domingo, 23 de noviembre de 2014

Está pasando

Editorial

Al primer problema, la primera solución

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España cerró 2012 con la segunda peor destrucción de empleo anual sufrida desde el comienzo de la crisis. Una friolera de 850.000 puestos de trabajo pulverizados en solo doce meses, que colocan la factura del derrumbe de la economía española en estos últimos cinco años en más de 3,5 millones de empleos perdidos. La cifra arroja una media de 2.000 puestos menos cada día a lo largo de ese lustro. Un ratio que permite calibrar un poco más la enorme magnitud del desastre que ha supuesto esta crisis para España. Solo el año 2009, con su lamentable récord de 1,2 millones de empleos perdidos, supera el aceleramiento destructivo llevado a cabo en 2012.

Los datos de la EPA conocidos ayer dibujan una espeluznante radiografía, con una tasa de paro del 26,02% de la población activa -algo nunca visto hasta ahora-, que se traduce en que uno de cada cuatro ciudadanos en edad de trabajar no puede hacerlo porque no hay lugar para él en el mercado. Durante el año pasado, todos los sectores de la economía continuaron intensificando la pérdida de mano de obra, con la excepción de la construcción, que ha comenzado a frenar la brutal sangría que vivió desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. Es precisamente la construcción el mercado que ejemplifica mejor lo que está ocurriendo en estos momentos en la economía española, porque es el que ha llevado a cabo el ajuste y lo ha hecho de forma más acelerada. La razón por la que España continúa destruyendo puestos de trabajo es que todavía está inmersa en un obligado proceso de ajuste del empleo a las necesidades reales de las empresas. Unas empresas que han visto cómo la contracción de la economía y el desplome de la demanda interna hacían obligado bajar sueldos, redimensionar plantillas y adaptar los recursos humanos al tamaño del negocio. A ellas se ha sumado también en el último año un sector público que todavía tiene por delante un duro y necesario ejercicio de redimensionamiento de personal.

Ambos reajustes deberían haberse llevado a cabo antes, como también debieron haberse aprobado antes las reformas estructurales que necesitaba España. La implantación de la reforma laboral ha facilitado ese proceso de recorte de mano de obra que ha venido impuesto por el proceso de adelgazamiento de la economía. A lo largo del último año, no solo se ha destruido empleo, sino que también se han rebajado considerablemente los costes laborales. Una purga dolorosa, pero también necesaria y, sobre todo, propia de un país inmerso en una grave recesión. Ello no excluye el hecho de que los casi seis millones de desempleados que existen hoy en nuestro país constituyen el problema económico de primera magnitud, además de un verdadero drama social y humano. Si hace unos meses el recrudecimiento de la crisis de deuda soberana aparecía como la gran prioridad a resolver por el Gobierno, el brutal desempleo que azota España sigue siendo la situación de emergencia que ya entonces y también ahora es necesario atajar con todos los medios posibles. El primero de ellos, completar el proceso de transformación de nuestra economía, facilitar nuevos estímulos a la creación de empresas y eliminar las barreras del mercado interior, entre otros aspectos.

La receta para hacerlo no es sencilla, como tampoco lo es resistir la tentación de reincidir en políticas electoralmente rentables, pero económicamente perjudiciales. Es el caso de la decisión del Gobierno, anunciada ayer por Mariano Rajoy en Perú, de aprobar una prórroga automática del Plan Prepara -que contempla una ayuda mensual de 400 euros a los parados que hayan agotado la prestación- mientras el desempleo no baje del 20%. Nadie pone en duda que el Estado debe atender las situaciones de riesgo de exclusión de aquellas familias sin fuentes de ingresos, pero ligar las prórrogas del Plan Prepara a la tasa de desempleo supone convertir una medida que fue concebida de forma coyuntural en una ayuda casi estructural, además de en un desincentivo a la búsqueda de empleo. Una vez finalizado el ajuste del mercado de trabajo, España tendrá que realizar un gran esfuerzo para reducir un punto cada año el desempleo. Ello supone un horizonte de seis años para el Plan Prepara que nuestra economía no se puede permitir.

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