno u otro, sin alternar, y elimina la prima para las que acudan al pool. Esta medida afecta especialmente a la eólica pues la fotovoltaica está a tarifa.

Según una nota de prensa de Industria, la medida "trata de evitar la volatilidad de las estimaciones en los costes anuales y tiene un ahorro estimado entre 250 y 500 millones dependiendo de los precios del mercado". Por tanto, ambas medidas podrían suponer un recorte superior a los 800 millones respecto a la propuesta de de peajes nonata de diciembre.

En ella figuraban unos costes para este año de 20.696 millones frente a los 19.383 millones de la nueva orden enviada a la CNE. También los ingresos por tarifa son inferiores en esta propuesta (14.077 millones) a los de la primera (14.844 millones). Esto se explica en parte por la desaparición de los peajes progresivos que se propusieron en diciembre y fueron duramente criticados (se estimaba unos ingresos de 288 millones). Y aunque el desfase entre ingresos y costes es similar en ambas órdenes (más 5.000 millones) ahora tiene padre (Hacienda) que pagará. La distribución recibirá 5.253 millones de euros y el transporte, 1.662 millones

En cuanto a los costes extrapeninsulares (1.622 millones de 2013 y 256 millones de 2012) una vez que los Presupuestos se desentendieran de ellos, serán liquidados por la CNE (si se genera algún déficit no habrá problema, pues la ley que establecía que en 2013 debía ser cero, fue derogada el 31 de diciembre).

Las que ganan son algunas empresas industriales, concretamente, las que tienen servicio de interrumpibilidad. La orden de peajes incrementa esta partida de 480 a casi 749 millones de euros. De estos, 250 millones son para Asturiana de Zinc, ArcelorMittal y Alcoa.

De nuevo a la CNE para evitar una demanda

El Ministerio de Industria ha decidido enviar a la CNE la nueva orden de peajes eléctricos que se aplicarán desde el 1 de enero. El departamento que dirige José Manuel Soria no ha querido correr riesgos y, aconsejado por los abogados del Estado, ha vuelto a someter al dictamen del regulador la propuesta de orden ministerial, a la vista de que contiene cambios relevantes respecto a la de diciembre, que fue duramente criticada por la Comisión. De esta manera, evitaría una denuncia por defectos de forma por parte de las eléctricas.

Es la segunda vez que este Gobierno aprueba con varias semanas de retraso y carácter retroactivo la revisión de los peajes eléctricos. La anterior fue en abril, aunque en aquella ocasión recurrió a una ley para evitar el trámite de la CNE y, además, se trataba de una revisión favorable a las eléctricas pues recogía las refacturaciones de seis meses de los consumos de los clientes, en aplicación de un auto del Tribunal Supremo que obligaba a ello.

El relevo en la secretaría de Estado de Energía ha sido clave. De hecho, la propuesta de peajes de diciembre se elaboró en la última etapa de Fernando Marti en el cargo, y la remitida el viernes a la CNE ha sido obra del nuevo secretario, Alberto Nadal, muy bien relacionado con Cristóbal Montoro y Soraya Sáenz de Santamaría. Este ha contado con el apoyo de Hacienda, que ha decidido asumir 2.200 millones de euros huérfanos que el Gobierno no quiso incluir en la Ley de Presupuestos de 2013 (y que ahora hay que modificar para incluirlos). Pero el hecho que marca la diferencia entre una orden y otra es la decisión que el Gobierno adoptó in extremis de eliminar los techos del déficit titulizable en el famoso decreto ley sobre empleado del hogar del 31 diciembre

Las empresas de renovables arremeten contra las medidas

Las reacciones de las empresas de energías renovables contra lo que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría denominó "reforma eléctrica" en su comparecencia tras el Consejo de Ministros, no se hicieron esperar. La más virulenta fue la de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) que, incluso sin haber visto el texto del real decreto ley, amenazó con "todas las acciones legales a su alcance contra los recortes" aprobados por el Gobierno que tendrán un impacto de 300 millones para este sector.

Para la AEE, el paso de todos los parques eólicos en funcionamiento a la opción de tarifa regulada, así como la reducción de los parámetros con que se revisarán las primas, "ponen al sector en una situación insostenible".

Además de criticar que la medida se ha adoptado sin consultar a las afectadas, a lo que obliga en su opinión la ley, esta asociación considera que la norma vulnera la Ley Eléctrica y el decreto 661/2007 que se modifica. Un 80% de los parques están acogidos a la opción de mercado más prima.

También han protestado públicamente el sector fotovoltaico y el termosolar a través de asociaciones como la APPA, Anpier o Protermosolar. En general, se lamentan del nuevo recorte, que se une a la rebaja temporal del 35% a las instalaciones en funcionamiento y al impuesto a la generación del 7% (que, por cierto no podrá repercutir el que no va al mercado). También la revisión de las primas con la inflación subyacente (sin alimentos frescos y energía) es considerada un tajo.

En una jornada aciaga en la Bolsa, Acciona se vio doblemente afectada al conocerse la noticia de las nuevos recortes de las primas a las renovables. Los títulos de la compañía son los que más cayeron del Ibex, un 12,97%, hasta situarse en 51,540 euros.

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