miércoles, 22 de febrero de 2017

Está pasando:

El fondo creado por Hacienda está dotado con 23.000 millones

Cantabria se suma a Cataluña y pide 122 millones al FLA

  • El Gobierno de Cantabria ha solicitado 122 millones de euros al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de 2013, una petición que se realizó hace ya una semana y que anunció ayer el presidente regional, Ignacio Diego.
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El importe es inferior al solicitado el pasado año, cuando la administración cántabra pidió 137,2 millones de euros a través de este instrumento de financiación.

Asturias se suma así a Cataluña, que el martes comunicó que había solicitado al Gobierno central 9.073 millones de euros, importe que supone el 40% de los 23.000 millones de euros con los que está dotado este fondo que debe servir para que las autonomías cubran sus vencimientos de deuda y financien sus números rojos.

Comunidad Valenciana, Murcia o Andalucía son otras de las comunidades que ya trasladaron a Hacienda su voluntad de acogerse a este fondo de ayuda que resulta indispensable en un momento en que la mayoría de autonomías tiene cerradas las puertas de la financiación.

El hecho de recibir esta ayuda tiene contrapartidas. Las comunidades acogidas al FLA reciben una vigilancia más estrecha de sus cuentas autonómicas y tienen la obligación de facilitar mayor información al Gobierno central acerca de sus vencimientos de deuda o de las facturas pendientes de pago. En este sentido, el Ejecutivo está trabajando para terminar con la morosidad en el sector público. En 2012, el Ejecutivo puso en marcha un fondo para que las comunidades abonaran la deuda comercial pendiente a 31 de diciembre de 2011. Sin embargo, los retrasos en los pagos no han cesado y el Gobierno central ya trabaja en un proyecto que permita a los proveedores solicitar el cobro de una factura impagada a Hacienda. La idea es que la Administración central abone la deuda de comunidades y ayuntamientos morosos, que perderían parte de las transferencias que reciben de la Administración central. La normativa actual obliga al sector público a pagar a sus proveedores en un plazo máximo de 30 días, umbral que a menudo se rebasa.



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