sábado, 19 abril 2014

Está pasando

Los socialistas se oponen a la privatización de los servicios municipales

El rechazo del PSOE obliga al PP a aprobar la reforma local sin apoyos

  • El plazo de una semana que se dieron los distintos grupos parlamentarios con representación en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha resultado baldío. El objetivo de ese aplazamiento era tratar de acercar posturas entre PP y PSOE y llevar a Consejo de Ministros un anteproyecto de ley pactado por las dos formaciones más votadas en España. No ha sido posible.
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El último intento se ha producido esta mañana en la Junta de Portavoces de la FEMP, que ha tratado sin éxito de acordar un texto común. El alcalde de Santander y presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, ha confirmado que el texto será debatido con toda probabilidad en el Consejo de Ministros del próximo viernes y que no habrá pacto global entre los dos grandes partidos.

"El PSOE no va a aceptar un pacto global, pero sí se pueden alcanzar acuerdos puntuales en aspectos como el límite salarial a los ediles o el número de concejales", ha apuntado tras la reunión de la Junta de Portavoces. Frente a las críticas socialistas respecto a que el texto supone una privatización encubierta de los servicios (los municipios que no sean sostenibles financieramente deberán prestarlos de forma indirecta a través de una concesión), De la Serna ha señalado que no comparte esa etiqueta de privatización.

"Hay muchos municipios que gestionan desde hace mucho tiempo servicios públicos como el agua con una concesión administrativa y no sucede nada", ha remarcado. Donde sí parece que han acercado posturas es en el futuro de los municipios de menos de 20.000 habitantes, que no perderán competencias en favor de las diputaciones, tal y como establecía el primer borrador.

De este modo, tal y como ha explicado De la Serna, si un ayuntamiento no tiene recursos para prestar un servicio, este será asumido por las Diputaciones, pero la competencia seguirá en manos del municipio, que dispondrá de cinco años para recuperarlo, siempre y cuando sea capaz de demostrar que es capaz de gestionarlo desde el punto de vista económico. Las comarcas y las mancomunidades tampoco desaparecerán, pero estarán obligadas a presentar sus cuentas y a garantizar su sostenibilidad financiera a corto plazo.

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