martes, 25 de noviembre de 2014

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Gas Natural y los platos rotos del laudo con Sonatrach

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El 9 de agosto de 2010, la Corte de Arbitraje de París emitió un laudo desfavorable a Gas Natural Fenosa sobre el pleito que Sonatrach inició contra ella en julio de 2007 por las discrepancias en la revisión de los precios del contrato de suministro de gas canalizado a través del gasoducto del Magreb (el denominado Sagane I). El laudo establecía que la compañía española debía compensar a Sonatrach con 1.897 millones de dólares, importe que se redujo tras arduas negociaciones posteriores que se saldaron con la entrada de la argelina en el capital de Gas Natural.

Nada más conocerse el laudo, los responsables de la energética ya advirtieron que el sobrecoste tendría que pagarlo el consumidor. ¿Por qué?, se preguntaron algunos. Porque hasta la desaparición en 2008 de la llamada tarifa integral del gas (que incluía los peajes, el coste de comercialización y el de la materia prima a través de una fórmula denominada CMP) el gas del contrato argelino debía destinarse "preferentemente" al mercado regulado o a tarifa, tal como exigía la ley.

Esto era así porque se trataba de un contrato muy favorable que el Estado español había firmado en su día con Argelia y que Gas Natural heredó al comprar Enagás en 1994, a la sazón una empresa pública 100% propietaria del Sagane I (el nombre de aquella invertido).

Dicho y hecho: tras analizar las consecuencias del laudo, la compañía que preside Salvador Gabarró exigió a Industria un sobrecoste en el precio del gas que suministró a los clientes en el mercado regulado entre 2005 y 2008, que cifró en 341 millones de euros (a partir de ese último año desapareció la tarifa integral y la obligación de la compañía para con el mercado regulado). Aunque en la empresa aseguran que se limitaron a reclamar el perjuicio económico sin indicar al Gobierno cómo cobrarlo, es evidente que su intención era recuperarlo vía peajes. De lo contrario, como han recomendado con contundencia los servicios jurídicos de la Comisión Nacional de Energía (CNE), la compañía hubiese recurrido a la vía contencioso-administrativa, que es "la adecuada en la reclamación de indemnizaciones por los daños derivados de actos legislativos", según los abogados del regulador.

Sea como fuere, y pese a desvelarse en 2011 la existencia de un recargo camuflado en la orden de tarifas de 2005 (familiarmente llamado copete) para compensar las desviaciones de los precios del gas y, según fuentes de toda solvencia, para cubrir los riesgos del potencial conflicto con Sonatrach (aquel año se inició la negociación para la revisión trienal de los precios), Gas Natural puso manos a la obra. Una vez firmada la paz con Sonatrach, la compañía logró que el anterior ministro de Industria, Miguel Sebastián, se plegase a sus deseos.

Así, con el Gobierno de Zapatero ya en funciones, el 23 de noviembre de 2011, Sebastián envió una propuesta de RD a la CNE para revisar la retribución del gas destinado al mercado regulado entre 2005 y 2008. En ella se reconocía una compensación a Gas Natural inferior a la solicitada por la compañía (157,29 millones), que pagarían en los peajes los consumidores de la tarifa 3 (los más de siete millones de usuarios domésticos) en el plazo de cinco años y que supondría una subida de la factura del gas del 1%.

Con el cambio de Gobierno y después de que la CNE se negara a emitir una valoración ante la falta de información sobre los contratos de aprovisionamiento y el contenido del laudo, muchos creyeron que la propuesta había caído en saco roto. Pero el actual ministro de Industria, José Manuel Soria, lejos de dejarla en un cajón y una vez aportada la información confidencial requerida, envió a finales de noviembre a la CNE la misma propuesta de real decreto de un año antes.

Voto particular

El dictamen ha salido adelante con el respaldo de los seis vocales del consejo y la oposición de su presidente, Alberto Lafuente, que ha emitido un voto particular basado en la oposición, a su vez, de los servicios jurídicos y la Dirección General de Regulación y Competencia de la CNE.

Para los jurídicos, la compensación a Gas Natural vía peajes es muy difícil "de encajar en el sistema de costes reconocidos en la Ley de Hidrocarburos". En su opinión, el aprovisionamiento internacional no es una actividad regulada, por lo que la exigencia de que el contrato de Sagane I se debiese destinar al mercado regulado no supone que se trate de un coste regulado. Pagar vía peajes los citados 157 millones supone "introducir" un coste en el sistema hasta ahora no reconocido, sin soporte legal y con "cargo a un grupo de consumidores cuya relación con los que en su día se beneficiaron de una tarifa supuestamente inferior no puede establecerse". Además, según la ley que regula las funciones de la CNE, es esta la que debería fijar el criterio de imputación de ese coste.

El dictamen aprobado por el consejo (que sorprendentemente considera "que no le corresponde emitir un juicio sobre la procedencia de la reclamación de GN") reconoce que la aplicación del recargo "puede ser un problema", pues muchos consumidores (1,3 millones) ya estaban en el mercado libre en 2005. En este sentido, propone como alternativa que se pague la compensación (en su caso reconoce un importe mayor que el del propio ministerio, 163,79 millones), a través del céntimo verde, el nuevo impuesto sobre el gas.

El real decreto distingue entre la compensación de 2005 y la del periodo 2007-2008. Reconociendo que la orden de tarifas de 2005 incluyó el reconocimiento ex ante del extracoste de aprovisionamiento del gas hasta abril de 2007 (el citado copete que supuso un sobrecoste del CMP de 0,000814 euros kWh), Gas Natural exige (y el RD le reconoce) una compensación porque ese año tuvo que tomar más gas del contrato argelino al superarse la demanda prevista en el mercado regulado. Sin embargo, según los técnicos de la CNE, aunque la demanda del mercado a tarifa fue mayor de la prevista, la mayor parte de la misma se abasteció con gas spot (generando un sobrecoste de 80 millones) en lugar de recurrir a Sagane I.

En cuanto a la reclamación 2007-2008 por los sobreprecios del laudo, la Dirección de Regulación considera que si Industria quiere revisar costes ex post del mercado regulado debe hacerlo en su conjunto, no a un solo contrato, lo que supone un ajuste "a coste de servicio". De esa manera, posibles desvíos de años anteriores a 2005 podrían resultar a favor de los consumidores.

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