Lo que no se dice sobre la gestión privada de la sanidad
Gracias al esfuerzo, la competencia y el compromiso de miles de profesionales sanitarios, nuestro sistema sanitario público ofrece unos excelentes resultados en gasto y en salud de la población cuando lo comparamos con el resto de modelos sanitarios y de países. Somos un país top ten en indicadores sanitarios como la expectativa de vida al nacer o la mortalidad infantil, con un gasto sanitario total del 9,5% del PIB en 2009. Países con potente sanidad privada, como EE UU, tienen peores indicadores sanitarios que España a pesar de que su gasto total es del 17,6%. La OMS sitúa a España como el 7o mejor sistema sanitario del mundo, mientras Alemania está en el 25 y EE UU en el 37. Sin embargo, no hay motivos para el triunfalismo. Nadie niega que existan serias bolsas de ineficiencia en la sanidad pública que se deberían corregir, especialmente en la atención hospitalaria.
Según George Halvorson, presidente de la aseguradora americana Kaiser, en EE UU se emplea incorrectamente el 25% del presupuesto sanitario en prácticas clínicas que no aportan ninguna salud a las personas y que no tienen ninguna evidencia científica. Eso indica que una buena gestión puede efectivamente disminuir los costes en buena medida sin mermar los resultados en salud. Pero en vez de mejorar la gestión pública, algunos políticos llevan años empecinados en privatizar la gestión sanitaria. Me refiero aquí al modelo del Hospital de Alzira o las iniciativas privatizadoras de gestión de centros sanitarios en Madrid. Entre otras cosas, prometen un gasto menor en los modelos de gestión privada. Sin embargo, la retórica, que insiste en afirmaciones del tipo "se ha comprobado que el modelo de concesión es más eficiente" y "da buenos resultados clínicos", pese a su reiteración, aún no se ha dotado de evidencia que la sustente, entre otras cosas por la pertinaz opacidad en los datos clínicos de los centros de gestión privada y la consiguiente ausencia de evaluaciones independientes. Hay hechos que ponen en duda estas afirmaciones.
La Comunidad de Madrid pretende privatizar la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud que atienden 1,4 millones de personas. El coste por persona de la atención hospitalaria es de 600 euros pero, según los presupuestos para 2013, ofrece pagar 441 euros. Cualquier ciudadano o profesional no puede dejar de hacerse varias preguntas. ¿Cómo es posible que una empresa con ánimo de lucro consiga ahorrar, mantener el personal y la calidad de la asistencia sanitaria?
En el caso del Hospital de Alzira, la Generalitat Valenciana concedió en 1999 la gestión a una empresa privada a un coste capitativo pactado para siete años que suponía un ahorro frente a otros hospitales de gestión pública. Pero a los dos años la empresa tenía un déficit de 5 millones de euros. El Gobierno valenciano anuló la concesión y les indemnizó con 25 millones de euros, para seguidamente sacarla de nuevo a concurso y adjudicarla a aquellos que habían fracasado, eso sí, aumentado sustancialmente el canon por habitante que pasó de 225 euros a 369. Un informe de los expertos en Administración sanitaria de España (Sespas) señala que la "excesiva proximidad entre autoridades y concesionarios... exacerba el enorme riesgo de la captura del regulador". En otras palabras, los Gobiernos pueden dejar de cumplir su función de árbitro y convertirse en el delantero centro de los intereses privados.
¿Y en Europa? El Gobierno de Reino Unido está acelerando el proceso de privatización de la gestión de la sanidad bajo la bandera de la eficiencia. El resultado es que de momento la sanidad ha tenido un sobrecoste anual entre 1.800 y 2.400 millones de euros más que antes mientras que las intervenciones programadas se han reducido en un 10% anual, con lo cual aumentan las listas de espera. ¿Dónde está el ahorro? Con respecto a los médicos, las experiencias de gestión privada es muy evidente: a los nuevos se les paga menos y a los antiguos se les carga de trabajo con igual salario. Normalmente cuando un hospital británico pasa a gestión privada es posible que mejore aspectos superficiales pero pierde buena parte del personal de enfermería, disminuye la calidad asistencial clínica y hay indicios de que aumenta la mortalidad. Para las empresas de gestión privada todo esto no son más que daños colaterales.
La cuestión clave es cómo mejorar la gestión. Dicho objetivo no se consigue meramente por el cambio en la titularidad del gestor. Esto se logrará evaluando el centro en función de los resultados de salud y no sobre criterios economicistas. Y ello se puede hacer con fórmulas de gestión pública en las que los profesionales tengan protagonismo. El camino equivocado es prejuzgar que las concesiones administrativas a empresas privadas, sin más, garantizan una gestión más eficiente.
Rodrigo Córdoba García
Médico de familia y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza