martes, 21 octubre 2014

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Los contratos de arrendamiento serán de dos años, prorrogable otro más

Bankia aportará 1.000 viviendas al Fondo Social

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Bankia, BBVA y Caixabank aportarán 2.749 viviendas, casi el 46% de los inmuebles al Fondo Social de Viviendas, una bolsa de 6.000 pisos ofrecidos por los bancos y las cajas con la que el Gobierno pretende dar alojamiento a las personas que se hayan visto afectadas por desahucios. La entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri aportará cerca de 1.000 inmuebles; BBVA, 899, y Caixabank 850. Santander, por su parte, aportará 427, a las que hay que sumar las 143 de Banesto, 18 de Santander Consumer y 2 de Banif. Catalunya Caixa participará con 355, Banco Popular con 330, Bankinter con 100, Barclays con 142 y Sabadell con 250. Además, BMN aportará 180 viviendas, Ibercaja 105, Unicaja 100, Kutxa 150, Liberbank 96, Ontinyent 14, Caja3 14 y Pollença aportará un piso.

Mañana se firmará el convenio que supondrá el inicio de actividad del Fondo Social de Viviendas, que se justifica como consecuencia del deterioro de la situación económica y que ha desembocado en el incremento de los desahucios.

Según el convenio, los servicios sociales de ayuntamientos y diputaciones serán los que emitan, a petición de la entidad de crédito, un informe sobre la necesidad o riesgo social del solicitante de la vivienda, al objeto de priorizar entre los demandantes. El plazo para la emisión del informe será de 15 días.

La banca fijará mensualidades de entre 150 y un máximo de 400 euros, con un límite máximo del 30% de la renta total de la unidad familiar. Además, todos los gastos del inmueble, incluyendo tributos y obras de reparación, serán de cuenta del propietario, con excepción de los gastos por electricidad, agua, gas o teléfono, según consta en el convenio.

La duración del contrato de arrendamiento será de dos años, prorrogable otro año más, siempre que se considere que el beneficiario sigue cumpliendo las condiciones por las que se le concedió este alquiler. A estas viviendas podrán acceder personas que hayan sido desalojadas de su primera vivienda a partir del 1 de enero de 2008 y que, además, se encuentren en "situación especial de vulnerabilidad social", según Economía. Los bancos adheridos a este convenio podrán llegar a acuerdos de colaboración con ONG para que participen en la comisión de coordinación y seguimiento del convenio.

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