sábado, 26 julio 2014

Está pasando

Solicitan hasta seis años de prisión para uno de los hijos en Tarragona

Los Ruiz-Mateos inician mañana otro año judicial al límite

  • La familia Ruiz-Mateos encara otro año plagado de visitas al juzgado. Mañana en Tarragona José María Ruiz-Mateos Rivero está llamado a declarar como imputado en un juicio en el que se le pide hasta seis años de cárcel por un delito de supuesta estafa. Los demandantes llevan esperando 14 años.
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Los propietarios de la empresa de grasas animales Prograsa y sus abogados llevan 14 años esperando este momento. Mañana, si nada lo impide, José María Ruiz Mateos Rivero acudirá a la Audiencia Provincial de Tarragona para declarar como imputado por un delito de estafa supuestamente cometido en 1999. La familia Ruiz-Mateos inicia así otro año judicial al límite que podría llevar a algunos de sus miembros a prisión.

El juicio que se celebra en Tarragona quedará visto para sentencia mañana mismo o el jueves, según las previsiones de las fuentes jurídicas consultadas. La fiscalía pide tres años y medio de prisión para José María Ruiz-Mateos Rivero, y la defensa de los demandantes solicita seis años. Las mismas fuentes advierten, no obstante, que "conocidas las artimañas empleadas en otros casos", el juicio pudiera suspenderse por enfermedad u otros motivos alegados por la parte demandada.

La empresa Prograsa mantuvo relaciones comerciales con la sociedad Nueva Comarcal de Reus a finales de los años noventa. El pago de las materias primas que Nueva Comarcal de Reus recibía de Prograsa se efectuó mediante pagarés aportados por Hibramer, de Nueva Rumasa. Pero los días en los que vencían esos pagarés el banco los iba devolviendo (por 200.633,72 euros). Prograsa, asesorada por el despacho de Barcelona García-Coca, demandó a Nueva Comarcal de Reus y a Hibramer.

"A Prograsa este caso además de 14 años de espera le ha costado más de seis millones de pesetas", dicen fuentes cercanas a la compañía. "Incluso fue condenada a pagar las costas del juicio cuando se siguió en Valladolid", recuerdan.

Según el documento de la fiscalía, los acusados "puestos de común acuerdo y con la intención de lograr un beneficio económico en perjuicio ajeno, crearon ante Prograsa, empresa proveedora, la falsa apariencia" de que Nueva Comarcal de Reus era solvente, "dado que sus deudas estaban avaladas por Hibramer, entidad mercantil filial del holding empresarial Nueva Rumasa, aprovechando el prestigio empresarial que esta última representaba". Además de José María Ruiz-Mateos están acusados Juan García Álvarez, director financiero de Nueva Comarcal de Reus; Silvia María Adán de Miguel, representante de Hibramer, y Antonio Solís García, apoderado de Nueva Comarcal de Reus.

El hijo de Ruiz-Mateos "ofreció avalar las operaciones mercantiles", dice la fiscalía, "con la ilícita finalidad de no terminar saldando la deuda contraída con Prograsa". Los acusados "concertaron en falsificar la firma del que figuraba como avalista en los pagarés emitidos y así poder repeler las reclamaciones de pago correspondientes". Los hechos, afirma la fiscalía, son constitutivos de "un delito de estafa" y de "un delito continuado de falsedad en documento mercantil".

Los pagarés de Rumasa

Buena parte del resto de la familia Ruiz-Mateos encara el otro caso relacionado también con pagarés emitidos por sociedades relacionadas con Nueva Rumasa, este todavía de mayor alcance.

El fundador del grupo de la abeja, José María Ruiz-Mateos, su mujer, Teresa Rivero, sus seis hijos varones y su sobrino, Zoilo Pazos, están imputados por presunta estafa a los inversores en la emisión de los pagarés emitidos por 13 empresas de Nueva Rumasa en la que captaron 337,3 millones de 4.110 inversores.

Por este caso la policía, por orden del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga la presunta estafa a los inversores de pagarés de Nueva Rumasa, registró las propiedades de los Ruiz-Mateos en enero del pasado año.

En sus investigaciones el juez Ruz se topó el pasado mes de julio con una cuenta en Suiza de Ángel de Cabo, también imputado en el caso de Nueva Rumasa. Pero resultó que esa cuenta, con 4,9 millones de euros, provenían de una sociedad irlandesa de Marsans. De Cabo se hizo con las empresas de Ruiz-Mateos en septiembre de 2011; un año antes había adquirido en condiciones parecidas el grupo Marsans. El mes pasado ingresó en prisión junto con el ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.

El caso Rayo Vallecano, en junio

El próximo mes de junio está previsto quese inicie la fase oral del juicio que se sigue en Madrid contra Teresa Rivero, ex presidenta del Rayo Vallecano, y tres de sus hijos, Zoilo, Javier y Álvaro, por supuesto delito contra Hacienda cometido como propietarios del equipo de fútbol.

De acuerdo a fuentes jurídicas también están acusados de delito de alzamiento de bienes, relacionado con la presunta apropiación de ingresos generados por la publicidad incorporada a las camisetas de los jugadores de la marca Clesa, que era, como el Rayo Vallecano, propiedad de Nueva Rumasa. Y de supuesta falsedad documental, por la elaboración de las actas de varias juntas de accionistas celebradas por la sociedad Rayo Vallecano. Los Ruiz-Mateos se deshicieron del equipo de fútbol a mediados de 2011, pocos meses después de declararse en concurso.

En febrero de 2011 José María Ruiz-Mateos concedió su primera rueda de prensa en años para anunciar la delicada situación en la que se encontraba su entramado empresarial. Semanas después la mayoría de las compañías (Dhul, Clesa, Rayo Vallecano, Elgorriaga...) se declararon en concurso de acreedores. En septiembre se anunció la venta de Nueva Rumasa a Ángel de Cabo, el empresario que se hizo en 2010 con Marsans en una situación similar.

Según cuenta el ex abogado de Ruiz-Mateos, Joaquín Yvancos, Gerardo Díaz Ferrán fue testigo de los acuerdos entre De Cabo y Ruiz-Mateos. "Siendo lo cierto que este [Díaz Ferrán] sería testigo del pacto alcanzado con la familia Ruiz Mateos Rivero de que, de lo que se pudiera salvar, tras las operaciones judiciales y de liquidación, se repartirían un 80% para la familia Ruiz Mateos Rivero, y un 20% para el Sr. De Cabo", dice en una querella.

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